Horacio Medina (10 Noviembre, 2011)
*“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”.*Albert Einstein
En medio de la campaña electoral que adelantan los precandidatos de la alternativa democrática, el tema de PDVSA ha saltado al primer plano en las diferentes entrevistas y discursos pronunciados por dichos precandidatos. Resulta obvio que esta situación merece una atención profunda desde antes que se produzca el cambio político que, inevitablemente, sucederá a partir del resultado de la elección presidencial en octubre de 2012, secundada por la elección de gobernadores en diciembre del mismo año y la posterior elección de alcaldes en el 2013.
Estamos persuadidos que las medidas pertinentes, para garantizar la continuidad operacional, se están diseñando de manera consciente y responsable, aun cuando, no debemos descartar ni perder de vista algunas acciones contrarias que podrían provenir de sectores radicales que están insertados en la industria y que atentarían contra esa continuidad operacional. Corresponderá a la Fuerza Armada Nacional garantizar la normalidad y velar por la seguridad e integridad física del personal y las instalaciones.
Otro tema que subyace en este cambio, está relacionado con el trato que deberá darse a la fuerza laboral que hoy pertenece a la nómina de la empresa que asombrosamente supera los 100 mil trabajadores. Sin duda que la variedad y naturaleza de sus integrantes hacen más compleja la situación. Por una parte, la nómina se ha visto inflada de manera desproporcionada por el clientelismo partidista que impera actualmente y, por otro lado, por las nóminas de muchas empresas que han sido confiscadas y cuyos trabajadores forman parte hoy de PDVSA.
Por supuesto, también están allí los que han estado en la empresa desde tiempos anteriores al 2002 y muchos otros nuevos profesionales que legítimamente han sido contratados y ejercen su profesión en la industria. Ante una situación tan complicada, se hace necesario establecer un plan de evaluación y selección signado por el respeto a los derechos laborales con el mayor apego a la normativa legal vigente, procurando alcanzar el objetivo de cero impunidad pero con máxima obediencia a la justicia y equidad. Es obvio que aquellos que no puedan justificar su presencia, más allá de su compromiso político partidista, deberán dejar su puesto, al igual que aquellos que puedan comprobárseles delitos de cualquier índole en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, queremos referirnos al tema específico de los 23 mil trabajadores injusta e ilegalmente despedidos durante 2002 y 2003, para lo cual estimo necesario hacer un balance mucho más racional que el planteado hasta ahora, pletórico de sentimiento, idealismo y pasión, pero, tal vez, carente de lógica y realidad.
No perdamos de vista que ha transcurrido prácticamente una década desde los hechos sucedidos, primero en abril y luego en diciembre de 2002. La inmensa mayoría de los trabajadores despedidos se vieron impedidos de encontrar un empleo digno en el país. Quizás un 25% de ellos, emigraron hacia diversos países y encontraron un empleo fijo o tierra fértil para fundar y desarrollar sus propias empresas. Otros, también emigraron, pero solo con empleos intermitentes y de corta duración que siempre los obliga a regresar para después volver a partir, convertidos en nómadas de la profesión. Los más, a mi modo personal de verlas cosas, continúan en el país, en lucha titánica por sobrevivir de la manera más digna posible, agobiados por la precariedad económica del país y por ende, con reducidas fuentes de empleo no gubernamental. ¿Que todos regresaran? Me parece difícil, sobre todo bajo el esquema tradicional y con la misma relación empleador y empleado. Sera necesario apelar a la creatividad para buscar esquemas que permitan atraer, particularmente aquellos que hoy brillan como empresarios, consultores, asesores o proveedores de servicios. Lo que sí está claro, es que todos, absolutamente todos deberán reincorporarse a la empresa, bajo el esquema que sea diseñado para poder restablecer la relación laboral y cerrar el episodio de los despidos injustificados ocurridos una década atrás.
Por nuestra parte, continuamos apegados a la estrategia claramente definida en torno a la Organización Internacional del Trabajo, para ello seguimos acumulando evidencias en el expediente, denunciando de forma responsable y con argumentos sólidos, todos los atropellos y violaciones que día a día se continúan cometiendo en nuestra contra, convencidos como estamos que esa instancia nos proporciona un instrumento de lucha, un elemento de cohesión y una razón fundamental para perseverar. Muchas cosas han evolucionado, hace diez años, la comprensión del objetivo del chavismo, no parecía evidente para muchos. Hoy día, se reconoce, de manera pública y notoria que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que en Venezuela no hay independencia de poderes, que en Venezuela la justicia está secuestrada, aun cuando la masa trabajadora, la sociedad en general todavía no está plenamente consciente que sobre esas violaciones cotidianas se construye un régimen de fuerza que podría terminar por ahogarnos.
Finalmente, nuestro caso continua y lo llevaremos hasta el final, son muchos los contratiempos que hemos superado, son muchas las derrotas que hemos asimilado, pero la batalla final todavía no la hemos peleado. No estamos esperando que PDVSA honre nuestras prestaciones sociales luego de los despidos injustos e ilegales, esta es una visión simplista y equivocada. Nuestra lucha desde siempre ha sido por nuestra reincorporación a la empresa, por el reenganche, para decirlo en términos más coloquiales cumpliendo con la recomendación de la OIT, a la cual siempre hemos estado apegados.
En tal sentido, nos parece pertinente recordar tres párrafos dela carta que UNAPETROL envió el 25 de julio de 2005, a Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Petróleo (también enviamos una similar, en la misma fecha, a la Ministro del Trabajo, María Cristina Iglesias y otra a la firma de Auditoria KPMG el 22 de agosto de 2005).
Estas cartas se expresa, inequívocamente, cual ha sido desde siempre nuestro objetivo fundamental e irrenunciable. “La presente comunicación Ciudadano Ministro, está relacionada con las recomendaciones que hace la OIT al gobierno venezolano y que están plasmadas en el referido Informe del Comité de Libertad Sindical, aprobado por el Consejo de Administración, las cuales nos inducen a solicitar una reunión entre representantes de UNAPETROL, funcionarios del Ministerio de Energía y Petróleo y directivos de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., para tratar asuntos de gran interés para las partes o instituciones antes mencionadas y que señalamos más adelante”. “De igual modo, tendremos que hacer algunas consideraciones importantes en función de resolver la situación familiar planteada a raíz de los violentos desalojos ocurridos en los campos operacionales de la Empresa y los posibles escenarios de rechazo interno que pudieran surgir durante la reincorporación de los compañeros de manera inmediata”. “Por otro lado, Señor Ramírez, es imprescindible que desde sus posiciones como Ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A., prevea las correspondientes medidas financieras y de tesorería que deberán implantarse para dar cobertura al significativo monto de recursos que demanda satisfacer los sueldos y salarios caídos, los ajustes salariales, los pagos de intereses, los fondos de las cajas de ahorro, bonos vacacionales, utilidades y en fin, todos los ajustes salariales que hayan tenido lugar”.
Las otras cartas están redactadas en los mismos términos y están a la orden de quien quiera consultarlas. Los Ministros jamás respondieron, lo cual era de esperarse, dado su talante antidemocrático. Los auditores tampoco lohicieron, ellos tendrán que dar explicaciones en su momento. Que quede claro que nuestros principios hacen que para nosotros, como bien lo expresa Fernando Savater,
“la Ética forma parte de nuestro Amor Propio "
Horacio Medina. Saludos Petroleros resteados somos todos!
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