Destruccion de Venezuela

Humberto Tirado Sánchez

Mientras la mayoría de los venezolanos trata al menos de igualar sus ingresos con los crecientes costos de la cesta básica, un grupo muy pequeño alterna este drama con la no fácil tarea de organizar lo que será la resistencia contra el deseo del presidente de mantener el poder hasta  “el dos mil siempre”.

Supongo que los lectores afectos a la gestión gubernamental comentarán que “quienes integran ese pequeño grupo, son miembros de la oligarquía, financiados por el imperio y que definitivamente ¡No pasarán!”.

Mientras transcurre esta diatriba entre venezolanos, el régimen continúa su tarea demoledora de instituciones, de empresas, de empleos, del poder adquisitivo y del futuro de los jóvenes y en general de todos los venezolanos, sin distingo de color político. Como ejemplo, de acuerdo a datos de Conindustria, desde 2002 hasta la fecha, el Gobierno nacional expropió 988 empresas y hasta hace dos meses, 41% más que las del año pasado. Estos datos revelan que ya nadie es dueño de nada bajo este gobierno. Si la empresa mediana, pequeña o grande, funciona bien, el Gobierno inventa cualquier excusa para expropiarla y “ponerla en manos de los trabajadores”. Muchos de los sindicatos que cayeron en la trampa de las expropiaciones hoy se ven expuestos a una situación denigrante, salarios caídos y malversación por parte de personeros oficialistas que juegan a la corrupción.

El escenario expuesto sólo genera incertidumbre jurídica, aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción lo cual se traduce en desabastecimiento e incremento del costo de la vida y del desempleo y sus consecuencias, entre ellas la inseguridad. Como afirma  Jorge Botti, presidente de Fedecámaras: "cada vez que se expropia una empresa, esta acción funciona como un elemento inhibidor, de miedo a millones de venezolanos que tenían intención de invertir". Esta afirmación se corrobora con los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) que indican que en el segundo trimestre, del año 2011, la inversión cayó 3,6% para llegar al nivel más bajo en los últimos cinco años. La inversión extranjera tampoco es alentadora. De allí la inmensa paralización que refleja la economía. Dice Botti: “Los Gobiernos inauguran, no expropian”. Estimaciones de Ecoanalítica calculan que el Gobierno nacional adeuda 20.000 millones de dólares por concepto de expropiaciones, monto considerable que debería ir a la construcción de edificaciones escolares, de salud, viviendas; construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, de medios masivos de transporte, sistemas de producción y distribución de energía eléctrica, entre otras obras. Al respecto, decía el gobernador César Pérez Vivas: “nuestro pueblo necesita vivir en paz, sin la incertidumbre de que el día de mañana se quedará sin empleo”.

Todavía me resisto a creerlo, pero los hechos indican que este Gobierno gestiona la ruina de todos para que dependamos de sus dádivas. Así cada cadena, cada anuncio del presidente se refiere a la expropiación, a la intervención, léase cierre de alguna unidad de producción y el consecuente cierre de fuentes de empleo. Durante estos últimos meses le tocó a 25 fundos productivos en el Zulia con  la excusa de “adjudicarle esas tierras a las comunidades indígenas de la etnia Yukpa”; a la trasnacional Agroflora en el centro del país, a canteras en Anzoátegui y a tres emisoras radiales. Y no es casualidad las advertencias sobre una posible intervención a las empresas que producen y comercializan agua potable y los cierres temporales como sanción, de empresas exitosas como Farmatodo y Unicasa.