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lunes, 12 de diciembre de 2011

Analistas dicen que el Gobierno ha politizado el sector eléctrico


Impacto económico de la crisis suma 87 mil millones de dólares
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MARIELA LEÓN (El Universal 12-12-11)

Especialistas en energía aseguran, tras hacer un seguimiento permanente del sector, que la crisis eléctrica ha sido deliberada por las instancias oficiales. El deterioro del sistema y del servicio "forman parte de un libreto" del Gobierno. 

El grupo de profesionales -integrado por profesores universitarios, exdirectivos de empresas eléctricas y asesores internacionales- advierte que durante la actual gestión "se ha engañado al país, se ha incumplido con las metas anunciadas, se ha generado un elevadísimo costo a la nación -incomparable con el paro petrolero- y el problema no se ha resuelto como se ha querido hacer ver". 

Miguel Lara, Nelson Hernández, Víctor Poleo, Iñaki Rousse, Jorge Pirela, Ciro Portillo y José Aguilar, vía skype, indicaron que el "deterioro del sistema eléctrico es ex profeso". La actividad eléctrica, en estos 13 años, "ha sustituido la descentralización por la centralización de la toma de decisiones (violando el artículo 78 de la Constitución), la meritocracia por el clientelismo político, el conocimiento por la astucia, la información por una opacidad estadística, la ingeniería venezolana competente por una injerencia extranjera incompetente y la prestación de un servicio de calidad por un desprecio hacia los clientes". 

Consideran que el sector eléctrico venía soportado sobre una infraestructura sólida en generación, distribución y transmisión, con planificación, profesionalismo y capacitación. Y este gobierno prolongó por muchos años la desinversión, cambió la planificación por la improvisación e incumplió con la ejecución de obras, provocando "ineficiencia y anarquía, con el propósito de propiciar caos intencionalmente. Si estás conmigo sobrevives en el caos, si no estás conmigo te vas". 

Los analistas argumentan que, en simultáneo, "el Gobierno ha puesto en marcha un plan concebido a politizar todos los espacios y tomar al sector eléctrico, al aparato productivo y a la población, con el fin de someterlos con sus decisiones". 

Pero, ¿ acaso el Gobierno puede atentar contra sí mismo?. "Lo que está haciendo le está trayendo beneficios", anticipa Hernández. "El pueblo vive de esperanzas y agradece lo poco que recibe. No hay viviendas, pero el Gobierno promete darlas e invita a inscribirte en un censo; si no te la dan siempre vas a tener la esperanza de que será algún día. Igual ocurre en el sector eléctrico, el Gobierno asegura estar trabajando para mejorar el servicio, mientras transcurren más de dos años de racionamientos y fallas; sucede con los alimentos, y la promesa de acabar con la escasez. Toda revolución se sostiene en los pobres y en la esperanza. Y la crisis vino como anillo al dedo al proceso político. 

"Lamentablemente", observan, "los usuarios parecen acostumbrarse a no tener luz, a que se la corten por 2, 3, 5 horas, a modificar sus horarios, a que disminuya su calidad de vida. Asimismo procede con los suscriptores residenciales formales, que tienen medidores, pagan y son ilegalmente pechados por consumir lo que facturaban en 2009. Ya los centros comerciales no operan como antes. Apagan los hornos de las empresas básicas de Guayana y desde entonces, el Gobierno no promueve su reactivación". 

Es lo que el equipo de analistas denominó como "el Plan Nacional de Destrucción (PND)". 

Abismo numérico 

Según cálculos que manejan, esta contingencia eléctrica genera un impacto económico al país cercano a los 87 mil millones de dólares, "más que el paro petrolero y 3 veces el equivalente a las reservas internacionales de Venezuela". 

Esta cifra es el resultado de sumar los valores económicos derivados de la energía no servida (racionamientos) y el caudal que se alivia diariamente del embalse de Guri, así como las centrales hidroeléctricas de los Andes y que no se utiliza en la producción de hidroelectricidad, explica Aguilar. Durante 2010 hubo severos racionamientos en el primer cuatrimestre y en el resto del año se presentaron más flexibles; mientras que en 2011, de los 334 días que distan entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, se ha racionado en 333 días, es decir, 1 solo día estuvo a salvo la población de esa medida. 

De acuerdo a Aguilar y Hernández, "para el 2010 un megavatio hora (Mwh) costaba 2.950 dólares o 2,95 millones de dólares por gigavatio hora (Gwh). Este indicador es asociado a los racionamientos que se han registrado en el país en el período 2010-11, por estado y por empresa, de allí que para ese año se estimó un daño (costo) aproximado a 44,6 mil millones de dólares y en 2011, de 37 mil millones de dólares". 

Recuerdan los expertos que "el Gobierno decretó un racionamiento de 670 Mw a las empresas básicas de Guayana (aluminio, hierro, acero) a raíz de la crisis que se avizoraba a fines de 2009 y hasta la fecha Guayana ha estado racionada permanentemente, sin que el Ejecutivo muestre interés en reactivar ese polo de desarrollo. Ese recorte de energía, en casi dos años, se eleva ahora en promedio a 1.189 Mw, por los accidentes industriales en Sidor, por celdas que no volvieron a operar y por la falta de insumos. 

La afectación económica de botar el agua de las represas, se evelúa al tomar en cuenta "los volúmenes derrochados en millones de metros cúbicos se convierten a GWh usando los factores de conversión del Bajo Caroní, La Vueltosa y Uribante, estos a su vez se traducen en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP) y con el precio de $80,31 el barril para 2010, y de $100,66 en 2011, se llega a otros $5 mil 700 millones en daños a la nación", dice Aguilar. 

Sostienen que "el Gobierno engaña al país al anunciar que la crisis está superada, cuando persisten el déficit de generación y las trabas en distribución y transmisión; y a que las metas se han cumplido".

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