PROPIETARIOS

Alberto Quiros Corradi

Uno no puede dejar de preguntarse porqué este régimen puede impunemente confiscar las propiedades de individualidades o de grupos que tienen pleno derecho al disfrute y disposición de sus bienes, sin que la ciudadanía proteste masiva y airadamente por el atraco.


La respuesta hay que buscarla en la reacción de algunos de los trabajadores de las empresas confiscadas y de los estudiantes de universidades privadas amenazadas de intervención. Veamos. Cuando el régimen confiscó a las empresas que le prestaban servicios a la industria petrolera en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los sindicatos no protestaron porque el régimen había violado el derecho de propiedad de los legítimos dueños de esas empresas ¡No! Protestaron por la perdida de los puestos de trabajo. Todavía hoy, a meses del asalto, sindicatos y trabajadores lo único que reclaman es que PDVSA no los haya incorporado a su nómina.


Recordemos ahora el caso de la Polar en Barquisimeto. La mayoría de los sindicatos y los trabajadores han luchado por sus puestos pero, en más de una ocasión, han aclarado que no están defendiendo ni a la Polar ni a Lorenzo Mendoza (Aunque algunos pocos si lo han hecho) La pregunta es ¿porqué todos no defienden a los legítimos propietarios? ¿Por qué hasta un hombre que ha demostrado cierto coraje como Henry Falcón se siente obligado a decir que no defiende a la Polar? ¿Por qué Chávez cree que insulta a Falcón cuando lo “acusa” de defender a la Polar? Hace poco oí a un estudiante defendiendo a su universidad privada (estatizada vía twitter). Pero, también afirmó que no defendía a los propietarios sino que luchaba por su derecho a estudiar. ¿Por qué un joven se siente obligado a aclarar que no defiende a los propietarios de la universidad donde recibe, por lo que dice, adecuada instrucción?


Parece mentira que en pleno siglo XXI algunos trabajadores y estudiantes consideren a la propiedad privada como algo que no merece ser defendido. Peor aún, algo de lo cual hay que desligarse. Pretender que se puede defender el derecho al trabajo sin defender el de los propietarios es la demostración más palpable del daño moral que nos ha hecho el viejo complejo de la izquierda que demonizó a la propiedad privada. Que ensalzó el rol del Estado. Que le prohibió a los ciudadanos participar directamente en la explotación del petróleo, del hierro, oro y aluminio bajo el nefasto concepto de que esas eran empresas básicas. Una ideología que consagró que lo único nacional era lo que pertenecía al Estado y que convirtió a los propietarios de empresas en carne de cañón para la crítica antes y para la depredación ahora.


Mucho se habla de que debemos convertirnos en un país de propietarios. De acuerdo. Pero ¿con cuales razones vamos a defender lo nuestro si permitimos que se confisque lo ajeno? Además, este régimen no sólo confisca sino que no le da ni a los campesinos ni a los citadinos títulos de propiedad sobre las tierras o sobre las pocas viviendas que les otorga. Les permite el disfrute pero no su disposición. Sin el derecho a disponer, vender o hipotecar no existe propiedad. La incorporación de los más pobres a la sociedad productiva pasa por hacerlos propietarios de lo que hoy usufructan.


Ya es hora de que, como en el caso de la hacienda La Carolina y su propietario Diego Arria, apoyado públicamente por sus empleados, los ciudadanos, sindicatos, trabajadores y empresarios defiendan su propiedad, la de los vecinos, la de los dueños de la pulpería, la de los supermercados, la de los hacendados… y la de la Polar.