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jueves, 9 de septiembre de 2010

Preguntas al sepulturero


Eddie Ramirez


En un país donde el poder promueve la barbarie y abundan los bárbaros es probable que las declaraciones del general de la Guardia Nacional Antonio Benavides, avaladas por el ministro El Aissami, tengan acogida favorable en algunos pequeños círculos. Sin embargo, para quienes defendemos los derechos humanos escuchar a estos altos funcionarios declarar que “el destino de los delincuentes es la cárcel o bajo tierra” es inaceptable y exige un total rechazo.

Cabe preguntarle al improvisado juez Benavides cuáles delitos ameritan el matar al supuesto delincuente. Sometemos a su consideración algunos ejemplos. El 25 de setiembre de 2003, más de 300 efectivos de la Guardia atacaron a niños, ancianos y demás residentes que dormían en la urbanización de Los Semerucos en el Estado Falcón. Dicho ataque fue con perdigones, bombas lacrimógenas y peinillazos. Sin duda fue una agresión cobarde con todos los agravantes. ¿Merecen estar bajo tierra esos oficiales y guardias delincuentes?

General Benavides, ¿deberían estar bajo tierra los oficiales y guardias nacionales que el 27 de febrero de 2004 dispersaron una manifestación pacífica en la avenida Libertador lanzando bombas lacrimógenas delante de la marcha, en el medio y detrás de la misma, con la evidente intención de ocasionar daños físicos? ¿ Recuerda usted los videos en donde un guardia le disparó perdigones a quemarropa a un joven que estaba parado al borde de la vía? ¿ Se olvidó acaso que los medios de comunicación informaron del asesinato del señor Alberto Aumaitre y de numerosos heridos y que durante los días 1 y 2 de marzo se reportaron 13 muertos por armas de fuego, 22 periodistas agredidos, seis jóvenes torturados, siete desaparecidos y más de mil lesionados? ¿Y qué hay de quien reiteradamente comete el delito de violar la Constitución?

Evidentemente ningún delincuente, civil o militar, debe estar bajo tierra sino sometido a los tribunales competentes y si la sentencia es condenatoria debería pagar la pena en cárceles que le den un trato humanitario y no en las condiciones en que se encuentran nuestras ergástulas. Sin duda que los organismos de seguridad tienen que actuar con firmeza, pero guardando las proporciones del caso y nunca extralimitando el uso de la fuerza. Para nadie es un secreto que en los llamados “enfrentamientos” caen abatidos innecesariamente delincuentes o supuestos delincuentes, sobre todo cuando se sospecha que asesinaron a algún funcionario. Apoyar las bárbaras declaraciones de Benavides y El Aissami es darle el visto bueno oficial a las extralimitaciones de policías y guardias nacionales. A los delincuentes, incluidos los uniformados, queremos verlos sometidos al peso de la ley por una justicia imparcial que les respete sus derechos a la debida defensa y no ajusticiados como en el lejano oeste del siglo XIX norteamericano.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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