Se define como energías alternativas (EA) a aquellas no consideradas como tradicionales. Sin embargo, a raíz de la problemática del Cambio Climático se amplia el concepto al indicar que son todas las fuentes energéticas que no implican la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), por lo cual se incluyen la hidroelectricidad y la nuclear.
Motivado a la crisis estructural energética (hidrocarburos + eléctrica) presente en el país, se ha mencionado a las EA como una solución al problema. Nada más alejado de la realidad, ya que pueden contribuir, pero no son la solución real a la situación.
De hecho, el potencial estimado de energías renovables o alternativas para el 2010 en Venezuela, es de 450 millones de toneladas de petróleo (equivalente a nueve millones de barriles diarios de petróleo). Pero hacer utilizable parte de ese potencial requiere de tiempo, dinero y tecnología, donde los dos primeros factores son claves para la solución de la crisis en el corto plazo.
Esa inquietud por el uso de las EA se manifestó oficialmente en el año 2000, cuando Venezuela firmó el Tratado de Johannesburgo, adquiriendo un compromiso para el año 2010 de satisfacer sus requerimientos energéticos con el 10% generado por EA. Cabe señalar que hasta ahora no se ha construido ningún proyecto de envergadura que tenga ese objetivo. El de mayor relevancia, aún en construcción, es la Granja Eólica de Paraguaná con una capacidad de 100 MW, prometido para el año 2005, el cual tiene un micro impacto en la matriz energética venezolana.
En Venezuela, y en la mayoría de los países latinoamericanos, el desarrollo de las EA presenta una serie de barreras que habría que vencer. Entre estas destacan: Bajos niveles de concienciación pública; distorsiones del mercado causado por subvención de las energías convencionales (precios bajos de combustibles y de electricidad); marcos políticos normativos ineficientes; conocimientos técnicos inadecuados y desinformación en general
La acción mas reciente hacia el uso de las EA, podría venir “encapsulada” en la futura ley del Uso Racional y Eficiente de la Energía, donde se establecería que para impulsar parques eólicos o el uso de energía solar u otra fuente alternativa, por parte del sector privado, se establezca la exoneración o reducción de los pagos por impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Igualmente, debiera dársele incentivo a todo productor - consumidor (Prosumer) que utilice bidireccionalmente o no las energías alternativas.
En el caso de los biocombustibles la situación ha sido similar. Para el etanol, el gobierno venezolano ha propuesto un proyecto de siembra de 100.000 hectáreas de caña de azúcar en los estados Monagas, Cojedes, Portuguesa, Trujillo y Barinas. La producción seria procesada en 11 centrales azucareros, y cuya producción diaria de 7.000 barriles (7 MB) se iniciaría en el año 2008. Estos sustituirían al oxigenado metil ter butil eter (MTBE) en la gasolina para evitar el “pistoneo” del motor. Cabe señalar que para el volumen de consumo de gasolina actual (290 MBD) es necesario producir 29 MBD de etanol. A la fecha no se ha producido el primer litro de este biocombustible.
Por otra parte, la experiencia internacional indica que el impacto de la incorporación de las EA a una matriz energética se muestra entre 3 a 5 años de haberse iniciado un programa o políticas para su desarrollo, como por ejemplo el de España que estableció en el año 2006 que: “todo inmueble nuevo o reconstruido a partir del 2008 debe generar el 20% de sus necesidades energéticas con EA”. Cabe señalar que el país de avanzada en materia de los denominados “inmuebles verdes o ecológicos” es los Estados Unidos.
Finalmente, Venezuela posee un alto potencial de recursos de EA, y su incorporación en el mediano plazo requiere de políticas públicas claras y novedosas, sobre todo las relacionadas con el precio de los energéticos.
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