LIBERTAD DE EXPRESION

Alberto Quiroz Corradi

Históricamente, aunque en las últimas décadas cada día menos, la libertad de expresión ha estado amenazada principalmente por cuatro factores:

1. Los dueños de los medios. Ciertos diarios y estaciones radiovisuales tienen una posición derivada del pensamiento político de sus dueños. Sin embargo, en países con un elevado grado de democracia no se les obliga a los periodistas a afiliarse a ese pensamiento. Dicho esto los propietarios a veces no resisten la tentación de sugerir que se omita una noticia o que esta se redacte a su satisfacción. No obstante, el buen editor y el buen periodista saben como enfrentar estas presiones.

2. La publicidad. En el sector privado las presiones de las empresas publicitarias para “matar” noticias que afecten negativamente a sus clientes son escasas. Aunque esas mismas empresas y sus clientes se abstienen de anunciar en ciertos medios por razones subjetivas que tienen poco que ver con su competitividad y calidad.

3. La autocensura. Es la impuesta por el periodista. Obedece a diversas razones. Entre ellas: - No me van a publicar esto. - No lo escribo porque alguien en el gobierno se va a disgustar. - No es conveniente para el país. - No le va a gustar al director. La autocensura es personal. Está en la psiquis de cada quien. De alguna manera está asociada al sentimiento de temor, retaliación o castigo. Obedece a una reacción defensiva y en la mayoría de las veces se desconoce su existencia ¿cómo saber lo que no se escribió?

4. El gobierno. Las democracias modernas han interpretado cada día con más flexibilidad las leyes o las costumbres relacionadas con la libertad de expresión. Desde cuando criticar a un mandatario era un delito a hoy cuando se puede, sin recibir castigo, criticar con suma dureza a personajes públicos ha transcurrido un período dentro del cual sociedades diferentes se han convencido que en el dilema entre lo inconveniente de decir algo y el derecho a decirlo siempre prevalecerá lo segundo.

Donde exista periodismo moderno y un sistema judicial autonómo sería inconcebible que se discutiera una ley sobre delitos mediáticos como la que ha redactado el régimen. Lo inaudito es que se omita el principio de la “real malicia” como freno a desmedidas reacciones de funcionarios públicos a las críticas. En Inglaterra y en Estados Unidos en los últimos años se ha flexibilizado tanto la “real malicia” que para un hombre público es casi imposible probar en un tribunal que los comentarios sobre su persona fueron hechos con la clara intención de insultar, y en algunos casos, cuando se trata de acusaciones, de mentir. Basadas en los principios aquí enunciados las sociedades son muy reticentes a legislar restrictivamente sobre la libertad de expresión. La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra, entre otros derechos, la libertad de expresión. En 1996, en un caso sobre pornografía infantil el magistrado Anthony N. Kennedy escribió: “los derechos consagrados en la Primera Enmienda están en grave peligro cuando el gobierno intenta controlar la manera de pensar o justifica las leyes que persiguen ese impermisible objetivo.

El derecho a pensar es el origen de la libertad y la libertad de expresión debe ser protegida del gobierno porque la palabra es el comienzo del pensamiento”. No es compatible con el concepto de democracia una ley mediante la cual una interpretación caprichosa del oficialismo puede convertir a una opinión en delito. Como en casi todo lo otro que hace el régimen, en materia comunicacional está de espaldas a la modernidad.