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jueves, 3 de septiembre de 2009

Trabajadores de PDVSA: ¿Otra vez?

Horacio Medina


Transcurriendo el año 2000, recordamos claramente las escaramuzas que, desde la Presidencia de PDVSA, en aquel momento personificada en Héctor Ciavaldini, se urdían, tratando de evadir la discusión y firma de la convención colectiva correspondiente a ese momento. Precisamos además que la Ministro del Trabajo, era la sin par María Cristina Iglesias, una de las hijas políticas preferidas de Alí Rodríguez Araque, en aquel momento totalmente imbuido en sus diligencias para asumir la Secretaría General de OPEP. Por supuesto, tenemos presente que en aquel momento, el Presidente de Fedepetrol y principal líder de los trabajadores petroleros era, ni más sin menos que Carlos Ortega. Recordamos las continuas declaraciones del teniente coronel Hugo Chávez, secundadas, por supuesto, por la Ministro Iglesias y el Presidente Ciavaldini, todas ellas negando la posibilidad de firmar una Convención Colectiva con un “dirigente corrupto, con unos delincuentes, traidores de los intereses de los trabajadores”. Al final del proceso, Civaldini pagó los “platos rotos”, ya que, ante la seria amenaza de la paralización de la Industria que había sentenciado Fedepetrol, en caso de no firmarse la Convención Colectiva, en horas de la madrugada de ese día “Cero”, la Ministro Iglesias procedía a firmar la Convención con la presencia del Presiente de Fedepetrol, Carlos Ortega. Salió Civaldini de PDVSA, llegó Guaicaipuro Lameda, se quedó María Cristina y Carlos Ortega se proyectó a la Presidencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV.

Luego, en menos de dos años, también los trabajadores petroleros protagonizaron otra confrontación en defensa de sus derechos que encontró a Hugo Chávez y María Cristina Iglesias en las mismas posiciones y, de nuevo, fueron derrotados, aunque uno de esos episodios dignos de una novela de ciencia ficción, revirtió de manera absoluta los resultados e hirió de muerte el proceso democrático venezolano.

Ahora de nuevo, los trabajadores petroleros, han comenzado a presionar de manera importante en defensa de sus derechos sindicales. En primer término, los trabajadores petroleros exigen que las elecciones sindicales de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) se realicen bajo el control sindical, aceptando la asesoría del Consejo Nacional Electoral, pero no el control del sector oficial, lo cual, contraviene Normas y Convenios internacionales sobre la Libertad Sindical.

Luego de cinco diferimientos, productos de argucias legales y escaramuzas políticas, todas provenientes del sector oficial, los trabajadores están exigiendo la celebración de las elecciones para la legitimación de la FUTPV pautadas para el 16 de septiembre, lo cual permitirá el inicio de la discusión de la Convención Colectiva.

Para esta semana, los trabajadores petroleros han programado caravanas, marchas y concentraciones de protesta en las diferentes instalaciones operacionales de PDVSA. El motivo es el mismo de los últimos meses: en contra de las intromisiones del Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en los asuntos sindicales del sector y el diferimiento de las elecciones que acarrea, la consecuente postergación de la discusión de la Convención Colectiva, vencida el 21 de enero de este año.

Las intromisión del partido de gobierno, el PSUV, en las elecciones sindicales es evidente, innumerables son las denuncias de las diferentes planchas que aspiran dirigir la mencionada Federación, en las cuales se señala que la gerencia de asuntos públicos de PDVSA y el propio Rafael Ramírez apoyan la opción de la plancha Nro. 7, encabezada por Wills Rangel y Argenis Olivares. Además, se denuncian los atropellos que son objeto, dentro de las instalaciones de PDVSA, aquellas personas que se desean pronunciarse a favor de cualquier tendencia que no sea la plancha Nro. 7, incluyendo opiniones favorables otras planchas como la Nro. 3 y la Nro. 9 que también presentan candidatos del PSUV, pero no bendecidos por Rafael Ramírez.

Ahora bien, además del sector petrolero resulta evidente que las complicaciones laborales se extienden más allá y representan, una línea política del gobierno en contra de las organizaciones sindicales y su derecho a expresarse libremente y a representar a sus afiliados. En este sentido, tuvimos oportunidad de escuchar atentamente, un comunicado leído por el sindicalista Orlando Chirino, del Movimiento Solidaridad Laboral que señalaba: ”que el futuro laboral apunta hacia la eliminación de las convenciones colectivas, la desaparición de los derechos laborales y los beneficios económicos logrados en años anteriores, la sustitución de los sindicatos por arreglos ilegales e inconstitucionales con sindicatos o militantes del partido de Gobierno subordinados incondicionalmente a la voluntad del señor presidente de la República”.

Por otro lado, el dirigente Carlos Navarro, quien también forma parte del Movimiento de Solidaridad Laboral, detalló que “casi dos millones de trabajadores serán afectados por la paralización de la discusión de los contratos colectivos, pero que por la política ineficiente del Gobierno en materia laboral el número puede ascender hasta ocho millones de personas. Entre los trabajadores del sector público afectados por la suspensión de los sindicatos hasta el año 2010, los de las contratistas que dependen del Estado y los informales suman 70% de la población activa que se encuentra afectada por condiciones laborales desmejoradas. Calificaron la decisión como una ofensiva planificada en contra de los derechos sindicales, legales y constitucionales. Por ello, los representantes de la organización convocaron a los sindicatos a reunirse con urgencia para acordar acciones”.

Continuaremos atentos, principalmente al desarrollo del conflicto de los trabajadores petroleros, en defensa de su legítimo derecho a elegir a sus representantes sindicales para acometer la discusión de la Convención Colectiva, sin el tutelaje oficial, ni Comisiones Delegadas, absolutamente controladas por el partido oficialista y los seguidores de Ramírez. ¿Saldrá Ramírez, después de esta confrontación, o se impondrá de nuevo?

¿Qué está pasando con los activos de PDVSA en el exterior?, ¿CITGO camino a la debacle?

Sin duda que responder estas interrogantes, de manera asertiva y precisa, significa ni más ni menos que un acto de magia a lo Copperfield. Sin embargo, algo podemos ir perfilando cuando hemos sido testigos de la no renovación del acuerdo con Seven Eleven que significó la pérdida de más de 4 mil puntos de venta de CITGO; la no renovación del convenio de exclusividad de las estaciones de CITGO en el sistema de autopistas de Turnpike; la venta del 41% de la participación en la refinería de Lyondell (Texas); la venta de las refinerías de Savannah (Georgia) y Paulsboro (New Jersey), incluyendo oleoductos y muelles; las disputas con Conoco-Phillips y Exxon-Mobil que de seguro están afectando los convenios de CITGO, en las refinerías de Sweeny (Texas) y Chalmette (Lousiana) y, adicionalmente, la decisión de PDVSA de reducir el suministro y dejar de vender el crudo a CITGO en condiciones preferenciales; la obligación de PDVSA a CITGO a declarar de mayores dividendos y la solicitud de pagos adelantados por envíos de cargamentos.

Este escenario, permite perfilar un futuro nada alagüeno para CITGO que de seguro está obligada a comprar crudos y gasolinas en el mercado “spot”, para completar corridas, a endeudarse para pagar dividendos y honrar deudas financieras.

Adicionalmente a esto, CITGO debe sobrevivir en un mercado refinador que ha visto mermar su margen con mayor presión financiera y menos activos, de cuyas ventas no fue reinvertido ni un solo dólar en mejoramiento o ampliaciones de infraestructura. Por último, la ya conocida reducción del 51% de su ganancia neta para el 2008, habla sobre la estabilidad financiera de CITGO, para el año 2009, a todas luces más comprometida por la reducción de los márgenes y la contracción de las ventas al detal.

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