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martes, 14 de julio de 2009

PDVSA HOY

José Guerra

"Ahora anda Pdvsa desesperada, tratando de colocar deuda y buscando quien se la compre por US$ 3.000 millones, debido a que no tiene caja para financiar sus gastos."

Si en Venezuela existiesen tribunales independientes y un parlamento que en verdad controlara los actos del Gobierno, como debe ocurrir en una verdadera democracia, hace rato que ya el todopoderoso presidente de Pdvsa y Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, hubiese sido objeto de una investigación para determinar su culpabilidad en la situación de la industria petrolera nacional.

En 2008, debido a los altos precios del petróleo, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de US$ 87.403 millones, la cifra más elevada de la historia de Venezuela. Ese mismo año, la empresa, que ha obtenido gigantescos ingresos por la venta de petróleo en el exterior acumuló una deuda registrada de US$ 14.000 millones, mientras le debe a los contratistas y proveedores US$ 7.000 millones para un total de US$ 21.000 millones. Nunca Pdvsa había debido tanto, en momentos, hasta 2008, de un alza espectacular de los precios petroleros. Además, Pdvsa está demandada en tribunales internacionales y de perder los juicios, que esperemos no los pierda, deberá desembolsar aproximadamente US$ 10.000 millones adicionales. Pdvsa, igualmente, le debe a sus trabajadores por incumplimiento de la contracción colectiva al tiempo que, usando toda su influencia en el CNE, logró que se suspendieran las elecciones sindicales.

Ahora anda Pdvsa desesperada, tratando de colocar deuda y buscando quien se la compre por US$ 3.000 millones, debido a que no tiene caja para financiar sus gastos. Antes, la empresa le vendió a China petróleo a futuro y le ha pedido prestado a Japón para obtener ingresos, comprometiendo así parte de la producción petrolera. La misma empresa que regala parte del petróleo en el exterior, ahora tiene que endeudarse. La pregunta es cómo estas irregularidades, aparte de las acusaciones de corrupción, han pasado sin que ningún órgano abra una investigación sobre la evaporación de los ingresos petroleros de Venezuela y el endeudamiento que está asumiendo la empresa, lo cual hipotecará los ingresos futuros del país. La respuesta es muy sencilla: todos los poderes en Venezuela, desde un comisario de pueblo hasta la Contraloría General de la República están subordinados a Miraflores. Cuando ello ocurre, se cuestiona la existencia de la democracia, uno de cuyos pilares es la separación de poderes para obligar al Gobierno a rendir cuenta y a castigar a quienes han manejado los recursos del pueblo de forma inapropiada.

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