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domingo, 14 de julio de 2013

AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Alberto Quiros Corradi

En un indispensable artículo (El Nacional, 08-07-13) Gustavo Roosen analiza los esfuerzos que deberían hacer las universidades públicas para “ayudar” a cubrir sus déficits presupuestarios que, aunque representan el 40% del presupuesto nacional para educación, no cubren sus necesidades.

Mucho se ha discutido sobre la justicia de este elevado monto (en términos porcentuales) habida cuenta de las necesidades presupuestarias para construir escuelas y mejorar la calidad en educación inicial, básica y diversificada. Disminuir las cifras de los excluidos y los que abandonan el sistema. Sin olvidarnos de las escuelas técnicas e institutos universitarios de carreras cortas. A primera vista pareciera que la distribución no es equitativa, por ser estos institutos los que atienden a la mayor población. Roosen sugiere que las universidades reduzcan costos y generen ingresos, entre ellos: utilizar las redes propias y regionales para reducir el costo del campus. Menos años para algunas carreras. Eliminar los repitientes vitalicios. Solicitar contribuciones de los egresados.

Yo voy más allá. No puede haber una real autonomía universitaria si no existe una autonomía financiera que no dependa solo de las contribuciones oficiales que pueden no satisfacer sus necesidades porque el gobierno no puede o porque no quiere. No van a manejar siempre los presupuestos universitarios con el mismo criterio (PDVSA se decretó con autonomía financiera y véanla ahora) Lo curioso es que cuando Bolívar, Vargas y Revenga en 1827 convirtieron a la Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela le asignaron rentas propias al donarle varias haciendas en producción. Nuestros precursores comprendían la autonomía. Además, nunca hemos entendido porque una universidad autónoma negocia sus sueldos y salarios con el Ministerio de Educación. Eso lo deben hacer las autoridades universitarias con sus profesores, empleados administrativos y obreros de acuerdo a un presupuesto elaborado por ellos, que debe incluir: 1. Costos fijos que no pueden dejar de pagarse (electricidad, teléfono, agua, mantenimiento y otros) 2. Sueldos y salarios variables. 3. Costos operativos de las diferentes escuelas. 4. Costos de investigación. 5. Becas. 6. Crear un fondo de jubilación. No se debe cargar al presupuesto operativo anual con los pagos a los jubilados. Extender los años de servicio y de edad para jubilarse. El presupuesto debe ser realista. No se puede hacer lo que no tiene financiamiento. Tampoco se debe, para ajustarse a lo disponible, reducir los salarios o congelarlos, como sucede hoy. Si no se pueden mantener todas las escuelas, entonces habrá que eliminar algunas, en consulta con las otras universidades públicas, para asegurar que nacionalmente habrá las necesarias.

El personal de las universidades públicas tiene que modernizar también su visión. No es antiacadémico asesorar y cobrar consultorías externas. No hay que multiplicar departamentos por cada facultad. El gobierno que ha recibido los ingresos petroleros más altos de la historia podría, con una pequeña parte de lo que le ha regalado a otros países, haberle donado a las universidades públicas instalaciones petroleras, edificios, tierras agrícolas en producción, etc y después auditar la buena administración de esos bienes y medir el éxito académico mediante programas que establecen su eficiencia, tanto nacional como internacional.

La autonomía académica sin autonomía financiera no es una autonomía integral y “eso” hay que defenderlo con valentía.

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