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sábado, 3 de julio de 2010

Análisis Reuters: Pdvsa amenazada por multimillonarios fallos arbitrales


Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins, archivo

La petrolera venezolana PDVSA, que ya se encuentra en una débil situación financiera por su pesada deuda y las crecientes exigencias del Gobierno, podría sufrir aun más por multimillonarios arbitrajes internacionales en puertas y pagos pendientes por la estatización de empresas.
El presidente Hugo Chávez ha nacionalizado en los últimos años desde pequeños comercios hasta grandes proyectos petroleros, dejando una estela de juicios que no se detiene.
Actualmente hay 11 reclamos activos contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi), del Banco Mundial, que involucran más de 43.500 millones de dólares en pedidos de compensación.
Pdvsa hasta ahora no ha compensando a casi ninguna de las más de 220 empresas que ha expropiado.
De ese total, 40.000 millones corresponden a los casos Exxon Mobil y Conoco Phillips, que fueron presentados en el 2007.
Ambos reclamos han avanzado en el Ciadi. La de Exxon con una decisión parcial sobre la jurisdicción y la de Conoco con una extensa audiencia en La Haya, lo que acorta los tiempos hacia una resolución final en sendos casos.
Según Juan Carlos Vargas, profesor de derecho internacional de la Universidad Central de Venezuela, la experiencia indica que esos casos se extienden por unos dos o tres años, por lo que el fallo podría llegar pronto.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) sostiene ante sus socios en el exterior que tiene voluntad de pagar si así lo deciden los arbitrajes. Pero hasta ahora no ha compensando a casi ninguna de las más de 220 empresas que ha expropiado.
Ante el enorme peso de los reclamos, muchos se preguntan si Venezuela acataría los fallos.
“Venezuela tiene que cumplir el fallo arbitral (…) Si no lo hace estaría violando el derecho internacional, poniendo en riesgo sus activos externos y la inversión extranjera”, agregó Vargas.
Chávez ha amenazado varias veces con retirar al país del Ciadi, en medio de la resistencia de naciones vecinas como Bolivia y Ecuador a acatar ciertas decisiones de ese tribunal.
Vargas recordó que Venezuela ya ha desconocido algunas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PAGAR O NO PAGAR

Aunque el precio del petróleo venezolano se ha mantenido este año unos 13 dólares por encima del promedio del año pasado, PDVSA continúa incrementando sus pasivos.
En junio suscribió un crédito sindicado por 1.500 millones de dólares, pocos días después de que una de sus filiales, Citgo, captara deuda del mercado por 2.100 millones.
Analistas calculan que la deuda financiera de la estatal sería de unos 24.000 millones de dólares y que las cuentas por pagar a proveedores superarían los 5.000 millones de dólares.
El 16 de junio el Ciadi admitió un nuevo arbitraje contra Venezuela, introducido por OPIC, una de las filiales de la estatal taiwanesa CPC Corp.
“Una decisión en contra de PDVSA no es una buena noticia para el país, pero todo dependerá del nivel de compensación que las cortes decidan”, dijo Luisa Palacios, de Medley Global Advisors en Nueva York.
Por su parte, Vargas advirtió que “el tribunal puede concluir que no procede la indemnización si no hubo violación a los tratados de protección de inversiones”.
La mayoría de esos tratados no niega la posibilidad de una expropiación, pero estipula que debe ser justa y el pago debe hacerse en forma oportuna y adecuada, lo que pone en tela de juicio la metodología seguida por Venezuela.
Para cubrirse las espaldas en el futuro, PDVSA evita ahora incluir cláusulas arbitrales en los contratos.

Y SIGUEN LLEGANDO

El 16 de junio el Ciadi admitió un nuevo arbitraje contra Venezuela, introducido por OPIC, una de las filiales de la estatal taiwanesa CPC Corp.
El abogado George Kahale, socio de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle en Nueva York, que ha asesorado a Venezuela en algunas disputas relativas a nacionalizaciones, dijo a Reuters que también estará al frente del caso OPIC.
“Creemos que la posición legal de la República en todos estos casos está bien fundamentada tanto en los hechos como en la ley”, dijo.
El de OPIC es el tercer proceso arbitral que involucra al país sudamericano este año, tras los reclamos de las estadounidenses Tidewater y Exterran.
Pese al inquietante escenario, Venezuela sigue nacionalizando desde decenas de empresas de servicios hasta taladros y se muestra confiada frente a las onerosas demandas.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo el mes pasado que “los 30.000 millones de dólares son una fantasía de Conoco. Nuestros cálculos no tienen que ver con eso”.

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