Inicio con este artículo una serie de las ofertas sobre políticas públicas que debería hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Empezaré por el petróleo.
Este régimen enterró el modelo estatizador de explotación petrolera instalado a partir de enero de 1976. El modelo no podía ser permanente. Cumplido el objetivo de que la Nación aprendiera, todas las complejidades del negocio petrolero, había que desarrollar un modelo más flexible que nos beneficiara por la presencia de otros actores nacionales y extranjeros que suministraran tecnología y capital.
El peligro de la estatización petrolera siempre fue que el Estado/gobierno pervirtiera la naturaleza comercial del negocio y pusiera la explotación petrolera al servicio exclusivo de sus fines proselitistas. En eso estamos y en el camino se ha destruido la capacidad operativa y comercial de PDVSA. Se ha prostituido a su gerencia. Se ha utilizado su generación de caja con fines políticos, dentro y fuera de Venezuela. A pesar de los altos precios del petróleo no se ha invertido en desarrollar nuevos barriles de producción, ni en contener la declinación natural de los yacimientos. No se le ha hecho mantenimiento a las instalaciones cuya consecuencia ha sido cierres y accidentes en nuestras refinerías y la necesidad de importar gasolina y componentes para atender el consumo del mercado interno. Los tardíos acuerdos que se han firmado para desarrollar la Faja del Orinoco con empresas y gobiernos extranjeros contiene cláusulas que el régimen no se atreve a publicar. Como tampoco informa de los costos reales de acuerdos especiales como el de Cuba. Ante esta debacle la política petrolera del futuro no puede mantenerse como la actual ni recrear el pasado.
Propongo:
- Establecer constitucionalmente que el subsuelo es de la Nación (todos nosotros) y no del Estado (la representación política y jurídica de la Nación) El Decreto del Libertador de 1829 transfirió las minas a la República que las daría en propiedad a los ciudadanos que las solicitaran. No hay pues antecedente histórico para que el Estado haya confiscado la propiedad del subsuelo y le negara a los ciudadanos participar en el negocio petrolero.
– Liquidar a PDVSA, pagarle las prestaciones sociales al personal activo y al despedido ilegalmente en el año 2002-2003 y crear una nueva empresa nacional mucho más pequeña que la PDVSA actual, la cual competirá en igualdad de condiciones con otras empresas petroleras privadas, estatales y mixtas. Bajo este nuevo esquema se espera que se constituyan empresas petroleras venezolanas-privadas.
– Modificar la ley de hidrocarburos, líquidos y gaseosos, para permitir la participación privada, nacional y extranjera en todos los aspectos de la industria petrolera y flexibilizar sus cuellos de botella.
– Crear un instituto autónomo para supervisar la explotación petrolera y otras fuentes de energía.
– El impuesto sobre la renta, bonos y regalías que paguen las empresas irán a un solo fondo, una parte de este se utilizará para contribuir al presupuesto nacional. Otra se reinvertirá para hacerlo crecer. Por unos años parte del fondo no utilizado para el presupuesto servirá para crear un fondo de pensiones y un sistema de seguridad social solidario y colectivo. Hecho esto, las ganancias del fondo se repartirán entre los venezolanos mayores de 18 años. Hay otras variables, lo importante es establecer desde ya que lo que el petróleo genere pertenece a todos y debe utilizarse directamente para beneficio de todos.
¡No más de lo mismo!
Este régimen enterró el modelo estatizador de explotación petrolera instalado a partir de enero de 1976. El modelo no podía ser permanente. Cumplido el objetivo de que la Nación aprendiera, todas las complejidades del negocio petrolero, había que desarrollar un modelo más flexible que nos beneficiara por la presencia de otros actores nacionales y extranjeros que suministraran tecnología y capital.
El peligro de la estatización petrolera siempre fue que el Estado/gobierno pervirtiera la naturaleza comercial del negocio y pusiera la explotación petrolera al servicio exclusivo de sus fines proselitistas. En eso estamos y en el camino se ha destruido la capacidad operativa y comercial de PDVSA. Se ha prostituido a su gerencia. Se ha utilizado su generación de caja con fines políticos, dentro y fuera de Venezuela. A pesar de los altos precios del petróleo no se ha invertido en desarrollar nuevos barriles de producción, ni en contener la declinación natural de los yacimientos. No se le ha hecho mantenimiento a las instalaciones cuya consecuencia ha sido cierres y accidentes en nuestras refinerías y la necesidad de importar gasolina y componentes para atender el consumo del mercado interno. Los tardíos acuerdos que se han firmado para desarrollar la Faja del Orinoco con empresas y gobiernos extranjeros contiene cláusulas que el régimen no se atreve a publicar. Como tampoco informa de los costos reales de acuerdos especiales como el de Cuba. Ante esta debacle la política petrolera del futuro no puede mantenerse como la actual ni recrear el pasado.
Propongo:
- Establecer constitucionalmente que el subsuelo es de la Nación (todos nosotros) y no del Estado (la representación política y jurídica de la Nación) El Decreto del Libertador de 1829 transfirió las minas a la República que las daría en propiedad a los ciudadanos que las solicitaran. No hay pues antecedente histórico para que el Estado haya confiscado la propiedad del subsuelo y le negara a los ciudadanos participar en el negocio petrolero.
– Liquidar a PDVSA, pagarle las prestaciones sociales al personal activo y al despedido ilegalmente en el año 2002-2003 y crear una nueva empresa nacional mucho más pequeña que la PDVSA actual, la cual competirá en igualdad de condiciones con otras empresas petroleras privadas, estatales y mixtas. Bajo este nuevo esquema se espera que se constituyan empresas petroleras venezolanas-privadas.
– Modificar la ley de hidrocarburos, líquidos y gaseosos, para permitir la participación privada, nacional y extranjera en todos los aspectos de la industria petrolera y flexibilizar sus cuellos de botella.
– Crear un instituto autónomo para supervisar la explotación petrolera y otras fuentes de energía.
– El impuesto sobre la renta, bonos y regalías que paguen las empresas irán a un solo fondo, una parte de este se utilizará para contribuir al presupuesto nacional. Otra se reinvertirá para hacerlo crecer. Por unos años parte del fondo no utilizado para el presupuesto servirá para crear un fondo de pensiones y un sistema de seguridad social solidario y colectivo. Hecho esto, las ganancias del fondo se repartirán entre los venezolanos mayores de 18 años. Hay otras variables, lo importante es establecer desde ya que lo que el petróleo genere pertenece a todos y debe utilizarse directamente para beneficio de todos.
¡No más de lo mismo!
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