Hoy hablaremos de reconciliación. Hay dos ejemplos de sociedades que superaron exclusión, divisiones y violencia mediante la reconciliación entre todos sus sectores: Perú y Sudáfrica. No nos dejaron un modelo exacto para nuestro necesario proceso de reconciliación, pero destacan entre sus conceptos básicos lecciones útiles para Venezuela. Veamos. La reconciliación se hace difícil si no hay un proceso-mecanismo para descubrir la verdad de lo ocurrido. La evaluación del daño causado debe diferenciarse desde la acción directa hasta la complicidad silenciosa. Si la verdad es una condición previa, la justicia es su resultado. La justicia es también reparadora de los daños a personas e instituciones. La reconciliación tiene tres niveles: el político (Estado, partidos políticos y las Fuerzas Armadas), el social (entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil) y el intrapersonal (entre los miembros de comunidades e instituciones que se vieron enfrentadas).
La reconciliación contempla también legitimidad de las nuevas instituciones, capacidad de crear relaciones positivas y cívicas dentro de diferentes grupos. Desarrollo humano sostenible. Bienestar socioeconómico. Seguridad física. Democracia participativa. Respeto a los derechos humanos. No discriminación de las minorías. Buen gobierno. Promover ciudadanos democráticos. Atención a sectores vulnerables. Hasta aquí definiciones y políticas sobre la reconciliación extraídas de las Comisiones de la Verdad del Perú y Sudáfrica. Cuando a Venezuela llegue un nuevo gobierno, éste no tendrá que administrar los grados de violación de los derechos humanos que se dieron en los dos países mencionados. No obstante, ha habido violaciones selectivas, corrupción, abuso de poder, la lista Tascón, el despido de los petroleros, la perversión del sistema de justicia, desde sentencias amañadas para favorecer al sector oficial hasta la construcción inmoral de expedientes para castigar a los disidentes. Siembra de odio entre grupos sociales, creación de una nueva exclusión, destrucción de la economía, confiscación ilegal de propiedades privadas.
Un nuevo gobierno tendrá que decidir la mejor forma de aplicar justicia desde la condena formal hasta la moral. Para ello, se debe crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con representación del chavismo, no con sentido de revancha pero si para identificar a los culpables y analizar los aspectos sociales que hicieron posible los desmanes. “Si se lleva a cabo la reconciliación del país y la reconstrucción social, pero no se resuelven los conflictos subyacentes estos perdurarán como una herida superficialmente curada que puede abrirse de nuevo ante un cambio de circunstancia” (J. Lederach). En todo proceso de reconciliación se suscita el dilema entre, por un lado, la persecución y el castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, por el otro, la amnistía y el olvido.
Sin embargo, si no se establecen responsabilidades y estas quedan impunes será difícil implantar normas que desestimulen su repetición en el futuro. Pero, estas responsabilidades no pueden asignarse irresponsablemente. No debemos cobrarle al pueblo chavista, las conductas de algunos de sus líderes que deberán responder por sus desmanes, lo cual no impedirá abrir un amplio proceso de reconciliación. El país tiene que reconstruirse y para ello se necesitará el concurso de todos. Hay que regresar a una sola y feliz Venezuela. Sin exclusiones. Sin persecuciones. ¡No más de lo mismo!
La reconciliación contempla también legitimidad de las nuevas instituciones, capacidad de crear relaciones positivas y cívicas dentro de diferentes grupos. Desarrollo humano sostenible. Bienestar socioeconómico. Seguridad física. Democracia participativa. Respeto a los derechos humanos. No discriminación de las minorías. Buen gobierno. Promover ciudadanos democráticos. Atención a sectores vulnerables. Hasta aquí definiciones y políticas sobre la reconciliación extraídas de las Comisiones de la Verdad del Perú y Sudáfrica. Cuando a Venezuela llegue un nuevo gobierno, éste no tendrá que administrar los grados de violación de los derechos humanos que se dieron en los dos países mencionados. No obstante, ha habido violaciones selectivas, corrupción, abuso de poder, la lista Tascón, el despido de los petroleros, la perversión del sistema de justicia, desde sentencias amañadas para favorecer al sector oficial hasta la construcción inmoral de expedientes para castigar a los disidentes. Siembra de odio entre grupos sociales, creación de una nueva exclusión, destrucción de la economía, confiscación ilegal de propiedades privadas.
Un nuevo gobierno tendrá que decidir la mejor forma de aplicar justicia desde la condena formal hasta la moral. Para ello, se debe crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con representación del chavismo, no con sentido de revancha pero si para identificar a los culpables y analizar los aspectos sociales que hicieron posible los desmanes. “Si se lleva a cabo la reconciliación del país y la reconstrucción social, pero no se resuelven los conflictos subyacentes estos perdurarán como una herida superficialmente curada que puede abrirse de nuevo ante un cambio de circunstancia” (J. Lederach). En todo proceso de reconciliación se suscita el dilema entre, por un lado, la persecución y el castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, por el otro, la amnistía y el olvido.
Sin embargo, si no se establecen responsabilidades y estas quedan impunes será difícil implantar normas que desestimulen su repetición en el futuro. Pero, estas responsabilidades no pueden asignarse irresponsablemente. No debemos cobrarle al pueblo chavista, las conductas de algunos de sus líderes que deberán responder por sus desmanes, lo cual no impedirá abrir un amplio proceso de reconciliación. El país tiene que reconstruirse y para ello se necesitará el concurso de todos. Hay que regresar a una sola y feliz Venezuela. Sin exclusiones. Sin persecuciones. ¡No más de lo mismo!
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