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domingo, 27 de febrero de 2011

Chávez invirtió ilícitamente, a través de un testaferro, en tecnologías cuya transferencia a extranjeros controla el gobierno americano

VenePirámides
El gobierno de los Estados Unidos guarda celosamente la tecnología que desarrolla en áreas que considera de importancia estratégica, o aquellas que no quiere que caigan en manos de gobiernos que presentan riesgos a la estabilidad geopolítica. Tal es el caso de la tecnología nuclear, en razón de lo cual su venta está estrechamente controlada y restringida para todo estado que no sea visto con buenos ojos por el gobierno americano.
Chávez, por su parte, ha expresado abiertamente su deseo de desarrollar centrales nucleares para la producción de energía eléctrica en Venezuela. La posibilidad de adquirir tecnología de vanguardia de un estado responsable es cercana a cero, en razón de lo cual las alternativas se reducen a tecnologías obsoletas provenientes de Rusia, Irán, Corea del Norte y otros estados inescrupulosos dispuestos a transferir su “know-how” a cualquier paisito dispuesto a pagar su precio.

Pareciera que la administración Chávez no se conformó con estas alternativas y se propuso acceder a tecnologías de última generación desarrolladas en los Estados Unidos obviando las autorizaciones requeridas por su gobierno. Para hacer esto usaron al siempre servicial Pancho Illaramendi y su 
Short Term Liquidity Fund I Ltd., un fondo de cobertura que no fue objeto de registro con la Securities and Exchange Commission (SEC). Para lograr sus fines, la República de Venezuela, a través del fondo de retiro de sus empleados, que técnicamente no es dinero de la República o PDVSA pero maneja a su antojo, invirtió unos USD 540 millones en el Short Term Liquidity Fund I Ltd. de Illaramendi, e instruyó a Illaramendi para que procediera a invertir en el capital de NuScale Power Inc., una empresa basada en Oregon dedicada al desarrollo de "reactores modulares de agua liviana para uso en centrales nucleares para la generación eléctrica". Tras la intervención de la SEC del fondo de Illaramendi, NuScale Power Inc. se encontró repentinamente sin fuentes de financiamiento, lo que la obligó a suspender proyectos y reducir personal. Pero, sorpresivamente, apareció PDVSA a negociar nuevo financiamiento con NuScale Power, con la qué, al menos en apariencia, no tenía ninguna relación, y cuyo financiamiento por el Short Term Liquidity Fund I de Illaramendi desconocía (O no?) por ser esta inversión ajena al objetivo del fondo.

El lector no corre mayor riesgo de equivocarse si concluye que: 1)El Estado de Venezuela, por intermedio de PDVSA, proporcionó los fondos (propiedad de sus trabajadores) y ordenó a Illaramendi, en violación del ordenamiento jurídico americano, que invirtiera en NuScale, para acceder a su tecnología, guardando la apariencia de no estar involucrado en el asunto; y 2)Frente a la imposibilidad de que el Short term Liquidity Fund I pudiera seguir financiando las actividades de NuScale por la intervención de la SEC, PDVSA ofrece financiamiento para continuar el desarrollo de esta tecnología que tanto interesa a Chávez, pero que no puede adquirir lícitamente sin autorización del gobierno americano, a menos que tenga acceso ilícito a ella en su condición de accionista y administrador de NuScale.
El lector interesado en esta saga puede seguirla en inglés con mayor nivel de detalle en Setty´s Notebook.

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