Navegacion

miércoles, 20 de febrero de 2013

Precio de la gasolina: tabú cada vez más costoso

Juan L. Martínez

Se puso de moda otra vez. Después de varios años de distorsión estamos descubriendo que con lo que cuesta un litro de agua mineral, hoy puede llenarse un tanque de gasolina.

Los precios de la gasolina y del diesel automotor permanecen congelados desde 1996. Desde hace años son los más baratos del mundo.

Con la devaluación del bolívar, anunciada el pasado 8 de febrero, pasaron a ser aun más baratos.

Lo que menos se sabe es cuál es el costo de esta absurda política para el país, no sólo en dinero o en lo que se denomina subsidio, sino lo que esto representa en el aumento de fenómenos como el contrabando de extracción, el crecimiento del parque automotor y su uso ineficiente, los niveles de contaminación que se están generando, y la injusta distribución de renta, que más favorece a los sectores sociales de mayores ingresos.


En 2011, el costo del subsidio de estos combustibles fue más de 14 mil millones de dólares respecto a la oportunidad de exportación, y más de 3 mil millones de dólares respecto a los costos de su producción, distribución y comercialización. Una parte pasa a los bolsillos de los contrabandistas y cerca del 40% se traslada para el beneficio, en forma de gasolina casi regalada, al 20% de los núcleos familiares de mayores ingresos, sin contar la porción de renta que se traslada a los agentes ligados a las actividades de transporte público y de carga, los cuales hacen uso de combustible barato para operar sin esmerarse en demasía en cuanto a la eficiencia y la calidad de sus servicios. El 20% de las familias de menores ingresos, que agrupan cerca del 30% de la población de menores recursos, los más pobres, perciben únicamente un 7% de la renta que se traslada por medio de este subsidio implícito.

Al igual que se plantea el problema, también es importante que se planteen soluciones. Solución no es simplemente hacerle un ajuste al precio de la gasolina, o como está haciendo el gobierno actualmente, racionarla en las zonas fronterizas. Una solución verdadera debe atacar todas las aristas del problema: contrabando, uso ineficiente, inequidad en cuanto a la distribución de renta, y la falta de inversión que se está registrando en refinerías, en sistemas de transporte, sistemas de distribución y  en la red de estaciones de servicio.

Los combustibles automotores deben ajustar su precio, de manera inmediata, en más de 1000% para cubrir los costos de la actividad, y ajustarse seguidamente hasta alcanzar un precio lo suficientemente adecuado para acabar con los incentivos al contrabando y al despilfarro, para hacer despegar el tan valioso proyecto de Gas Natural Vehicular (GNV) y hacer viable la oferta rentable de otras opciones de vehículos como los híbridos y los eléctricos.

El potencial efecto inflacionario es uno de los argumentos que se utilizan para diferir estas medidas. El efecto de cualquier ajuste de precios, en los costos de la actividad de transporte, es mucho menor al que se trata de transmitir con la intención de persuadir a los que intentan abrir esta importante discusión. Hoy por hoy, el precio del combustible representa un porcentaje marginal en la estructura de costos del transporte público y de carga. Cálculos muy sencillos demuestran que un ajuste promedio de 1000% en los precios, generaría un aumento menor del 15% en los costos de los transportistas.

La renta que se genera de los ajustes propuestos puede, en principio, destinarse a subsidiar un transporte público más eficiente y de mayor calidad, a reforzar programas como el pasaje estudiantil, e invertirse en carreteras y nuevos sistemas de transporte masivo. Pero el gobierno, de antemano, sin ajustar los precios de los combustibles, ya dispone de recursos de sobra para todo esto. El problema es su ineficacia e incapacidad. Por lo tanto, en lugar de quedarse con la renta producto del ajuste de precios a los combustibles, se debe plantear una distribución directa de la misma a los sectores de la sociedad de menores recursos. Además de ser ésta una justa medida, la hace mucho más digerible. Cualquier ajuste, por pequeño que sea, sin una contraprestación clara e inmediata en materia de beneficios a la sociedad, será objeto de rechazo.

Los cálculos combinados con la estadística socio económica venezolana determinan que con estos recursos, pueden proveerse compensaciones económicas a más del 70% de las familias. Con los montos recaudados por la venta de combustibles pueden cubrirse todos los costos de la actividad y compensar suficientemente el impacto inflacionario que la medida pudiera causar. Esto, junto con un adecuado manejo informativo y la puesta a punto de los sistemas de GNV, facilitarían la toma de una decisión definitiva y una solución estructural.

0 comentarios: