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viernes, 3 de septiembre de 2010

Franklin Brito ¿socialismo o muerte?

Orlando Ochoa

La resistencia y la desobediencia civil convocan al rechazo no-violento de leyes injustas o moralmente inaceptables. El caso de Franklin Brito llamó la atención por su singularidad e idealismo. Exigía que el gobierno y la justicia bolivariana restablecieran sus derechos de propiedad vulnerados por militantes socialistas.


Un activista de la no-violencia -decía Gandhi- debe estar dispuesto a morir por una causa como un soldado, nunca matar por ella. Así murió Franklin Brito, como un soldado de la dignidad y la no-violencia. Gandhi habló de tres métodos posibles para enfrentar la injusticia y la opresión. Aceptarla o rehuirla era la más cobarde. La segunda era enfrentarla y luchar con la fuerza de las armas, destacando que esta era mejor que la primera. La tercera, por medios no-violentos, era la mejor y la que más coraje demandaba. Esta fue la que escogió Franklin Brito en su lucha personal.


Contrario a lo que muchos creen, la estrategia de lucha de Franklin Brito no fue pasiva, evasiva o defensiva sino eminentemente ofensiva y se podría decir que agresiva. Quizás inspirado en la lucha de Gandhi, confrontó y provocó al gobierno bolivariano obligándolo a responder con violencia física y verbal para someterlo por la fuerza hasta acabar con su vida.


A diferencia de la muerte de Bobby Sand, con quien se ha querido comparar, Brito era un ciudadano sin ambiciones o causa política alguna que rehusó negociar derechos que nunca alcanzaron la atención del presidente para aplicar su método CHAZ. Bobby Sand había sido sentenciado a 14 años de prisión por actividades terroristas y pertenecer al IRA.


La lucha desigual


El profesor de Harvard, Gene Sharp, en su libro The Politics of Non-Violence, documenta unos 200 casos de luchas no-violentas a través de la historia antes de Gandhi. Para Gandhi, el concepto de no-violencia era más amplio del que generalmente se le atribuye. Lo llamaba Satyagraha o “fuerza de la verdad”. En esta concepción lo “civil” de la “desobediencia” no tenía una concepción de ciudadanía sino de acción civilizada, de enfrentar la autoridad de buenas maneras.


La esencia del desafío a la autoridad de Gandhi no era sólo desobedecer una ley injusta, sino ir a prisión por no acatarla y de este modo avergonzar al gobierno, al sistema judicial y a los súbditos británicos, que entonces y ahora, son los que por más tiempo en la historia han sido beneficiarios de un régimen político que ha respetado las libertades individuales y los principios básicos de justicia.


La lucha de Franklin Brito fue desigual. El trato del gobierno bolivariano fue absurdamente injusto, incluso comparado con la de Gandhi, de quien sus detractores decían que era un político en busca de santidad o martirologio. Brito no desafió el cumplimiento de la ley ni la desacató porque no era un político, una gran desventaja y una desgracia en un país politizado hasta los tuétanos. Brito exigía que se restablecieran sus derechos de propiedad vulnerados por “socialistas” respaldados por un gobierno que ha demostrado ser insensible a la vergüenza y que hace de estas violaciones a la propiedad actos propicios para la propaganda y la demagogia.


En su estrategia ofensiva de resistencia civil no-violenta y de no-cooperación, Gandhi se dirigió y logró conmover el sentido de justicia y equidad del pueblo británico. Graduado de abogado de Oxford, conocía la sensibilidad del pueblo británico por los derechos ciudadanos y al final encontró en los súbditos del Imperio que sojuzgó a su país el soporte que Brito no encontró en el suyo.


Teóricamente la desobediencia civil es una forma de protesta destinada a resistir el cumplimiento de una ley injusta a través de acciones no-violentas y la disposición voluntaria de sufrir las penalidades. En estas acciones subyacen propósitos propagandísticos para obligar a funcionarios a negociar o en cualquier caso a exhortar a la conciencia de la población para que no se haga cómplice de decisiones arbitrarias.


El caso de Franklin Brito llama la atención por su singularidad. Sólo esperaba que el gobierno, como es práctica común, ordenara a la Fiscalía General de la República que le garantizara sus derechos constitucionales. La respuesta de la fiscal, Luisa Ortega, fue secuestrarlo, diagnosticar una supuesta incapacidad mental para poder confinarlo en el principal centro hospitalario de las Fuerzas Armadas de la Nación, alegando “responsabilidad para salvaguardar su vida”.


Toda una sangrienta y miserable ironía que debería tener un gran costo político. En un país normal.


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