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viernes, 29 de abril de 2011

Alcahuetas y estafadores

                                                               Eddie A. Ramírez S.


El Ministerio del Trabajo es estricto con el sector privado y  alcahueta con el sector gubernamental. No solo permite  que se incumplan los contratos colectivos en organismos y empresas del Estado, sino que no obliga a que se cancelen las  prestaciones de sus trabajadores cuando se jubilan, son despedidos o se retiran voluntariamente.  En cambio, los empleadores privados deben honrar de inmediato, como debe ser, los compromisos de prestaciones y fondos de ahorros de los trabajadores que por una u otra causa dejen de prestar sus servicios.  Es decir, la ley se aplica en forma discriminatoria y con una doble moral.

En el caso de lo casi 23.000 trabajadores ilegalmente despedidos de Pdvsa, muchos de ellos mientras se encontraban en reposo médico, de permiso pre, posnatal o de vacaciones, esta empresa no ha cancelado ni las prestaciones, ni los haberes en el Fondo de Ahorros a pesar de que ya han transcurridos ocho años. La decisión sobre dónde depositar estas prestaciones, sea en la contabilidad de Pdvsa o en una entidad bancaria determinada la tomaba el trabajador, quien también era el único que podía autorizar cualquier cambio al banco de su preferencia.

Ahora, se produce un nuevo abuso por parte de  la Pdvsa roja y estafadora al ordenar al Banco Mercantil que transfiera todos los fideicomisos de prestaciones al Banco de Venezuela. Esta decisión unilateral e ilegal suponemos tiene por objeto debilitar a la banca privada, fortalecer a la banca oficial y, eventualmente, facilitar la apropiación indebida de esos fondos para satisfacer los requerimientos electorales del régimen. Ese dinero de los trabajadores puede correr igual o mayor riesgo que los recursos del Fondo de Pensiones que Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo le entregaron al pillo Francisco Illaramendi para que los administrara.

Extraña que un banco serio como el Mercantil aprobara esta solicitud de Pdvsa sin consultar a los trabajadores dueños de los fideicomisos. Además, este banco informó mediante mensajes de texto a celulares  que “ El préstamo contra su fideicomiso había sido procesado exitosamente”. ¿Cómo es posible que el  Banco Mercantil haya aprobado  préstamos que nadie ha solicitado?  ¿Acaso esta es la trampa del régimen para apoderarse de esos fondos?  Asumimos que el Mercantil no es ni alcahueta, ni estafador y por ello exigimos a su  Junta Directiva  que informe a los afectados sobre su proceder. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! ¡Todos los demócratas debemos presionar al régimen para que el prisionero político Alejandro Peña Esclusa sea trasladado a una clínica para que reciba el tratamiento médico que requiere!

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