Se puso de moda otra vez. Después de varios años de distorsión estamos
descubriendo que con lo que cuesta un litro de agua mineral, hoy puede llenarse
un tanque de gasolina.
Los precios de la gasolina y del diesel automotor permanecen congelados
desde 1996. Desde hace años son los más baratos del mundo.
Con la devaluación del bolívar, anunciada el pasado 8 de febrero,
pasaron a ser aun más baratos.
Lo
que menos se sabe es cuál es el costo de esta absurda política para
el país, no sólo en dinero o en lo que se denomina subsidio, sino lo que
esto representa en el aumento de fenómenos como el contrabando de
extracción, el crecimiento del parque automotor y su uso ineficiente,
los niveles
de contaminación que se están generando, y la injusta distribución de
renta,
que más favorece a los sectores sociales de mayores ingresos.
En
2011, el costo del subsidio de estos combustibles fue más de 14 mil
millones
de dólares respecto a la oportunidad de exportación, y más de 3 mil
millones de
dólares respecto a los costos de su producción, distribución y
comercialización. Una parte pasa a los bolsillos de los contrabandistas y
cerca
del 40% se traslada para el beneficio, en forma de gasolina casi
regalada, al
20% de los núcleos familiares de mayores ingresos, sin contar la porción
de
renta que se traslada a los agentes ligados a las actividades de
transporte
público y de carga, los cuales hacen uso de combustible barato para
operar sin
esmerarse en demasía en cuanto a la eficiencia y la calidad de sus
servicios.
El 20% de las familias de menores ingresos, que agrupan cerca del 30% de
la
población de menores recursos, los más pobres, perciben únicamente un 7%
de la
renta que se traslada por medio de este subsidio implícito.
Al igual que se plantea el problema, también es importante que se
planteen soluciones. Solución no es simplemente hacerle un ajuste al precio de
la gasolina, o como está haciendo el gobierno actualmente, racionarla
en las zonas fronterizas. Una solución verdadera debe atacar todas las aristas
del problema: contrabando, uso ineficiente, inequidad en cuanto a la distribución
de renta, y la falta de inversión que se está registrando en refinerías, en sistemas
de transporte, sistemas de distribución y en la red de estaciones de servicio.
Los combustibles automotores deben ajustar su precio, de manera inmediata, en
más de 1000% para cubrir los costos de la actividad, y ajustarse
seguidamente
hasta alcanzar un precio lo suficientemente adecuado para acabar con los
incentivos al contrabando y al despilfarro, para hacer despegar el tan
valioso proyecto de Gas Natural Vehicular (GNV) y hacer viable la oferta
rentable de
otras opciones de vehículos como los híbridos y los eléctricos.
El potencial efecto inflacionario es uno de los argumentos que se
utilizan para diferir estas medidas. El efecto de cualquier ajuste de precios, en los
costos de la actividad de transporte, es mucho menor al que se trata de
transmitir con la intención de persuadir a los que intentan abrir esta importante discusión. Hoy por hoy, el precio
del combustible representa un porcentaje marginal en la estructura de costos
del transporte público y de carga. Cálculos muy sencillos demuestran que un
ajuste promedio de 1000% en los precios, generaría un aumento menor del 15% en
los costos de los transportistas.
La
renta que se genera de los ajustes propuestos puede, en principio,
destinarse a subsidiar un transporte público más eficiente y de mayor
calidad,
a reforzar programas como el pasaje estudiantil, e invertirse en
carreteras y
nuevos sistemas de transporte masivo. Pero el gobierno, de antemano, sin
ajustar los precios de los combustibles, ya dispone de recursos de sobra
para
todo esto. El problema es su ineficacia e incapacidad. Por lo tanto, en
lugar
de quedarse con la renta producto del ajuste de precios a los
combustibles,
se debe plantear una distribución directa de la misma a los sectores de
la
sociedad de menores recursos. Además de ser ésta una justa medida, la
hace mucho más digerible. Cualquier ajuste, por pequeño que sea, sin una
contraprestación clara e inmediata en materia de beneficios a la
sociedad, será objeto de rechazo.
Los
cálculos combinados con la estadística socio económica venezolana
determinan que con estos recursos, pueden proveerse compensaciones
económicas a más del 70% de las familias. Con los montos recaudados por
la
venta de combustibles pueden cubrirse todos los costos de la actividad y
compensar suficientemente el impacto inflacionario que la medida pudiera
causar. Esto, junto con un adecuado manejo informativo y la puesta a
punto de
los sistemas de GNV, facilitarían la toma de una decisión definitiva y
una
solución estructural.
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