Juan L. Martínez
El Estado Venezolano ha proporcionado, entre 2002 y 2013, más de 91 mil millones de dólares en subsidios implícitos a
los combustibles de uso automotor.
Lamentablemente, una porción de esta inmensa cantidad de dinero ha
sido apropiada por la cadena de contrabando de combustibles; diversos estimados
y trabajos de investigación indican que cerca de un 15% del volumen de combustibles
automotores sale ilegalmente por varios puntos fronterizos.
Por otra parte, estudios en el campo estadístico y social indican que de
todo el subsidio que el Estado provee a los combustibles que se utilizan en la
actividad de transporte, escasamente un 7% llega de alguna manera al
20% de las familias más pobres, mientras que el 20% de los estratos sociales de
mayores ingresos perciben el 39% de dicho subsidio.
A todo esto se debe sumar la alta incidencia de accidentes, así como la
pérdida de capacidad de producción petrolera y de procesamiento en refinerías
que viene experimentando PDVSA desde 2003, lo cual ha derivado en la necesidad
de importar gasolina terminada y diversos componentes, así como combustible
diesel. Se estima que desde 2011 Venezuela debe importar entre 10 mil y 50 mil
barriles diarios de combustibles, que paga a precios internacionales.
De igual modo, producto de estas graves distorsiones y de la utilización
de la industria petrolera nacional con fines políticos, se observa una
preocupante falta de inversiones en la infraestructura de refinación, así como
de transporte, distribución y de expendios de combustibles.
Debido a incapacidad y corrupción política y gerencial, enmascaradas tras
la falsa tesis de que la gasolina debe seguir regalándose en beneficio del
pueblo, después de 15 años, y luego de la acumulación de una inmensa deuda interna
y externa, esta carga se le hace insostenible al gobierno, y simplemente
anuncia, dos días después de un proceso electoral
de autoridades regionales, y contrariamente a lo que aseguraron a lo
largo de este año, que la gasolina ahora si debe aumentarse de precio
debido a que PDVSA pierde mucho
dinero con este subsidio.
El planteamiento es sencillamente inaceptable debido a que después de
años de abandono y politización, los responsables de la industria
petrolera y las autoridades del gobierno no pueden simplemente trasladar su
incapacidad a los ciudadanos con la finalidad de mantener en PDVSA una
administración de carácter político, ineficiente y sin rendición de cuentas.
Antes de proceder con una medida de esta naturaleza, el gobierno debe responder a la ciudadanía varias preguntas:
1) ¿Por qué se ha permitido llevar a la industria petrolera, y al país, a
una situación económica y operativa tan precaria?
2) ¿Por qué en este momento PDVSA ya no puede seguir proporcionando
el subsidio si durante los últimos 3 años los precios de exportación de la
cesta petrolera venezolana se mantienen en el orden de 100 dólares por barril?
3) ¿Por qué se ha permitido, bajo el conocimiento de las autoridades,
una actividad de contrabando de extracción cada vez más desarrollada?
4) ¿Cómo se va a garantizar que una medida de ajuste de precios no va a
afectar a los usuarios del transporte público y no va a generar aumentos de
precios generalizados en bienes y servicios?
5) ¿Por qué no se han concretado sistemas alternativos de transporte
masivo que puedan proveer opciones reales y eficientes a la ciudadanía?
6) ¿Cómo se va a beneficiar el pueblo con este ajuste en los precios de
los combustibles? ¿Qué va a hacer PDVSA y el Estado con los ingresos
adicionales? ¿Cómo se va a compensar a las familias de menores recursos?
7) ¿Por
qué el ministro-presidente de PDVSA, y vice-presidente para el
área económica, asegura que el costo de producción de la gasolina es
equivalente a más de 28 veces el precio al cual se vende al público?
Esto equivale
a casi 70 dólares por barril; 3 veces el costo que ha venido reportando
el Ministerio de Petróleo y Minería para la cesta de combustibles que se
suministra al mercado interno.
8) ¿Acaso PDVSA aspira a que el pueblo subsidie las compras de combustibles
en el exterior debido a su pérdida de capacidad de producción y de refinación?
9) ¿Por qué, si el problema es de recursos financieros, no se suspenden de
igual modo los negocios políticos internacionales que en materia petrolera hoy
acarrean pérdidas por más de 8 mil millones de dólares anuales a PDVSA?
Ante la situación a la cual ha llegado la industria petrolera, este
planteamiento de aumento improvisado de precios de la gasolina ameritaría la destitución del
ministro-presidente de PDVSA, así como de todo el directorio, tanto de PDVSA
como del Ministerio de Petróleo y Minería.
Nuevamente, es momento que los órganos fiscalizadores del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría y la Asamblea Nacional, entre otros, asuman su rol y comiencen a hacer su trabajo en beneficio del interés de los ciudadanos
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