Jacques Vergé, defensor de Chávez en La Haya

La “revolución” bolivariana busca los servicios del anciano penalista francés, especializado en defender terroristas sanguinarios, para hacerle frente a la acusación presentada por el abogado del ex presidente Alvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional Por: Santiago Alcalá

---

Como era de prever: Chávez fue acusado por el gobierno de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional. Una jugada de laboratorio de sus archirivales Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En el “dramatis personae”, esta vez, le correspondió a Uribe representar el papel de villano mientras que a Santos, su sucesor, el de “yo no fui” que dirá que tiene que lidiar con un embrollo judicial heredado. Habrá que ser bien ingenuo, por no decir una palabra más gruesa, para creer que fue una decisión unilateral del ahora ex Presidente, en la que Santos no tuvo una participación activa y determinante.

Expertos en la materia, en particular dos distinguidos juristas que intervinieron en la discusión, firma y ratificación por parte de Venezuela, del Tratado internacional sobre la Corte Penal Internacional nos confiaron detalles importantes, de la situación procedimental que tendrá que enfrentar Chávez en los próximos meses. Las compartimos con ustedes.

LA DEMANDA ANTE LA CIDH ES CONTRA EL ESTADO VENEZOLANO Y PUEDE NEGOCIARSE La acción consignada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Jaime Granados, abogado y hombre de confianza de Álvaro Uribe, tiene características propias. En primer lugar, los demandantes son varios ciudadanos colombianos, víctimas de los desmanes de las FARC y del ELN. Se trata de una acción resarcitoria. Los reclamantes aducen que la protección y colaboración de la República de Venezuela con las fuerzas guerrilleras se les ha traducido en lesiones patrimoniales. Granados se ha reservado la identidad de las pretendidas víctimas.

Es un mecanismo usual en este tipo de actuaciones, hasta tanto la mencionada Comisión no dicte medidas de protección a favor de los demandantes que, también, fueron requeridas en el alegato. Como es una reclamación dineraria, es disponible. Es decir que, como nos lo detallan nuestros amigos especialistas, en cualquier momento las víctimas pueden retirar su reclamación o celebrar con el Estado venezolano un arreglo o transacción, que le ponga fin al pleito. En caso de negativa de Venezuela a llegar a un trato, entonces entran en funcionamiento los mecanismos de decisión de controversias.

En una primera etapa a cargo de la mencionada Comisión de DD HH, que funciona en Washington y en una fase posterior se produciría una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que despacha en San José de Costa Rica. De resultarle adversa la decisión, Venezuela quedará obligada a pagarles a las víctimas daños y perjuicios.

LA ACUSACIÓN ANTE LA CORTE DE LA HAYA ES PERSONAL CONTRA CHÁVEZ Y NO ES NEGOCIABLE Al contrario de la interpuesta ante el sistema Interamericano de tutela de derechos humanos, la acusación presentada por el abogado Granados ante la Corte Penal Internacional, CPI es, personal contra Hugo Rafael Chávez Frías. Dado que a este último se le imputan delitos de guerra y de lesa humanidad no es una reclamación transigible.

Es decir, que mañana no puede viajar, Juan Manuel Santos, a La Haya y decir, que bueno, que como ante, él, intercedió “el hermano” Lula que es muy lambiscón o que el no menos “hermano” y no menos lambiscón, Néstor Kirchner, está de acuerdo en “repartir la cochina” o “la mascada” que le quedó de los alimentos podridos enviados a Venezuela, que dejen las cosas de ese tamaño. El asunto se podrá demorar, más o menos tiempo, pero tanto el Fiscal como la CPI tendrán que culminar con un pronunciamiento expreso. Absolutorio o condenatorio de Hugo Chávez aunque a causa de la verdadera avalancha de pruebas incriminatorias todo parece apuntar hacia esto último (Mensaje para los militarotes que lo alcahetean: que pongan sus barbas en remojo, porque nadie en su sano juicio va a creer que saldrán libres de colaboración con el narcoterrorismo).

PROBABLE ORDEN DE DETENCIÓN Y ENTREGA “PREVENTIVA” DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS El Estatuto de la CPI, es terminante. Ante la Corte no aplican las denominadas inmunidades por razón del cargo. Vale decir, al contrario de otras jurisdicciones, la CPI puede librar orden de detención y de entrega provisional contra un jefe de Estado en ejercicio. Ahí está el precedente de Omar Al Bashir, presidente de Sudan para atestiguarlo. Prosiguen los gentiles especialistas que nos dieron información para el presente trabajo: no hay que esperar a que se dicte un fallo definitivo y firme para una eventual orden de la captura y entrega contra los perpetradores de delitos atroces. Esto hay que puntualizarlo bien.

El Estatuto de la CPI (Corte Internacional penal) establece que a solicitud del Fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI puede proceder al decreto provisional de tales medidas. Basta, por ejemplo, que exista peligro de desacato del imputado a los fallos de la CPI o el peligro que este último siga cometiendo los crímenes por los que se le acusa. En el caso de Hugo Rafael Chávez Frías, por lo menos, concurre el primero de tales supuestos.

Por la boca –o bemba- muere el pez, porque cuando invitó a su “pana” Al Bashir a visitar Venezuela, expresó en medio de su coprolalia que a él, es decir a Chávez, le importaba un cipote que contra su colega de Sudán, pesara una requisitoria de CPI, pues esta última era una instancia burguesa al servicio del Imperialismo yanqui. Si esto no es una prueba de la voluntad de desacatar las resoluciones de la CPI, que venga alguien y nos lo diga.

¿Y CUÁLES SON LAS EVIDENCIAS CONTRA CHÁVEZ? Nos apuntaban nuestros amigos especialistas, en la terminología característica de los abogados, que las evidencias incriminatorias son “plurales y concordantes” contra Chávez. A saber: las de la computadora de Raúl Reyes, las sustanciadas por el juez Eloy Velazco de la Audiencia Nacional de España, las consignadas en el Consejo de Seguridad por el embajador colombiano ante la OEA. Esto es, profusa mensajería electrónica cruzada entre los compinches de Chávez, testimonios de desmovilizados de las FARC de ELN y de la ETA, fotografías satelitales y fotografías tomadas en los campamentos enclavados en Venezuela y, por supuesto, la llamada “prueba reina”. Nos referimos a las confesiones del propio Chávez, laudatorias y muy incriminatorias de su amistad, camaradería y “compinchismo” con “Tirofijo”, “Pablito”, el propio “Raúl Reyes, Iván Márquez, Timoleón Jiménez y demás capos y bichos de uña de dichas agrupaciones terroristas. No hay que seguir investigando demasiado.

El primer campamento de las FARC y el ELN, enclavado en Venezuela, se encuentra en Miraflores. LOS SERVICIOS DE JACQUES VERGÉ Ya Miraflores se prepara para lo que espera al presidente venezolano en La haya. ¿Chávez se va a buscar al ex fiscal Isaías Rodríguez, al ex magistrado Carlos Escarrá o le va a pedir a la “jurista” Luisa Estela que renuncie al TSJ para que lo defienda? ¡Ni pendejo que fuese! Nos reportan desde París, que ya el embajador venezolano en esa ciudad hace gestiones por contar con los servicios de Jacques Vergé, anciano comunista anticolonialista, especializado en defender terroristas sanguinarios. Es que a tal cliente, tal abogado.