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martes, 12 de marzo de 2013

El lado oscuro del subsidio a la gasolina


Juan L. Martínez

El subsidio a los combustibles, en especial los de uso automotor, tiene un efecto pernicioso directo sobre quién lo acarrea, en este caso, la estatal PDVSA, derivándose al Estado venezolano con un costo de más de 16000 millones de dólares para 2012, cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

El efecto inmediato que esto viene causando sobre PDVSA es la cada vez mayor precariedad en el mantenimiento de sus sistemas de refinación, así como de su infraestructura de transporte, distribución y comercialización de combustibles.

Es de conocimiento público que Venezuela está importando gasolina desde 2011, y diesel desde 2012, especialmente después del desastre de la Refinería de Amuay el 25 de agosto del año pasado. El costo de estas importaciones podría estar en el orden de 2000 millones de dólares durante 2012.

El sistema combinado de distribución y transporte por poliductos más reciente, el SISCO (Sistema de Suministro Centro Occidental), fue inaugurado por PDVSA en 1993, hace 20 años. La capacidad de manejo de combustibles de estos sistemas es de 380 mil barriles diarios, muy por debajo de la demanda actual del mercado interno venezolano. De ahí que la estatal PDVSA haya tenido que invertir cuantiosas sumas en el engrosamiento de la flota de camiones-remolque, a fin de compensar este déficit de capacidad.

Por otro lado se tiene, y se agrava cada día mas, el problema del contrabando de extracción, el cual se estima roba al país cerca de 50 mil barriles diarios de gasolina y diesel, para ser comercializados a precios muy superiores en Colombia, Brasil, Centroamérica e islas del Caribe.

Sin embargo, aun se escuchan opiniones adversas ante la necesidad imperiosa de reformular estas políticas de subsidios implícitos. Los argumentos que se siguen esgrimiendo se basan en el derecho que tienen los venezolanos a disfrutar de combustible barato ya que somos un país petrolero. Nada más equivocado. Un gobierno fundamentalista como el de Irán tuvo que olvidarse de esto ante la ruina que representaba su mercado interno de energía. A partir de 2011 empezó a ajustar los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad con el objeto de llevarlos, gradualmente, a términos equivalentes a su costo de importación.

El modelo distributivo actual quedó al descubierto con el estudio de Gustavo García y Silvia Salvato “EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA”, publicado en septiembre de 2005 por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (http://www.comunidadandina.org/public/libro_EquidadFiscal_venezuela.pdf).

A partir de estos datos, se puede inferir que la distribución real del subsidio implícito a los combustibles para uso automotor, incluyendo su porción de uso para transporte público, transporte de carga y vehículos particulares, es absolutamente desigual. El 20% de las familias de menores ingresos apenas se beneficia de un 7% de este subsidio implícito, mientras que el 20% de las familias de mayores ingresos percibe el 39% de dicho subsidio.

Todo lo anterior bajo la tesis de que el subsidio llegue de alguna manera a los consumidores, mas sin embargo, hay serias evidencias de que una buena parte del mismo beneficia directamente a grupos económicos asociados a la industria automotriz, transporte público y transporte de carga. Combustible barato o regalado puede incrementar con mucha facilidad la demanda de vehículos de toda gama, así como la rentabilidad de los servicios de transporte.

¿Se refleja verdaderamente el subsidio a los combustibles en las tarifas y la calidad del transporte público y en el precio de los productos que consumimos en Venezuela? Pareciera que no es así.

Hay soluciones para esto y su implementación puede llevarse a cabo con éxito recuperando los costos de producción y distribución, erradicando el contrabando, redistribuyendo la renta de forma equitativa y logrando que la actividad pueda crecer y generar empleos incentivando la participación del capital privado. Todo ello es absolutamente viable con la modificación de la estructura de precios y mediante la instrumentación de un mecanismo de compensación directa destinado a beneficiar a la mayor parte de las familias. Un cambio radical de políticas públicas que verdaderamente distribuya la renta de manera equilibrada.

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