Ni tememos, ni debemos

EDDIE A. RAMÍREZ S

Nuevamente la  Pdvsa roja arremete en contra de los trabajadores ilegalmente despedidos a raíz del paro cívico del 2 de diciembre de 2002.  No fueron suficientes los despidos y exposición al escario público, la agresión de la Guardia Nacional,  propiciada por la empresa,  a niños, ancianos y mujeres  que dormían en el Campo de Los Semerucos, ni los atropellos en otros campos residenciales para desalojar sin respaldo legal a cientos de familias. Tampoco saciaron su resentimiento con la prohibición de inscribir a los niños en las escuelas de la empresa, lo cual es obligatorio por ser públicas, ni con el impedimento de trabajar en empresas relacionadas con Pdvsa, así como  las arbitrarias órdenes privativas de libertad en contra de ocho gerentes destituidos. Ahora insisten en una investigación en contra de 180 trabajadores despedidos. 

En el 2007, el Director de Auditoría Fiscal de Pdvsa, ciudadano Raúl Soto, inició una investigación  sobre la "pérdida" para la empresa de 789 millones de dólares por concepto de importaciones de combustible y de supuestos daños en instalaciones, refinerías y pozos. Todos contestamos debidamente los alegatos del Auditor y como los señalamientos no tenían ninguna base asumimos que el expediente sería archivado.

Hoy, diez años después, el actual Director de Auditoría, ciudadano Ramón Torres delegó en el abogado Paúl Alvarado la realización de un acto oral y público para determinar responsabilidades.  Reiteramos que ninguno de los despedidos convocó al paro  cívico y que la OIT consideró que los despidos no eran procedentes. Las "pruebas" en las que se basa la investigación son por pertenecer a la Asociación Civil Gente del Petróleo y videos   de los noticieros de televisión y notas de
prensa, después de iniciado el paro,   en donde, con excepción de los voceros,  la mayoría de los investigados solo aparecen como presentes.     Recordemos que cuatro días después de iniciado el paro, Alí Rodríguez asumió plenos poderes y militarizó las instalaciones.

Paradójicamente, la Pdvsa roja dona  800 mil dólares para la campaña electoral argentina, regala petróleo  a gobiernos amigos y en su Informe Anual del 2011,  informa que compró petróleo y productos refinados por 39.783 millones de dólares debido al descenso de la producción;  las refinerías se incendian frecuentemente, la gasolina no llega puntualmente, la empresa tiene una deuda financiera de 43.000 millones de dólares, además de las deudas a sus socios y proveedores y todas las semanas ocurren derrames. Evidentemente los rojos son quienes han causado daño a Pdvsa y al país. Seguramente pretenden callarnos ante la cercanía de las elecciones. Están equivocados, ni tememos, ni la debemos. Tal como establece la ley, el acto debe ser público, por lo que allí se pondrá en evidencia el espíritu de retaliación de los rojos.

Como en botica: Capriles avanza indetenible hacia la presidencia. Este  domingo 10 marcharemos desde el Parque Miranda hasta el CNE.