Alberto Quiros Corradi
Hoy hablaremos sobre derechos humanos.
Venezuela es ahora un campo abierto para la violación de los derechos humanos. La inseguridad ciudadana representa la mayor manifestación visible del desprecio que tiene Chávez por la vida. En once años de gobierno y, ante unas estadísticas de criminalidad inaceptables, no ha habido reacción ni indignación presidencial, dando pie a que subalternos se atrevan a burlarse en televisión de esta tragedia nacional. La violación de los derechos humanos es institucional. El poder judicial garante de la aplicación de las leyes, como todos los otros poderes públicos, está subordinado al capricho presidencial. Los jueces son nombrados por su identificación con el régimen y despedidos sumariamente cuando sus decisiones no favorecen a la “revolución”. La juez Afiuni ha sido encarcelada por órdenes públicas y directas del Presidente. No se respeta el debido proceso, se violan los plazos para dictar sentencia y se demora su publicación para retrasar el derecho de apelación. Se detiene arbitrariamente a quienes opinen en forma diferente al pensamiento único. Cuando se decretó una amnistía colectiva ésta se aplicó en forma selectiva beneficiando a algunos y excluyendo a otros (caso de los comisarios). Los centros de reclusión son un infierno donde se violan todos los derechos de los presos. Se confisca ilegalmente la propiedad privada. Hay, también, violaciones indirectas: La corrupción y las entregas de recursos a otros países, son prácticas que sustraen del flujo financiero nacional recursos que servirían para combatir la pobreza y financiar proyectos de interés social. El régimen ha ignorado decisiones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el caso Forero y Vivas violó descaradamente el derecho de asilo al presionar al gobierno de El Salvador para que los entregara, irrespetando el principio de la “no devolución” del asilado. Sobre esto Marco Tulio Bruni Celli ha escrito un libro de indispensable lectura (El Caso Vivas-Forero. Libros de El Nacional) sobre el derecho de asilo y mucho más.
Cuando emerja un nuevo gobierno sugiero: Nombramiento de un poder judicial autónomo, estableciendo condiciones mínimas para poder optar a los diferentes niveles de la judicatura, estableciendo la meritocracia y la figura del juez electo popularmente por circunscripciones geográficas, con la excepción de los jueces superiores a designar por la Dirección Ejecutiva de la Judicatura y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que serán nombrados por la Asamblea Nacional, que también designará al Fiscal, al Contralor y a los rectores del CNE, seleccionados de listas de candidatos propuestos por instituciones de la sociedad civil (a determinar). Elegir por voluntad popular al Defensor del Pueblo y darle autonomía plena para actuar en defensa de los ciudadanos y no, como hoy, en defensa del régimen. Estimular y proteger a las ONG cuyo objetivo principal sea la defensa de los derechos humanos. Actuar decididamente ante las instituciones internacionales a fin de que se apliquen sanciones a los países violadores de los derechos humanos, desde las de tipo económico hasta la de una intervención armada cuando los excesos lo ameriten. Luchar por ampliar el número de delitos contra los derechos humanos que pueda conocer la Corte Penal Internacional.
Promover públicamente los derechos humanos y hacerlos materia obligatoria del pensum escolar. Convertir a cada ciudadano en defensor de esos derechos y en activista potencial de esa causa.
¡No más de lo mismo!
Hoy hablaremos sobre derechos humanos.
Venezuela es ahora un campo abierto para la violación de los derechos humanos. La inseguridad ciudadana representa la mayor manifestación visible del desprecio que tiene Chávez por la vida. En once años de gobierno y, ante unas estadísticas de criminalidad inaceptables, no ha habido reacción ni indignación presidencial, dando pie a que subalternos se atrevan a burlarse en televisión de esta tragedia nacional. La violación de los derechos humanos es institucional. El poder judicial garante de la aplicación de las leyes, como todos los otros poderes públicos, está subordinado al capricho presidencial. Los jueces son nombrados por su identificación con el régimen y despedidos sumariamente cuando sus decisiones no favorecen a la “revolución”. La juez Afiuni ha sido encarcelada por órdenes públicas y directas del Presidente. No se respeta el debido proceso, se violan los plazos para dictar sentencia y se demora su publicación para retrasar el derecho de apelación. Se detiene arbitrariamente a quienes opinen en forma diferente al pensamiento único. Cuando se decretó una amnistía colectiva ésta se aplicó en forma selectiva beneficiando a algunos y excluyendo a otros (caso de los comisarios). Los centros de reclusión son un infierno donde se violan todos los derechos de los presos. Se confisca ilegalmente la propiedad privada. Hay, también, violaciones indirectas: La corrupción y las entregas de recursos a otros países, son prácticas que sustraen del flujo financiero nacional recursos que servirían para combatir la pobreza y financiar proyectos de interés social. El régimen ha ignorado decisiones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el caso Forero y Vivas violó descaradamente el derecho de asilo al presionar al gobierno de El Salvador para que los entregara, irrespetando el principio de la “no devolución” del asilado. Sobre esto Marco Tulio Bruni Celli ha escrito un libro de indispensable lectura (El Caso Vivas-Forero. Libros de El Nacional) sobre el derecho de asilo y mucho más.
Cuando emerja un nuevo gobierno sugiero: Nombramiento de un poder judicial autónomo, estableciendo condiciones mínimas para poder optar a los diferentes niveles de la judicatura, estableciendo la meritocracia y la figura del juez electo popularmente por circunscripciones geográficas, con la excepción de los jueces superiores a designar por la Dirección Ejecutiva de la Judicatura y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que serán nombrados por la Asamblea Nacional, que también designará al Fiscal, al Contralor y a los rectores del CNE, seleccionados de listas de candidatos propuestos por instituciones de la sociedad civil (a determinar). Elegir por voluntad popular al Defensor del Pueblo y darle autonomía plena para actuar en defensa de los ciudadanos y no, como hoy, en defensa del régimen. Estimular y proteger a las ONG cuyo objetivo principal sea la defensa de los derechos humanos. Actuar decididamente ante las instituciones internacionales a fin de que se apliquen sanciones a los países violadores de los derechos humanos, desde las de tipo económico hasta la de una intervención armada cuando los excesos lo ameriten. Luchar por ampliar el número de delitos contra los derechos humanos que pueda conocer la Corte Penal Internacional.
Promover públicamente los derechos humanos y hacerlos materia obligatoria del pensum escolar. Convertir a cada ciudadano en defensor de esos derechos y en activista potencial de esa causa.
¡No más de lo mismo!
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