Eddie Ramirez
Reparar las instituciones, organismos y empresas del Estado que la “revolución” puso a su servicio no será tarea sencilla y llevará tiempo. Las prioridades deben ser las mismas que se fijó el teniente coronel lenguatón: La Fuerza Armada, Pdvsa y el Poder Judicial. Es decir, las armas, el dinero y los tribunales deben dejar de ser instrumentos de una parcialidad política. Logrado este objetivo de primer orden, se podrá avanzar con paso firme en la reparación total del país. La Fuerza Armada y Pdvsa, al ser organizaciones piramidales, teóricamente deberían ser más fáciles de reparar. En ambas organizaciones hay partidarios del régimen con los cuales se puede y debe convivir, una vez se proceda a cambiar los altos mandos. Desde luego que es tal el deterioro que no será suficiente sustituir al ministro de la Defensa, a los Comandantes de los diferentes componentes y a la Junta Directiva de Pdvsa, pero realizar los otros cambios necesarios no le compete a Henrique Capriles, sino a los mandos que él designe, siempre con el debido respeto a los derechos humanos y civiles. Contrario a lo que algunos piensan, tanto en la Fuerza Armada como en Pdvsa hay personal valioso e institucional que está cumpliendo con su deber. Por ello, la inmensa mayoría de compatriotas que están en estas organizaciones pueden confiar en la palabra de quien será el próximo presidente de Venezuela. En base a lo anterior, es muy poco probable que algunos militares pretendan insurgir ante una derrota electoral o inhabilitación física del teniente coronel. Tampoco es de temer que grupos de fanáticos intenten sabotear las instalaciones petroleras. Sin embargo, hay que estar alerta ante la reacción de los grupos paramilitares oficialistas que pueden desatar saqueos y otros actos de violencia. Aunque la Fuerza Armada podría controlarlos fácilmente, cabe recordar que la perversa prédica de Chávez sobre la actuación de la Fuerza Armada ante el “Caracazo”, podría inhibir la movilización de algunos componentes militares. En cuanto al Poder Judicial, no bastará con cambiar a ciertos funcionarios de la cúspide. Las declaraciones de Aponte y de Velázquez Alvaray tienen una repercusión mundial y evidencian la podredumbre de muchos jueces y fiscales. Luce indispensable la renuncia inmediata de los responsables de la administración de justicia. Descalificar a los “canarios” por no ser santos no invalida sus denuncias. Es importante acabar con la provisionalidad de los jueces, proveer la carrera judicial y de los Fiscales del Ministerio Público y vigilar la ética y decoro de los funcionarios, sin que ello implique influenciar en las decisiones que les competen. Como en botica: De acuerdo a los “canarios”, los personeros oficialistas que ejercen presión son tan o más culpables que los jueces y fiscales. Pdvsa sigue endeudándose para contribuir a la campaña electoral. El que venga atrás que arree, es la consigna del personaje rojo-rojito.
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