Desmontar el control de cambio, súbito o gradual: Un falso dilema

  por Alexander Guerrero

31 Ene 2012

En la opinión publica el tema del control de cambio, en la discusión y debate entre los candidatos de la unidad democrática muchas veces se ha presentado como una suerte de falso dilema, en torno a dos supuestos, aparentemente encontrados: desmontaje súbito o desmontaje gradual. En términos de opinión pública el tema  se ha presentado fuera de un definido contexto, lo cual ha creado una asimetría para que se discrimine entre lo súbito o lo gradual, un dilema, que como sabemos no tienen solución optima.
Le hemos acotado a los precandidatos presidenciales, en el marco del debate sobre que hacer para curar las grandes distorsiones y perversiones causada por la revolución en la economía venezolana, que el control de cambio es una fuente inherente de inflación, ineficiente asignación de recursos públicos y privados, de escasez, corrupción por intervención del gobierno en el mercado de divisas, y particularmente por ser un mecanismo de intervención discriminatorio, utilizado por el gobierno con objetivos políticos  de demoler la economía privada.
El Presidente Chávez afirmo en Enero 2003, días de la implementación, que el control de cambio era un control político (Presidente Chávez dixit, Enero, 2003). Así ha sido en el papel, en las reglas y en los decretos, y así ha sido en los hechos en estos 9 años de control de cambio. Así, CADIVI está organizado como un mecanismo represivo para controlar la actividad económica de las empresas privadas, y es un mecanismo de intervención que manipula políticamente las importaciones requeridas para el crecimiento económico, el costo en inversión, creación de empleo y crecimiento lo hemos estimado alrededor de 4 puntos porcentuales de crecimiento económico per año.
De esta manera, en la medida que el gobierno iba sustituyendo al sector privado como productor e importador de insumos y bienes terminados, la tasa de cambio preferencial era sido utilizada masivamente por gobierno en la importación de todos los insumos y cachivaches traídos del lejano oriente, China; de Europa, Rusia, Bielorrusia y de la región latinoamericana, de sus “compadres” económicos y políticos en Argentina,  Uruguay, Paraguay en el Mercosur, del Caribe y desde luego Cuba, esta ultima, una especie de enjambre de langostas  comiéndose una buena porción de la renta petrolera, expresada en mas de 140 mil b/día transados a precios viles.

Diferentes convenios cambiarios fueron desplazando a la economía privada hacia el mecanismo de racionamiento creado con la desaparición del “dólar permuta” en Mayo del 2009; un mercado de títulos públicos (SITME)  – no un mercado cambiario- para ser canjeados y así adquirir dólares off shore a  un precio 30% mayor que el dólar CADIVI que disfrutan los clientes y compadres económicos del gobiernos y sus empresas. Durante el año y medio de funcionamiento del SITME   el racionamiento ha sido establecido en unos 32 millones  de dólares diarios adquiridos por el canje de los títulos públicos. Así, emisiones de deuda pública,  del gobierno y PDVSA, han sido utilizadas para dotar al SITME de títulos públicos para el canje. De esta manera, la economía privada se amarra  en demanda de divisas al ritmo que el gobierno y PDVSA se endeudan, algo que tiene a todo evento ha llegado al límite. El control de cambio es la herramienta político-institucional que se ha utilizado para el cierre de más de 3000 empresas grandes, medianas y pequeñas.
Como desmontar entonces el control de cambio en el marco de un gobierno democrático? Discutíamos la necesidad de la vuelta a la libre convertibilidad del bolívar para promover un crecimiento sustentable por impacto de la inversión privada. Toca ahora considerar el  procedimiento técnico-político por la decisión de desmontar los controles. Como acotamos arriba, la gradualidad o el súbito como extremos del dilema mencionado, no ayuda a los candidatos a comprender la compleja red de variables institucionales, económicas y políticas requeridos en acción para la vuelta a la libre convertibilidad, algo que todos los venezolanos piden a gritos.
¿Acaso hay algo primero y otro después?  ¿Qué se requiere entonces?  Sencillo. Un conjunto de cambios institucionales, monetarios y fiscales que garanticen una paz cambiaria. Que el nuevo gobierno se avoque de inmediato a restaurar los mecanismos regeneradores de confianza, ya que ellos traerán la inversión de la gente y con ella la creación masiva de empleos e incremento masivo de la oferta de bienes nacionales e importados para eliminar las distorsiones de precios y escasez que induce el control de cambio. De esta manera, los inversionistas privados y publico en general, reciban la buena noticia de la creación de un marco jurídico que imponga respeto a la propiedad y a las libertades económicas; sin ellas, no habrá libre convertibilidad del bolívar y sin ella, no habrá crecimiento económico. Esta renovación institucional es esencial. Con todo, es fundamental restablecer la autonomía e independencia del BCV, habilitándolo a administrar el régimen de libre convertibilidad como se hizo a lo largo de años en el pasado.

El reacomodo institucional, el BCV y el Tesoro. Esta acción institucional monetaria, requerirá del gobierno un arreglo de las distorsiones financiaras generadas por el desorden fiscal creado por el actual gobierno para empujar un elevado endeudamiento publico y de PDVSA, una corrupción rampante y una descapitalización del sector publico para dotar de un menguado volumen de divisas off shore -vía SITME-  cuyo impacto en el crecimiento económico ha sido negativo. Queda acotar que el volumen de divisas que generan actualmente las exportaciones petroleras  es más que suficiente para proveer a un mercado cambiario de reservas internacionales y evitar las maxidevaluaciones que han sido -todas las del pasado- producidas por la eliminación de la libre convertibilidad del bolívar.
Es una vergüenza sostener un mercado cambiario con un precio del petróleo en 100 dólares el barril. Por ese orden de ideas  hay que denunciar y sancionar los acuerdos petroleros con Cuba y China, porque ellos comprometen la soberanía económica de Venezuela, además que la constitucionalidad y legalidad de esos acuerdos es precaria o nula. Allí hay ahorros en divisas que sobrepasan 10 mil millones de dólares. De la misma manera hay que acabar con la distorsión financiera producida por un endeudamiento elevado en costos, a tasas del 12%, mientras se financia la adquisición de petróleo en la región con tasas ridículas de interés alrededor del 2-3%. Ello induce un ahorro en divisas de otros 4500 millones de dólares.
Así mismo hay que retornar a la centralización de las divisas de PDVSA en el BCV. Fortalecer financiera e institucionalmente el  BCV es prioritario y para ello es necesario devolverle al BCV la administración de todas las reservas internacionales generadas por el petróleo, además de los esquemas financieros alrededor de FONDEN que implican un derroche de divisas en otras necesidades fuera de la economía venezolana. En esas condiciones el volumen de reservas internacionales  hacia fines de año estaría en el orden de los 60 mil millones de dólares, sin contar otros fondos realengos diseminados en el mundo que fueron creados en acuerdos bilaterales, con Rusia y China y que serían fácilmente rescatables por el nuevo gobierno democrático.
En esas condiciones, podríamos  hablar de un poderoso blindaje en la balanza de pagos para evitar,  no solo una maxidevaluación, sino su impacto en precios, así como eliminar el financiamiento monetario que del gasto publico hace el BCV,  o bien a través de PDVSA, o directamente con transferencias al Tesoro. Un régimen cambiario, que imponga la libre convertibilidad contaría con el ahorro internacional privado venezolano. Venezuela volvería a ser un país viable que respeta los ahorros de la gente, las puertas en la balanza de pagos, batientes para entrar y salir, normalizaría un flujo de divisas, como el que disfrutan hoy todos los países de América Latina. Nada imposible.
De esta manera se crearían las condiciones para el retorno a la normalidad económica. Una agenda de crecimiento económico requiere una vuelta a las libertades económicas, un mercado competitivo que permita incrementar producción y productividad del trabajo.