PLAN NACIONAL II

Alberto Quiros Corradi

Con este artículo continuo una serie de las ofertas sobre políticas públicas que debería hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces.

Hoy hablaré de las empresas de Guayana. Antes quisiera aclarar unas ideas sobre el concepto de empresas básicas. Considero un anacronismo el enfoque que se le da en Venezuela a estas empresas. Pensar que por importantes, algunas actividades solo pueden ser ejecutadas por el Estado con la exclusión del sector privado y los ciudadanos del país, es un salto atrás heredado de la influencia que sobre el desarrollo de nuestros partidos políticos tuvo la ineficiente ideología izquierdista de la primera mitad del siglo XX. El modelo operativo de las empresas básicas colapsó. Todas las del Estado que hoy operan en Guayana están técnicamente quebradas.

Por otra parte, el enamoramiento con el rol excesivo del Estado provocó un enfrentamiento con el sector privado que, con el tiempo, degeneró en un ataque a la propiedad privada de toda actividad, incluyendo eventualmente la prohibición de que los ciudadanos tengan cualquier tipo de bienes a su nombre. En eso estamos y por “eso” es imprescindible tener bien estudiados los pasos que daremos cuando concluya este régimen para implantar un modelo político-económico que se base en la democracia, la libertad, el derecho de los ciudadanos a participar en la explotación de todos los recursos del país y la propiedad privada.

Sobre las empresas estatales de Guayana sugiero lo siguiente:
- Hacerle a todas auditorias financiera y técnicas para establecer si son o no recuperables.
– Analizar el costo de la mano de obra como porcentaje del costo operativo a fin de conocer si la productividad del personal y su número requieren o no de cambios drásticos.
– Estimar el costo de las inversiones necesarias para modernizar su planta.
– Hecho lo anterior, poner en venta al capital internacional y nacional, si lo hubiera, el 60% de las acciones de las empresas. La Nación como propietaria del otro 40% de las acciones, entregará 20% para crear un fideicomiso propiedad de los trabajadores activos de las empresas con cinco o más años de servicio. El fideicomiso invertirá por los primeros cinco años lo que reciba como dividendos o exceso de caja. (Para esto último se puede aplicar la fórmula que utilizó Sidor privatizada). Después de este período se repartirá todos los años el promedio anual de lo recibido en los cinco años anteriores. Así se le garantizará a los trabajadores que siempre recibirán un aporte importante. Si el fondo creciera, como se espera, podría eventualmente, otorgar préstamos para viviendas o utilizar sus excedentes como un suplemento de las pensiones establecidas. Este modelo haría a los trabajadores, durante su tenencia, socios de la empresa. Tendrían una representación en la junta directiva y contratarían a un ente profesional para administrar su fideicomiso. En caso de aumento de capital se hará lo necesario para mantener el 20% de los trabajadores. Eventualmente el 20% de las acciones de la Nación podrían colocarse en la Bolsa de Valores a disposición de los inversionistas nacionales.

Este modelo establecerá una relación obrero patronal mucho más moderna y productiva que el fallido experimento que pretende aplicar el régimen actual, que no contempla ni nuevos contratos colectivos ni aumentos de salarios ni bonos. O sea la muerte del movimiento obrero organizado y la no participación de los venezolanos en la explotación de sus recursos naturales, propiedad de todos.

¡No más de lo mismo!