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miércoles, 25 de mayo de 2011

Manejo insólito de una estafa. Juan Fernández

NO MAS PRESOS POLITICOS, NI EXILIADOS
Realmente insólita la solicitud, hecha ante la Asamblea Nacional, de suspender la investigación sobre la estafa del Fondo de Pensiones de PDVSA -el llamado Caso Illaramendi. Sobre todo cuando el solicitante es Eudomario Carruyo, quien aparece como uno de los más conspicuos responsables de esa estafa.
La estafa consiste en una pirámide, con la cual se paga a quienes han cotizado antes. Eso funciona hasta que no hay nuevos ingenuos. Entonces se corta el flujo de dinero y la pirámide se queda sin liquidez para pagar los rendimientos ofrecidos. En este punto las autoridades norteamericanas intervinieron, Es difícil entender a los ejecutivos de PDVSA actuar con tanta ingenuidad. Es, el caso según la fiscalía del estado de Connecticut el mayor delito de cuello de blanco en su jurisdiccion.
La coartada para no investigar es que, según Carruyo, no hay record de Illaramendi como empleado de PDVSA. Sin embargo, el Ministro de Energía, Rafael Ramírez, ha dicho públicamente que Illaramendi estuvo contratado por PDVSA como asesor para colocaciones financieras. ¿Qué diferencia hace el ser empleado directo de PDVSA o un asesor que conduce al personal de finanzas y específicamente de Tesorería en PDVSA?
Dice Carruyo que la Junta Directiva de PDVSA no autorizó colocaciones de dineros del Fondo de Pensiones. Esto es obvio. Los estatutos del Fondo establecen la delegación, por parte de la Junta Directiva, de esas actividades en el Director de Finanzas, pero esto no exime de responsabilidad a la Junta Directiva de PDVSA, pero es que ademans una 453 millones de dólares requerirá la aprobación de la junta directiva.
En reunión sostenida entre representantes de AJIP Asociacion de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquimica y Carbonifera Nacional, la dirección de Finanzas y el propio Eudomario Carruyo actuando como Presidente el Fondo de Pensiones, se informo a los jubilados (15 de Febrero en comunicación AJIP-057-2011), lo siguiente: “PDVSA informa que el juicio que se sigue a Illaramendi está en curso, que la cantidad que le pertenece al fondo es de 500 millones de dólares, 90% de la suma congelada… PDVSA a través de sus abogados esperan un desenlace favorable, dado el carácter de rectitud de la SEC (organismo supervisor en EE.UU.) en defensa de los intereses de los inversionistas y la extrema imparcialidad de la justicia ( se refiere por supuesto a la de los EEUU) …”.
Tampoco se conoce la posición de la Junta Directiva de PDVSA en el caso de Guillen, el contador público que ante tribunales estadounidenses confesó haber falseado documentos que permitieron la estafa.
Con este ejemplo real de cómo se están gerenciando los dineros públicos, se explica por qué PDVSA ha perdido un millón de barriles de producción, su capacidad de refinación en el exterior ha bajado en 400 mil barriles por día, y así una serie de hechos demostrativos de que se está destruyendo la fuente de riqueza que debe generar los recursos para construir el país que nos merecemos.
Resulta escandaloso que la Asamblea Nacional haga caso de solicitudes como esta de que el caso no se debe investigar porque el supuesto autor no era empleado de nómina sino contratado en PDVSA, como si esa contratación no hubiera sido hecho por la Junta Directiva de la petrolera, cuya autorización es indispensable para cualquier decisión como las que se tomaron para hacer posible esta estafa.
twitter @JFERNANDEZNUPA

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