No se dispone de 36% de la generación eléctrica del país

De las 402 subestaciones de distribución, el 32% excede su vida útil

El 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 50% que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía

MARIELA LEÓN |(19-11-12)

 

Aunque en las últimas semanas han surgido nuevas visiones del sector eléctrico, expresadas por los trabajadores y sus organizaciones gremiales, existe en ellas el interés común de mejorar la estabilidad del sistema y la confiabilidad en la prestación de ese servicio básico.

La Federación de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), el Frente Socialista Unido del Sector Eléctrico Nacional y el sindicato de trabajadores de la ex Electricidad de Caracas han protagonizado concentraciones y movilizaciones. Las primeras agrupaciones sostuvieron encuentros con el Vicepresidente Nicolás Maduro, en aras de exigir el pago de pasivos laborales, la adecuación de equipos para operar, las inversiones necesarias para fortalecer al sistema, entre otros.

El Frente Socialista Unido del Sector Eléctrico, a través de los voceros Mercedes Gutiérrez y Joaquín Malavé, propusieron el restablecimiento e instalación de nuevas fábricas de transformadores y fusibles en el país, a los fines de satisfacer la carencia de estos equipos y disminuir su importación. También manifestaron la necesidad de ampliar talleres de reparación de los vehículos que requiere la empresa eléctrica para desarrollar sus actividades; y, elevar la supervisión y recaudación en los grandes consumidores, como una manera de obtener recursos para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica del país.

Fetraelec, por su parte, hizo público un documento en el cual informan la realidad del sistema eléctrico. Señalan directivos de la Federación, presidida por Ángel Navas, que "la indisponibilidad de la capacidad instalada de generación, ubicada en 23.554 megavatios (Mw) es de 36%" debido a la salida regular de las operaciones de algunas unidades y plantas.

Para cubrir la alta demanda del eje costero "se requiere", dice el texto, "de la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, sin embargo observamos que se ve limitada por el factor de inestabilidad de transferencia de carga, que sólo le permite exportar 7.400 Mw. Si se agrega que, por este mismo criterio de estabilidad del sistema, no se podría transmitir los 2.160 Mw de energía, una vez que entre en operación la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), hasta tanto se adecue la red de transmisión para poder exportar esta carga al sistema interconectado, entonces el escenario de racionamientos de carga en el país, se mantendría, justamente por esa razón".

En el caso de la transmisión, indica el informe, "el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 50% que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio eléctrico".

"No menos preocupante es el caso de distribución", advierte Fetraelec. "De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) excede su vida útil, esto es de 35 años y de los 3.811 circuitos, el 44% supera valores permitidos de cargabilidad. Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, generan interrupciones cada más frecuentes, que sumado a la incapacidad de ejecutar divisiones por sectores debido a la falta de materiales, aceleran el desgaste y deterioro, recortando la funcionalidad de los equipos, y por consiguiente afectando la continuidad y calidad del servicio".

Sostienen los trabajadores que el "indicador de Tiempo Total de Interrupciones (TTI) es de 39 horas/año, cuando el TTI latinoamericano es de 6 horas/año. Este es uno de los principales indicadores de calidad de servicio".

Siuctraelec y Fetraelec Informan Ante La Crisis Electrica

Siuctraelec y Fetraelec Informan Ante La Crisis Electrica

PROPIETARIOS II

Alberto Quiros Corradi

En mi artículo del 17/05/10 critiqué la falta de solidaridad de algunos trabajadores y sindicatos con los dueños de empresas confiscadas. El caso Polar parece que ha cambiado esta actitud. Muchos de sus trabajadores y dirigentes sindicales han tomado partido a favor de la empresa, sin que los ataques de Chávez a la propiedad privada en general y a sus dueños en particular los lleven a tomar la absurda posición de no identificarse con las empresas que le proveen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, quedan cosas por hacer. Algunos líderes sindicales todavía creen que si no protestan por la toma de su empresa y defiende solo sus puestos de trabajo, no los identificarán con la oligarquía capitalista y mantendrán sus conquistas laborales. Bájense de esa nube. Este régimen va a destruir el sector privado, centralizar la economía y tomar los medios de producción. Los sindicatos serán aniquilados. Mírense en el espejo de las empresas estatizadas y verán que la constante es la violación de los contratos colectivos, la posposición indefinida de nuevas negociaciones, los atrasos en pagar aumentos salariales, bonos, ticket alimentario y la suspensión de los pagos que recibían los trabajadores accionistas de empresas como Sidor. Cuando ésta estaba privatizada tenía un contrato colectivo excelente, algunos trabajadores, activos y jubilados, pudieron adquirir acciones tipo b, las cuales generaron pagos superiores a su remuneración normal. Pero, su sindicato actuó irresponsablemente, primero por exigir la firma de un contrato imposible de cumplir y luego, por aplaudir la estatización creyendo que el Estado le otorgaría lo que la empresa no podía concederle. Aunque tenía la quiebra de las empresas de Guayana mirándole la cara, así como las constantes violaciones de todos los contratos colectivos del sector público, el sindicato sacrificó a sus trabajadores. Sidor, ahora, es otra empresa quebrada. El gran contrato lo firmó el Estado y nunca se cumplió y todavía algunos de los líderes obreros irresponsables andan proclamando una presunta defensa de sus afiliados.

El caso Polar puede ser el detonante para que el sector obrero y el empresarial terminen de despertarse al hecho cierto de que ni sindicatos ni empresas pueden tener futuro en este país si se le permite al régimen imponer el comunismo, hacia donde va de manera acelerada. Ya es hora de que organizaciones laborales y patronales hagan un solo frente para lograr dos objetivos: Uno, no tolerar más confiscaciones oponiéndose con todos los recursos que le dan la Constitución y las leyes. Otro, empezar de una vez, a negociar una nueva relación obrero-patronal hacia el futuro, cuya fluidez será indispensable para la recuperación del país. Los empresarios deben convertir a sus trabajadores en accionistas y el nuevo gobierno abrir al sector privado el aluminio, hierro, acero, la minería y el petróleo. Hecho esto los trabajadores de las nuevas empresas tendrán participación accionaria (como en la Sidor privada) y otras acciones se colocarán en la bolsa de valores la cual será la mayor de América Latina. El ahorro nacional tendrá al fin canales para las inversiones en el país y, poco a poco, las anticuadas disputas entre el capital y el trabajo se reducirían progresivamente al convertirse el trabajador en inversionista y propietario.

Si las federaciones obreras y empresariales no ven ya el negro futuro que les espera bajo un régimen comunista terminarán los empresarios sin propiedades y los trabajadores sin derechos. Tan claro y tan cierto como eso.

LA ESTABILIDAD

Alberto Quiros Corradi

Algunos cuestionan mi recomendación de una estabilidad absoluta arbitrada por patronos y sindicatos con árbitro nombrado por ellos. Explico, un poco, la historia. La revolución industrial captó un gran número de trabajadores no especializados que fueron fácil carne de cañón para los nuevos patronos. El Estado ante la minusvalía de los trabajadores, promulgó legislación para protegerlos. Luego se organizaron en sindicatos y fueron conquistando, primero por las leyes y después por la contratación colectiva, mejoras importantes en sus condiciones de trabajo, entre ellas, la estabilidad. Esta nace de la aceptación de un principio incontestable: el derecho natural del hombre al trabajo.

El principio de la estabilidad ha sido además establecido en convenciones internacionales como el Convenio 58 de la OIT y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San Salvador.

Con el tiempo el principio adquirió dos formas. La estabilidad absoluta que es aquella que sólo permite el despido por causas justificadas. Por lo general excluye a los trabajadores con menos de tres meses de empleo, temporales, empleados domésticos, trabajadores de dirección y confianza y a ciertos funcionarios públicos nacionales y regionales. Además, permite la liquidación de las empresas, su redimensión y ajustes operativos justificados.

La estabilidad relativa es la que permite al patrono despedir sin justa causa a cambio de una indemnización pecuniaria especial. Es decir, con una “multa” se compra el derecho al despido injustificado, algo que algunos consideramos poco ético. Esta ha sido la modalidad histórica en Venezuela. Hay, sin embargo, manifestaciones recientes que apuntan a la sustitución de esta estabilidad por la absoluta.

Hay un proyecto de Ley de Estabilidad en la Asamblea Nacional y desde el año 2002 el Ejecutivo ha venido dictando Decretos que, en apariencia, establecen la estabilidad absoluta. No es así. La Constitución establece en su artículo 93: “…la ley dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido injustificado…” Por su parte la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) permite el despido injustificado mediante un pago adicional al trabajador. Esta contradicción entre los Decretos y la Ley debe ser resuelta por los tribunales para confirmar que los Decretos de Estabilidad no pueden impedir el despido sin causa justificada, mediante pago adicional tal como lo establecen la Constitución y la LOT (un decreto no puede derogar ni una disposición constitucional ni una ley orgánica).

Hasta ahora la estabilidad ha sido decretada por los gobiernos y, por lo tanto, ellos deben regularla y crear una estructura administrativa y judicial para arbitrarla. En otras palabras, en una democracia formal el Estado/gobierno es el árbitro entre las partes. Pero, si en Venezuela el gobierno por su posición anti sector privado y anti sindicato no puede ser el árbitro y nuestra economía está en recesión y no tenemos la madurez suficiente para eliminar, ya, el principio de estabilidad en el trabajo, pareciera que la única manera de reglamentar una estabilidad absoluta es mediante la unión, en una Comisión Bipartita, del capital y el trabajo. Estos, a su vez, nombrarían a un árbitro para calificar lo justificado o no de los despidos.

Sin la intervención del gobierno, los patronos y los sindicatos pueden convivir con una estabilidad absoluta reglamentada, nombrar su propio árbitro y, de una vez por todas, responsabilizarse por la relación entre ellos.

De lo contrario, el régimen aniquilará a cada uno por separado.

VENEZUELA 2030 (I/III)

Alberto Quiroz Corradi

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En Venezuela aunque muchos quieren “salir de Chávez” muy pocos se dedican a pensar en cómo será el “día después”. A principios de los noventa, escribí sobre una visión de Venezuela en el año 2020. Hoy, cortesía del régimen, me veo obligado a posponer mis visiones hasta el año 2030. Resumiré mi ensayo en tres entregas semanales.

1. Lo político. En el año 2016, el país regresó a su nombre histórico de República de Venezuela. El período presidencial se redujo a 4 años, con una reelección inmediata. Se creó de nuevo la Cámara del Senado en el Congreso Nacional. Se promulgó una nueva Constitución en la cual quedó claro -de una vez por todas- la diferencia entre Estado (los pocos que nos gobiernan) y Nación (todos nosotros). El poder lo tiene la Nación y solo por delegación expresa de los ciudadanos pueden asignárseles atribuciones al Estado. Enterrado está el nefasto concepto de que el Estado puede reservarse, por su sola disposición, el usufructo de algún derecho o propiedad colectiva. Ahora no le está vedado a ningún ciudadano el derecho a participar directamente en la explotación de un bien común. El año 2016 es recordado en Venezuela como el año de la nacionalización verdadera de los recursos naturales, comunes, colectivos y propiedad de todos los ciudadanos. Se estableció una doble vía entre el político y el tecnócrata, creándose un verdadero “híbrido” que se siente cómodo en los dos sectores.

2. Lo empresarial. El sector productivo aprovechó -a partir del año 2013- las nuevas tendencias mundiales para reorganizarse. Se crearon redes interactivas entre empresas. Se cruzaron acciones corporativas. Se aplicó el principio de la fortaleza relativa para lograr la cadena productiva y comercializadora más eficiente. Se optimizó el uso del mercado de capitales y se le extrajo el máximo beneficio. El entorno político social reconoció la importancia de la propiedad documentada, como palanca para lograr un efecto multiplicador de los bienes y las tierras anteriormente improductivos. El sueño de Hernando de Soto empezó a tomar cuerpo en Venezuela en el 2015. El Estado reinventó su rol y de obstaculizador del progreso pasó a ser facilitador del esfuerzo individual y colectivo. Se multiplicó el trabajo desde el hogar y el paso de asalariado puro a asalariado accionista se dio aceleradamente.

3. Los sindicatos. Pasaron a ser socios de las empresas. La frontera entre intereses -hasta entonces contrapuestos- empezó a diluirse. La creación de fondos, cuyas acciones se cruzaban, le dio al trabajador la oportunidad de tener un interés real y concreto en sectores diferentes a los de las actividades de sus empresas. La Nación entendió que sin un marco normativo flexible en materia laboral no era posible financiar el desarrollo. Se reconoció el derecho de todo ciudadano al trabajo y se eliminó de la legislación el derecho patronal al despido de sus trabajadores mediante pena pecuniaria, por capricho y sin causa justificada. La normativa legal se limitó al establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para regular la relación entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva es el instrumento regulador de esas relaciones. Ya no hay sindicatos con la antigua inevitabilidad de la confrontación. Ahora existen “Comisiones” que representan a diferentes sectores. Todos agrupados en la asamblea de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se resolvió mediante la estrategia de tener representación de los dos sectores en cada uno de ellos.

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