Guillermo A. Zurga
Después de haber anunciado la subida del precio de la gasolina y combustibles asociados e iniciarse las inmediatas manifestaciones por transportistas y pueblo en general, que se dieron en la nación boliviana, ante las percibidas posibles consecuencias que se avecinaban, el gobierno no tuvo otra alternativa que la de derogar el decreto, con la excusa de que lo hacían por obediencia al pueblo.
El rechazo categórico al gasolinazo y el estallido violento de protestas generalizadas, tiene su posible explicación, en el hecho de que la medida no fue analizada ni consultada suficientemente, ni Bolivia está en condiciones políticas como para implantar tal decreto.
Por otra parte, es muy posible que esa haya sido la recomendación de Hugo Chávez, quién tiene un problema similar en Venezuela, razón por la que no se atreve a aumentar estos precios, los cuales honestamente están muy bajos, y detienen el crecimiento de otras áreas de posible desarrollo económico, como lo es el estancamiento de la industria del gas natural para uso vehicular, por no poder competir con el precio tan bajo de la gasolina.
Los países productores de petróleo de Latinoamérica, tienen el problema común de tener que mantener los precios internos de los combustibles muy por debajo de los del mercado mundial del mundo desarrollado, cuyos niveles de precios son más realistas y cónsonos con su valor de producción. Es como un círculo vicioso que se forma, debido al costo político que tendrían que pagar los gobiernos, por proponer incrementos en los precios de venta de los combustibles.
El ciudadano promedio de nuestros países latinoamericanos, piensa, que como producimos petróleo, el precio de los combustibles debe ser altamente subsidiado, sin analizar las consecuencias económicas colaterales por estos alarmantes subsidios en nuestros países.
Como los precios del transporte, también tienen un alto subsidio, y son controlados por los respectivos gobiernos, por ser este renglón de la vida cotidiana de consumo público masivo; entonces, los transportistas, son los primeros en oponerse, utilizando la excusa de que ellos también subirán los costos del transporte, y por lo general lo hacen a niveles especulativos, aprovechando el momento coyuntural.
A los transportistas, se les suman los comerciantes, que tendrían que pagar mayores precios de transporte, razón por la que ellos también suben los precios de sus mercancías, desencadenando una espiral inflacionaria de difícil impedimento, que puede acabar con cualquier gobierno, por más estable políticamente que este sea, la cual no es la situación de Bolivia, y mucho menos de Venezuela.
La moraleja de esta situación, es la de que existe conciencia entre los mandatarios del muy bajo costo de los combustibles, razón por la que además, se estimula el contrabando hacia países donde el costo del combustible es ligeramente superior; pero lamentablemente, al menos que estos incrementos se hagan a la fuerza, es algo así como imposible imponerlos, sobre todo, si la situación de crecimiento económico (PIB) de estos países está por debajo de lo razonable.
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