Orlando Ochoa
Mientras
los asuntos políticos y la salud del presidente Chávez envuelven el interés
nacional e internacional sobre Venezuela, dos historias en paralelo que afectan
la gobernabilidad avanzan: Primero, las graves dificultades económicas del país
para enfrentar la falta de suministro de divisas, la presión alcista sobre la
cotización de las divisas y la consecuente inflación y escasez. Segundo, los
severos problemas financieros de PDVSA.
La
petrolera estatal produjo en 2012, según el seguimiento de empresas
internacionales, 2.7 millones b/d de crudo, más 100.000 b/d de
condensados. Una cifra inferior a los 3.5 millones de b/d que señalaba Rafael
Ramírez que se iba a alcanzar en 2012. Las exportaciones fueron de
2.060.000 b/d, la cuales al precio promedio de la canasta venezolana de 2012 de
$103,42 el barril, lleva a estimar los ingresos por exportación en $77.760
millones, muy por debajo de los $92.233 millones que indica el BCV en su Informe
de fin de año.
Por otra parte, con el declive continuado de las refinerías por
falta de mantenimiento y experticia, las importaciones en 2012 de derivados
fueron 151.000 b/d y las de crudo 25.000b/d; a un costo total estimado de
$7.500millones. Esta cifra de importaciones de productos y crudo, en nuestra
actividad económica dominante, es ahora más del doble de las exportaciones no
petroleras reducidas a $3.719mills en 2012, a pesar del Plan Socialista de
“desarrollo endógeno”. En realidad la decadencia de PDVSA, al igual que de las
empresas básicas de Guayana y las 1.200 empresas estatizadas, tiene como causa
la política socialista del siglo XXI.
El
problema de PDVSA no termina ahí, que ya sería bastante. Al pagar con
petróleo los prestamos chinos que recibe el Gobierno de Chávez (su único
accionista), además de financiar la factura y acumular cuentas por cobrar
de Petrocaribe, sus exportaciones netas se reducen en 25%; y su flujo de caja ya
menguado, transfiere otro 25-30% a Fondos extra-presupuestarios de Gobierno.
Luego, es incapaz de pagar a proveedores y beneficios a trabajadores, mientras
entrega pagarés al Tesoro Nacional; este ente los hace efectivo en el BCV de
Merentes, imprimiendo dinero-basura (equivalentes a $38.000 millones) que
alimenta la liquidez monetaria, la inflación y la presión en el mercado
cambiario. El país paga las consecuencias.
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