Alberto Quiroz Corradi
Link parte II Link parte III
En Venezuela aunque muchos quieren “salir de Chávez” muy pocos se dedican a pensar en cómo será el “día después”. A principios de los noventa, escribí sobre una visión de Venezuela en el año 2020. Hoy, cortesía del régimen, me veo obligado a posponer mis visiones hasta el año 2030. Resumiré mi ensayo en tres entregas semanales.
1. Lo político. En el año 2016, el país regresó a su nombre histórico de República de Venezuela. El período presidencial se redujo a 4 años, con una reelección inmediata. Se creó de nuevo la Cámara del Senado en el Congreso Nacional. Se promulgó una nueva Constitución en la cual quedó claro -de una vez por todas- la diferencia entre Estado (los pocos que nos gobiernan) y Nación (todos nosotros). El poder lo tiene la Nación y solo por delegación expresa de los ciudadanos pueden asignárseles atribuciones al Estado. Enterrado está el nefasto concepto de que el Estado puede reservarse, por su sola disposición, el usufructo de algún derecho o propiedad colectiva. Ahora no le está vedado a ningún ciudadano el derecho a participar directamente en la explotación de un bien común. El año 2016 es recordado en Venezuela como el año de la nacionalización verdadera de los recursos naturales, comunes, colectivos y propiedad de todos los ciudadanos. Se estableció una doble vía entre el político y el tecnócrata, creándose un verdadero “híbrido” que se siente cómodo en los dos sectores.
2. Lo empresarial. El sector productivo aprovechó -a partir del año 2013- las nuevas tendencias mundiales para reorganizarse. Se crearon redes interactivas entre empresas. Se cruzaron acciones corporativas. Se aplicó el principio de la fortaleza relativa para lograr la cadena productiva y comercializadora más eficiente. Se optimizó el uso del mercado de capitales y se le extrajo el máximo beneficio. El entorno político social reconoció la importancia de la propiedad documentada, como palanca para lograr un efecto multiplicador de los bienes y las tierras anteriormente improductivos. El sueño de Hernando de Soto empezó a tomar cuerpo en Venezuela en el 2015. El Estado reinventó su rol y de obstaculizador del progreso pasó a ser facilitador del esfuerzo individual y colectivo. Se multiplicó el trabajo desde el hogar y el paso de asalariado puro a asalariado accionista se dio aceleradamente.
3. Los sindicatos. Pasaron a ser socios de las empresas. La frontera entre intereses -hasta entonces contrapuestos- empezó a diluirse. La creación de fondos, cuyas acciones se cruzaban, le dio al trabajador la oportunidad de tener un interés real y concreto en sectores diferentes a los de las actividades de sus empresas. La Nación entendió que sin un marco normativo flexible en materia laboral no era posible financiar el desarrollo. Se reconoció el derecho de todo ciudadano al trabajo y se eliminó de la legislación el derecho patronal al despido de sus trabajadores mediante pena pecuniaria, por capricho y sin causa justificada. La normativa legal se limitó al establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para regular la relación entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva es el instrumento regulador de esas relaciones. Ya no hay sindicatos con la antigua inevitabilidad de la confrontación. Ahora existen “Comisiones” que representan a diferentes sectores. Todos agrupados en la asamblea de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se resolvió mediante la estrategia de tener representación de los dos sectores en cada uno de ellos.
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En Venezuela aunque muchos quieren “salir de Chávez” muy pocos se dedican a pensar en cómo será el “día después”. A principios de los noventa, escribí sobre una visión de Venezuela en el año 2020. Hoy, cortesía del régimen, me veo obligado a posponer mis visiones hasta el año 2030. Resumiré mi ensayo en tres entregas semanales.
1. Lo político. En el año 2016, el país regresó a su nombre histórico de República de Venezuela. El período presidencial se redujo a 4 años, con una reelección inmediata. Se creó de nuevo la Cámara del Senado en el Congreso Nacional. Se promulgó una nueva Constitución en la cual quedó claro -de una vez por todas- la diferencia entre Estado (los pocos que nos gobiernan) y Nación (todos nosotros). El poder lo tiene la Nación y solo por delegación expresa de los ciudadanos pueden asignárseles atribuciones al Estado. Enterrado está el nefasto concepto de que el Estado puede reservarse, por su sola disposición, el usufructo de algún derecho o propiedad colectiva. Ahora no le está vedado a ningún ciudadano el derecho a participar directamente en la explotación de un bien común. El año 2016 es recordado en Venezuela como el año de la nacionalización verdadera de los recursos naturales, comunes, colectivos y propiedad de todos los ciudadanos. Se estableció una doble vía entre el político y el tecnócrata, creándose un verdadero “híbrido” que se siente cómodo en los dos sectores.
2. Lo empresarial. El sector productivo aprovechó -a partir del año 2013- las nuevas tendencias mundiales para reorganizarse. Se crearon redes interactivas entre empresas. Se cruzaron acciones corporativas. Se aplicó el principio de la fortaleza relativa para lograr la cadena productiva y comercializadora más eficiente. Se optimizó el uso del mercado de capitales y se le extrajo el máximo beneficio. El entorno político social reconoció la importancia de la propiedad documentada, como palanca para lograr un efecto multiplicador de los bienes y las tierras anteriormente improductivos. El sueño de Hernando de Soto empezó a tomar cuerpo en Venezuela en el 2015. El Estado reinventó su rol y de obstaculizador del progreso pasó a ser facilitador del esfuerzo individual y colectivo. Se multiplicó el trabajo desde el hogar y el paso de asalariado puro a asalariado accionista se dio aceleradamente.
3. Los sindicatos. Pasaron a ser socios de las empresas. La frontera entre intereses -hasta entonces contrapuestos- empezó a diluirse. La creación de fondos, cuyas acciones se cruzaban, le dio al trabajador la oportunidad de tener un interés real y concreto en sectores diferentes a los de las actividades de sus empresas. La Nación entendió que sin un marco normativo flexible en materia laboral no era posible financiar el desarrollo. Se reconoció el derecho de todo ciudadano al trabajo y se eliminó de la legislación el derecho patronal al despido de sus trabajadores mediante pena pecuniaria, por capricho y sin causa justificada. La normativa legal se limitó al establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para regular la relación entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva es el instrumento regulador de esas relaciones. Ya no hay sindicatos con la antigua inevitabilidad de la confrontación. Ahora existen “Comisiones” que representan a diferentes sectores. Todos agrupados en la asamblea de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se resolvió mediante la estrategia de tener representación de los dos sectores en cada uno de ellos.
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