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lunes, 28 de septiembre de 2009

Manifiesto de los estudiantes en huelga de hambre

AL PUEBLO DE VENEZUELA*

*A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL MUNDO*

*A LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS*

NOSOTROS, los abajo firmantes, estudiantes de diferentes universidades del país, ciudadanos y ciudadanas libres, demócratas, solidarios y humanistas, expresamos formalmente a los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y del mundo cuánto sigue:

CONSIDERANDO: Que en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, se ha desencadenado en Venezuela una escalada de injusta represión judicial, fiscal y policial contra quienes son identificados como disidentes u opositores por el simple hecho de ejercer válidamente sus derechos Constitucionales a pensar diferente y a manifestar su desacuerdo con cualquier expresión o acto arbitrario del poder y por ejercer legítimamente su derecho a expresar libremente sus opiniones e ideas;

CONSIDERANDO: Que a consecuencia de lo anterior han resultado perseguidos y sometidos a procesos penales injustos cientos de ciudadanos, y que incluso muchos de ellos han sido privados de su libertad sin base de legitimidad alguna, entre los que podemos contar a empresarios, funcionarios policiales, miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, trabajadores, sindicalistas, representantes de partidos políticos, líderes democráticamente electos y, lo más grave, estudiantes universitarios y líderes juveniles por el simple hecho de expresarse contra los abusos del poder o cuestionar el desempeño gubernamental;

CONSIDERANDO: Que hemos determinado que ello responde a una política formal del Estado destinada a la criminalización de la disidencia y de la oposición que está dirigida a desconocer la legitimidad del opuesto y al diálogo como forma de resolución de los conflictos políticos y sociales, y a sembrar el miedo en la población en general a través del uso indebido de las instituciones que conforman el sistema de justicia y del irrespeto los derechos civiles, al pluralismo político como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, a las más elementales reglas de convivencia pacífica y a las normas que regulan el desempeño del poder en el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia en los términos en que se pauta en el Art. 2º de nuestra Carta Magna;

ACORDAMOS: Denunciar la existencia en Venezuela de una política generalizada y sistemática de persecución por motivos políticos, ejercida contra la disidencia y la oposición a través de las instituciones del sistema de justicia nacional que amerita que los organismos internacionales tutelares de la democracia y de los derechos humanos registren los eventos que lo demuestran y, dentro de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para hacer cesar tales atentados contra los derechos de la ciudadanía;

EN CONSECUENCIA, HEMOS DECIDIDO:

PRIMERO: Solidarizarnos decididamente con los perseguidos y presos políticos de nuestra nación;

SEGUNDO: Reclamar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA su decidida intervención, a través de un a visita In Loco a nuestro país, para hacer constar los hechos aquí denunciados y hacer cesar toda persecución ilegítima que, disfrazada de procedimiento legal, se esté instruyendo o haya sido instruida injustamente contra todos los perseguidos y, especialmente, contra todos los presos políticos de nuestro país;

TERCERO: Informar que continuamos la huelga de hambre ante la representación en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que implementaremos cuántos medios de protesta, pacíficos pero contundentes, sean necesarios:

1. Al reconocimiento expreso, nacional e internacional, de la existencia de una sistemática política gubernamental orientada a la criminalización de las expresiones disidentes u opositoras;

2. Al reconocimiento expreso, nacional e internacional, de la existencia de presos y perseguidos políticos en nuestra nación;

3. Al cese inmediato de toda persecución judicial, fiscal o policial contra quienes, como nuestro compañero Julio Rivas y otros, hayan sido sujetos a procedimientos criminales injustos o a persecuciones de cualquier índole por el simple hecho de ejercer válidamente sus derechos constitucionales.

REIVINDICAMOS formalmente a la expresión pacífica de nuestras ideas, a nuestro derecho a la libertad de conciencia, a nuestro derecho a la manifestación pacífica de nuestras opiniones y al diálogo como nuestras herramientas de lucha democrática;

EXIGIMOS de las instituciones nacionales e internacionales que, sin sesgo ideológico distinto al del humanismo pleno, y respetando al pluralismo político y a la tolerancia como valores esenciales para la pacífica convivencia, que cumplan los deberes que les han sido asignados por los Tratados Internacionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes vigentes con estricto apego a la consideración del ser humano, libre y solidario, como destinatario último de todas sus actuaciones por encima de las pretensiones personalistas, belicistas o desconocedoras desde el poder de la Dignidad Humana.

En Caracas, a los Veintisiete (27) días del mes de Septiembre de Dos Mil Nueve (2009)

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