EXPROPIACIONES

Alberto Quiros Corradi

La reciente expropiación de Conferry “para dar un mejor servicio y cobrar precios más justos a los residentes de la isla” plantea una tesis interesante y novedosa por la razón dada para tomar la medida. En efecto, hasta ahora, se había expropiado por capricho, por razones “estratégicas”, para romper presuntos monopolios, para sembrar tierras no utilizadas pero nunca se había expropiado para dar un mejor servicio que el prestado por el dueño privado. El concepto parece basarse en el deseo de que los ciudadanos gocen de un buen servicio en cosas que son imprescindibles para una mejor calidad de vida. Pero me queda la duda sobre si se extenderá su aplicación a aquellos servicios públicos que hoy dejan mucho que desear. 

 

Empecemos por la electricidad. No hace falta extenderse mucho sobre este tema. El servicio es deficiente y no se vislumbra, bajo el modelo de propiedad actual, alguna mejora en el futuro inmediato. Las vías de comunicación: autopistas principales, carreteras secundarias y vías de penetración agrícola con sus viaductos y puentes son un verdadero monumento al abandono, a la desidia y el desinterés. No es exagerado decir que las vías de comunicación, que hacen de Venezuela un todo coherente, están fracturadas y ahora el país es como un inmenso rompecabezas sin armar con las piezas dispersas. Los hospitales y las escuelas son símbolos de la desidia por el derrumbe de sus estructuras físicas. Cuando digo derrumbe no lo expreso en sentido figurado. Paredes caídas. Techos que parecen un observatorio sideral. Baños dentro de los cuales hay que recoger del suelo el lavamanos, por no hablar del deterioro estético que exhiben como una condecoración al mal gusto. 

 

Las empresas de Guayana. Sidor, Venalum, Edelca, Tavsa, Carbonorca, el bosque de pinos de Uverito. Verdaderos depósitos de mala gerencia y corrupción. Sumideros del dinero de todos los venezolanos ¿cuánto hace que no se conoce un balance positivo de estas empresas? Por último, las dos perlas del desastre: PDVSA y la inseguridad ciudadana. Ya no puede ocultarse el desgaste continuo de PDVSA. Su falta de gerencia, su corrupción, su incapacidad operativa por ocuparse de problemas no vinculados a su misión: explorar, producir, refinar, transportar y comercializar el petróleo venezolano al menor costo y al mejor precio posible. Su ineficiencia visible le dificulta resolver aspectos críticos como el bajo precio de la gasolina en el mercado venezolano ¿Cómo puede atreverse el régimen a subirles los precios a los consumidores si exhibe en todas sus actividades mala administración y despilfarro? La inseguridad ciudadana constituye nada más ni nada menos que la legalización de la pena de muerte. Más del 90% de los crímenes quedan sin castigo. El régimen condena a CAP después de muerto pero deja libres sin acusación y sin condena a funcionarios públicos cómplices y responsables por muchas de las muertes de ciudadanos inocentes. En materia de justicia en Venezuela hay una verdadera inversión de valores. 

 

Hay más, mucho más que se pudiera mostrar como prueba de la mala gestión de los entes estatales. La pregunta es: si el régimen expropiará a las empresas privadas que prestan, según ellos, mal servicio, ¿quién y cómo expropiaremos a las instituciones oficiales que lo hacen aun peor? ¿Empezaremos por devolverle al sector privado a Sivensa, las cementeras, Agroisleña y las tierras antes productivas hoy saqueadas? ¿Privatizaremos luego a las empresas estatales que funcionan mal? 

 

¡Lo que es igual no es trampa!