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martes, 14 de diciembre de 2010

Solo 13 municipios muestran esfuerzos por mantener la transparencia en sus gestiones

Transparencia Venezuela


“El uso apropiado de los recursos públicos requiere del cumplimiento de sistemas que ameriten transformar todas estas prácticas en acciones” manifestó Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela para explicar la importancia de que existan herramientas para evadir la corrupción y promover la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales.    

Una de las formas en las que se puede apreciar qué acciones han tomado las alcaldías para poner freno a la corrupción es a través del Índice de Transparencia de Alcaldías que, cada dos años, presenta Transparencia Venezuela a la opinión pública y donde resultan victoriosas las gestiones con mayor apego al cumplimiento de las normas y las buenas prácticas.

Este año, Transparencia Venezuela trabajó con 70 alcaldías de las cuales Chacao, Baruta, San Diego, Naguanagua, San Cristobal y Sucre (Miranda) fueron los gobiernos municipales que obtuvieron mayor puntuación ubicándose sobre los 70, 80 y 90 puntos. Solo 16 gestiones municipales estuvieron por encima de los 50 puntos. La gestión del municipio Chacao obtuvo el primer lugar, y por primera vez, se ubicó de primero en todos los procesos evaluados, seguido de las alcaldías carabobeñas San Diego y Naguanagua.
 
Hasta 2008 se habían evaluado tres procesos de gestión: Presupuesto, Contrataciones Públicas y Tramitación de Licencia de Actividades Económicas. Este año 2010 se incorporaron dos procesos más: Colocaciones Bancarias y Permiso de Construcción. Entre los avances que se evidencian este año, puede mencionarse el hecho de que cuatro alcaldías presentaron su presupuesto ciudadano para explicar, de una forma más digerible, el destino de los recursos para el municipio.  Aún cuando las alcaldías tienen un gran trabajo por delante, se vieron grandes mejoras en gestiones evaluadas anteriormente lo que muestra que se cuentan con buenas referencias en quienes apoyarse.

Asimismo, se perciben desmejoras en algunas gestiones que bajaron significativamente sus índices de transparencia en relación a años anteriores, y muy bajas ponderaciones en materia de acceso a la información pública. Se pudo evidenciar también el bajo cumplimiento en obligaciones vitales de los gobiernos locales como el seguro social, presentación de un plan operativo anual y el prepliego de contrataciones que ningún municipio del país revela.    
El índice determinó que es necesario incorporar los procesos anticorrupción en las prioridades y en el día a día de la gestión pública y que la calidad de vida de las comunidades depende de la calidad y la transparencia de la gestión municipal. Los resultados de esta evaluación sirven para identificar las mejores prácticas encontradas y compartirlas con las alcaldías en miras de perseguir el desarrollo y que disminuyan los actos de corrupción.

Establecer registros sistemáticos y estadísticos de cada proceso es una de las recomendaciones que se plantea a las gestiones que presentaron los índices más bajos, así como generar y ofrecer información actualizada, clara y completa, legislando siempre con la mayor garantía de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Se debe promover la participación ciudadana sin limitaciones y sin miedos. Se recomienda también el diseño y ejecución del presupuesto con una real participación ciudadana, la realización de las compras y contrataciones a través de concursos o procesos transparentes o a través de compras en línea.

El Gobierno Electrónico es una herramienta que coadyuva a la transparencia y  las políticas públicas deben diseñarse considerando las necesidades de la comunidad. La rendición de cuentas de calidad es otra de las recomendaciones que se presenta instando a que se realicen de forma detallada y con  indicadores de impacto. 

Resulta preocupante que más del 89% de los municipios están por debajo de los 30 puntos. Estas gestiones tienen por delante un gran reto en el manejo pulcro de los recursos para atender las necesidades vitales de sus comunidades. 
 
 

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