Con gran ostentación, el gobierno nacional se prepara para celebrar el Bicentenario del 19 de abril, fecha en la que Venezuela dio un histórico paso en el largo proceso de la independencia. Seguramente, los firmantes del Acta en el Cabildo de Caracas visualizaron que, doscientos años después, tendríamos un país con instituciones sólidas y confiables; un país con división de poderes, con una Asamblea Nacional que genera leyes para beneficiar a los más y que ejerce control sobre el gobierno y la administración pública. Un país con un Poder Judicial independiente que garantiza a los ciudadanos sus derechos. Un país con un poder ejecutivo que cumple y hace cumplir la Constitución y que, conjuntamente con la iniciativa privada, genera fuentes de trabajo, crea alto valor agregado nacional, eleva el nivel de vida de la población y fortalece la soberanía económica. ¡Qué decepción se llevarían nuestros padres fundadores!
Lamentablemente, en este Bicentenario no hay nada que celebrar. Hoy, en nuestro país se ha impuesto un neototalitarismo que tiene secuestrados a todos los poderes del Estado, a los ciudadanos se les violan sus derechos y se encuentran indefensos ante las injusticias. El régimen tiene presos políticos y exiliados, siembra el odio entre los ciudadanos y envenena a nuestra juventud, propicia la fuga de talento y de jóvenes con potencial; ha elevado la deuda externa a más de 61.000 millones de dólares y la interna más de 49.000 millones de bolívares fuertes, importa el 70% de los rubros que se consumen, por un valor de más de 7.500 millones de dólares, regala petróleo para exportar la revolución y vende a futuro comprometiendo el bienestar de las próximas generaciones; gasta miles de millones de dólares en armas que nunca se utilizarán, favorece económicamente a otros países en detrimento del nuestro, haciéndonos cada día más dependientes y entrega nuestra soberanía al permitir la injerencia castrista en la vida nacional . Este Bicentenario de un acto llevado a cabo por la sociedad civil, se cumple en un medio militarista que ahoga toda disidencia y con una gran crisis política y económica. Hoy solo nos referiremos a la crisis energética y, en particular a la de los hidrocarburos.
A pesar de las largas peroratas en las que se recalca que Venezuela es una potencia energética, en estos momentos el país está a obscuras por la crisis de la electricidad, nuestras refinerías están deterioradas y por ello se está importando gasoil y fueloil y componentes para la elaboración de gasolina. La producción de petróleo es de solo 2.300.000 barriles por día, en vez de los casi seis millones que deberíamos estar produciendo; se eliminó la Orimulsión, combustible que podría resolver la crisis de generación de electricidad; hay déficit de producción de gas y, desde el año 2003, en PDVSA han ocurrido 217 accidentes graves con un lamentable saldo de 49 trabajadores fallecidos y 138 lesionados y la empresa genera graves problemas de contaminación ambiental. Esta situación en el sector energético se debe a falta de inversiones, deficiente mantenimiento y al desplazamiento de valiosos recursos humanos por causas políticas. Además, a los trabajadores que laboran en el sector no se les cumple con el contrato colectivo, no solo en cuanto a bonificaciones económicas, sino incluso en la dotación de equipos de seguridad. Así mismo, PDVSA tiene cuantiosas deudas con sus contratistas y con las empresas de servicios que expropió.
Comprobar las anteriores aseveraciones es muy sencillo, ya que abundan las estadísticas internacionales, las denuncias de los líderes sindicales, las frecuentes paralizaciones de taladros y de plantas, las reseñas y fotos de los medios de comunicación sobre los incendios en las refinerías. Igualmente, las noticias del exterior en donde reconocen la eficiente labor de los trabajadores petroleros que fueron expulsados de Venezuela y que laboran en otros países. Por si fuera poco, la Gaceta Oficial 39.400 del 9 de abril, autoriza las importaciones de gas natural, también de gasoil, fueloil a dólar preferencial pero a un precio 35 veces superior al del mercado interno; estos productos que tradicionalmente exportaba PDVSA, se utilizarán para alimentar las plantas termoeléctricas. Descaradamente, el ministro Alí Rodríguez, uno de los culpables de la destrucción de PDVSA y del sector eléctrico, declara que no habrá colapso eléctrico, cuando las industrias de Guayana están paralizadas, las empresas privadas tienen severas restricciones para el uso de la energía y en la provincia el racionamiento causa pérdidas económicas y de calidad de vida a la población, no por culpa del fenómeno de El Niño, sino por la falta de planificación y de mantenimiento.
Doscientos años después, Venezuela no ha roto las cadenas que la atan al subdesarrollo. Gente del Petróleo insta a todos los ciudadanos a reaccionar y acudir a votar el próximo 26 de setiembre en las elecciones parlamentarias, como primer paso para lograr un mejor país.
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