Alberto Quiros Corradi
Con este artículo continúo la serie de las ofertas sobre políticas públicas que debe hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Hoy hablaremos sobre las relaciones obrero-patronales.
Este régimen ha intentado destruir al movimiento sindical. Desconocido a sus instituciones. Negado la representatividad ganada por muchos años de presencia ante organizaciones internacionales como la OIT. Creado sindicato-patronales oficialistas y estimulado otras formas de organización laboral para integrarlos a una ideología que subordina los derechos de los trabajadores a la prioridad de un supuesto bienestar colectivo. Se niega la discusión de nuevos contratos colectivos. Se despide por razones políticas al personal de empresas y organismo del Estado y, algo muy grave, se desestimulan las inversiones en el sector privado negando la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este régimen no solo es enemigo del movimiento laboral sino también del sector empresarial. Es inexplicable que ante esta realidad inocultable los dos sectores no se hayan sentado a diseñar una estrategia para evitar su deceso. Porque ni el movimiento obrero ni el sector privado tienen la menor oportunidad de sobrevivir si continúan mirándose el uno al otro como si estuvieran en el siglo XX. La relación obrero patronal tiene que otear al futuro con visión de cambio. Ni pasividad ante el régimen ni intentar revivir un pasado que ya no puede ni debe regresar.
Sugiero: – Crear redes interactivas entre empresas que refuercen sus debilidades. Optimizar el uso del capital y extraerle el máximo beneficio. Reconocer, por parte del entorno político, la importancia de la propiedad documentada. Hacer realidad el sueño de Hernando de Soto y convertir a la marginalidad en propietaria.
En lo posible hay que convertir al trabajador en accionista. En las empresas del Estado colocar 20% de sus acciones en un fideicomiso de los trabajadores. En las empresas privadas diseñar diferentes modalidades de participación. En la administración pública crear un cuerpo profesional que administre las políticas de diferentes gobiernos sin temor a ser despedidos. Desarrollar un mercado de capitales. Esto permitirá la creación de fondos mutuales que le darán al trabajador la oportunidad de tener un interés real en sectores que van mucho más allá de las actividades de sus empresas. Hay que crear un marco normativo flexible en materia laboral. Se deberá reconocer el derecho de todo ciudadano al trabajo y eliminar de la legislación el derecho patronal, mediante pena pecuniaria, al despido de sus trabajadores sin causa justificada. Se deberá crear una sala laboral permanente de arbitraje que decidirá sobre el derecho y la facultad de despedir que mantiene el patrono en casos especiales. La normativa legal se limitará al establecimiento de las condiciones mínimas e imprescindibles para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva será el instrumento regulador de esas relaciones. A su vez ésta también se simplificará al pasar los trabajadores en casi todas las empresas a la condición de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se simplificará cuando la gerencia y los trabajadores se encuentren en las asambleas de accionistas.
Todo lo anterior, que hace unos años parecería una utopía irrealizable, habrá que convertirla en realidad cuando termine esta pesadilla. Mientras tanto, el capital y el trabajo tienen que entender que o se unen o perecen.
¡No más de lo mismo!
Con este artículo continúo la serie de las ofertas sobre políticas públicas que debe hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Hoy hablaremos sobre las relaciones obrero-patronales.
Este régimen ha intentado destruir al movimiento sindical. Desconocido a sus instituciones. Negado la representatividad ganada por muchos años de presencia ante organizaciones internacionales como la OIT. Creado sindicato-patronales oficialistas y estimulado otras formas de organización laboral para integrarlos a una ideología que subordina los derechos de los trabajadores a la prioridad de un supuesto bienestar colectivo. Se niega la discusión de nuevos contratos colectivos. Se despide por razones políticas al personal de empresas y organismo del Estado y, algo muy grave, se desestimulan las inversiones en el sector privado negando la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este régimen no solo es enemigo del movimiento laboral sino también del sector empresarial. Es inexplicable que ante esta realidad inocultable los dos sectores no se hayan sentado a diseñar una estrategia para evitar su deceso. Porque ni el movimiento obrero ni el sector privado tienen la menor oportunidad de sobrevivir si continúan mirándose el uno al otro como si estuvieran en el siglo XX. La relación obrero patronal tiene que otear al futuro con visión de cambio. Ni pasividad ante el régimen ni intentar revivir un pasado que ya no puede ni debe regresar.
Sugiero: – Crear redes interactivas entre empresas que refuercen sus debilidades. Optimizar el uso del capital y extraerle el máximo beneficio. Reconocer, por parte del entorno político, la importancia de la propiedad documentada. Hacer realidad el sueño de Hernando de Soto y convertir a la marginalidad en propietaria.
En lo posible hay que convertir al trabajador en accionista. En las empresas del Estado colocar 20% de sus acciones en un fideicomiso de los trabajadores. En las empresas privadas diseñar diferentes modalidades de participación. En la administración pública crear un cuerpo profesional que administre las políticas de diferentes gobiernos sin temor a ser despedidos. Desarrollar un mercado de capitales. Esto permitirá la creación de fondos mutuales que le darán al trabajador la oportunidad de tener un interés real en sectores que van mucho más allá de las actividades de sus empresas. Hay que crear un marco normativo flexible en materia laboral. Se deberá reconocer el derecho de todo ciudadano al trabajo y eliminar de la legislación el derecho patronal, mediante pena pecuniaria, al despido de sus trabajadores sin causa justificada. Se deberá crear una sala laboral permanente de arbitraje que decidirá sobre el derecho y la facultad de despedir que mantiene el patrono en casos especiales. La normativa legal se limitará al establecimiento de las condiciones mínimas e imprescindibles para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva será el instrumento regulador de esas relaciones. A su vez ésta también se simplificará al pasar los trabajadores en casi todas las empresas a la condición de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se simplificará cuando la gerencia y los trabajadores se encuentren en las asambleas de accionistas.
Todo lo anterior, que hace unos años parecería una utopía irrealizable, habrá que convertirla en realidad cuando termine esta pesadilla. Mientras tanto, el capital y el trabajo tienen que entender que o se unen o perecen.
¡No más de lo mismo!
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