Condominio en barrios

Miguel Mendez Rodulfo

 

En la lucha contra la pobreza dos experiencias, ambas generadas en el tercer mundo, destacan sobremanera por su efectividad para combatir el flagelo que condena a una porción significativa de la humanidad a vivir en condiciones deplorables: la propuesta del Grameen Bank en Bangladesh, dirigido por el Dr. Mohammed Yunnus, que consiste en el diseño de un mecanismo financiero de popularización del microcrédito destinado a financiar al sector más pobre de la sociedad, y la propuesta de Hernando de Soto, economista peruano, que propugna la titularización de la tierra sobre la cual está construida la vivienda de los pobres de las ciudades, con la finalidad de usar la propiedad como garantía para la obtención de un crédito del sistema bancario, de manera de mejorar la propia vivienda o realizar algún emprendimiento.

En Venezuela el arquitecto Daniel Fernández-Shaw ha elaborado una creativa y sofisticada propuesta que apunta a dotar a los pobres de los barrios de unas condiciones de vida confortables al reestructurar el propio barrio, transformando el entorno en el cual está enclavado, en un condominio residencial. Se trata de desarrollar un proyecto urbanístico que se aplique progresivamente a una porción del barrio, que integre entre 50 y 100 viviendas a través de la constitución de un condominio, figura jurídica a la que se transferiría colectivamente la propiedad individual de cada uno de los dueños de las viviendas, de manera que el sistema bancario pudiera estar interesado en financiar la remodelación de las casas en cuanto a fachada y espacios internos, así como vialidad y servicios comunes. 

Por supuesto que para implementar tan creativa solución hace falta la definición previa, por parte del Estado, de una serie de políticas públicas tales como: el otorgamiento de la tenencia de la tierra a quien la ocupa, o sea la titularidad de la propiedad del terreno invadido, lo que supone que en atención al estado de derecho se compense debidamente al anterior dueño de la parcela, no importa cuanto tiempo haya transcurrido de la usurpación. Se requiere además una política clara de financiamiento de la vivienda en el sector específico de los barrios; esto no significa la consabida salida fácil que han implementado los gobiernos de los últimos 50 años que no es otra que transferirle al sector privado la obligación de destinar un porcentaje de la cartera bancaria al financiamiento de la vivienda. Más bien se trata de destinar un porcentaje fijo de la inversión del Estado en materia de vivienda hacia el programa de mejoramiento de los barrios.

Otras políticas clave son por ejemplo terminar con la vieja e inefectiva práctica de adjudicar viviendas sin pago a cualquiera, cuando sólo debe efectuarse en los casos de personas en situación de pobreza extrema; la dádiva que se da finalmente a unos pocos privilegiados atenta contra el sostenimiento del sistema en el tiempo y termina por aniquilarlo como ha sucedido en las últimos 50 años, en el que las nuevas generaciones de venezolanos no han podido acceder a una vivienda porque no hay fondos ni incentivos para el desarrollo del mercado inmobiliario.  

Si este gobierno entendiera que el desarrollo de un mercado inmobiliario logrado a través de la concertación pública-privada, es un tremendo factor de expansión de la economía, que genera fuentes de trabajo estables así como abundantes y que la posesión de una vivienda para el entorno familiar es un elemento dignificante más  importante que la obtención de un empleo o que la posesión de un carro, la suerte de los pobres cambiaría.