La “oportunidad” de las huelgas

                                                                       Eddie A. Ramírez S.

Algunos analistas políticos con criterio muy superficial piensan que las huelgas solo deben emprenderse cuando tienen el éxito asegurado. Según esta tesis,  Rubén González no debió promover una huelga en Ferrominera Orinoco,  ya que al no lograrse  los resultados esperados fue evidente que la misma no era “oportuna” y, como consecuencia,  el líder sindical fue sentenciado a más de siete años de prisión. Franklin Brito tampoco debió declararse en huelga de hambre, porque era de esperar que el régimen lo dejaría morir y no le devolverían sus tierras. Los trabajadores petroleros no debieron sumarse a una huelga convocada por todos los partidos políticos, por la CTV y por Fedecámaras, la cual ocasionó el despido de casi 23.000 trabajadores y que ocho de ellos hayan tenido que exiliarse por tener órdenes de captura.

 Aunque como demócratas aceptamos esa peculiar manera de pensar, no podemos dejarla pasar sin exteriorizar nuestra opinión en contrario. La huelga es una herramienta de lucha y debe utilizarse cuando se agotan otras posibilidades de acuerdos en puntos fundamentales, sean de índole económicos o relativos a principios y valores. Por otra parte, no deja de sorprender que quienes critican el uso de esta herramienta solo lo hacen cuando la misma no obtiene todos los resultados esperados y pocas veces se pronuncian antes de que se utilice. Actúan igual que quienes no están de acuerdo con cierta propuesta, sea en la Asamblea Nacional, en los Concejos o en las reuniones de condominio,  y se retiran de la reunión en lugar de expresar su voto en contrario.   Aplaudimos la posición de Rubén González y repudiamos la actitud genuflexa de la juez Magda Hidalgo. Respetamos la decisión de Brito de inmolarse en defensa de sus derechos.

 En cuanto a las huelgas del 2002, recordemos que el 4 de abril,  sin el apoyo de nadie, los trabajadores petroleros iniciamos un paro al cual se sumaron la CTV y Fedecámaras el día 9 de abril; se consiguió el objetivo de la  renuncia de la Directiva de Pdvsa y, como consecuencia de la gran marcha del día 11 y de la masacre propiciada por el teniente coronel, se produjo la desobediencia de los oficiales encargados de aplicar el Plan Ávila y la renuncia del irresponsable inquilino de Miraflores. La huelga del 2 de diciembre fue convocada por todos los partidos políticos, por la CTV y por Fedecámaras, sumándose a la misma  los trabajadores petroleros. El objetivo de la misma era solicitar adelanto de las elecciones para aliviar la crisis política, presionar al régimen para que no siguieran estancadas las conversaciones en la Mesa de Negociación y Acuerdos y que se estableciera una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril. 

 

Como resultado positivo se logró que avanzaran las conversaciones en la Mesa, aceptando el régimen la realización del referendo revocatorio y  que el Consejo Permanente de la OEA aprobara la Resolución 833, mediante la cual se insta al gobierno venezolano a “ … velar por el respeto y  a preservar el libre ejercicio de los elementos esenciales de la democracia….  Respeto a los derechos humanos y al estado de derecho…  pleno disfrute de la libertad de expresión… abstención de estimular la confrontación política y la violencia….Solicitar al Secretario General que continúe informando al Consejo Permanente sobre sus gestiones de facilitación con relación a la situación en Venezuela”. Esta Resolución, del 16 de diciembre del 2002, sigue vigente y la MUD debería aprovecharla para denunciar las arbitrariedades en contra de Rubén González y de los otros presos políticos. No hay huelgas oportunas o inoportunas. Hay huelgas  necesarias y moralmente justificadas cuando se violan los derechos.