Eddie Ramirez
Nos correspondía pararnos a todos cuando aparecieron los primeros síntomas de autoritarismo y de violación al estado de derecho en el 2002. Sin embargo, cuando los petroleros nos sumamos al paro cívico convocado por la CTV, Fedecámaras y por todos los partidos políticos, algunas voces no oficialistas exclamaron que “no nos correspondía y que quién nos había dado la autorización para paralizar a PDVSA”.
Craso error el de dejar pasar y esperar propósitos de enmienda imposibles en un régimen que desde un inicio fue autoritario. Cierto que las condiciones no eran las mismas de abril, ya que el gobierno se había preparado con tiempo, pero si todos los demócratas se hubiesen sumado al paro quizá se habría logrado el objetivo de adelantar las elecciones, constituir la Comisión de la Verdad para investigar la masacre y darle oxígeno a la Mesa de Negociación y Acuerdos. Es decir, probablemente el teniente coronel habría tenido que ceder. Sin embargo, los más prefirieron “pasar agachados” y unos pocos fueron los sacrificados al quebrar sus negocios o ser despedidos. Hoy vemos las consecuencias.
Sus ofertas electorales se quedaron en promesas y ahora a los trabajadores del Estado no les reconoce los contratos colectivos y les objeta que cobren las horas extra. El “imperio” está dejando de ser el responsable de nuestros males. Ahora la inflación y el desabastecimiento son culpa de trabajadores “voraces”, de industriales y de comerciantes especuladores. Él nunca asumirá la culpa, con el agravante de que sus mentiras, y a veces verdades a medias, son fáciles de comprar por el estrato menos productivo de la población.
No importa que las empresas tengan programas de responsabilidad social o que algún empresario se congracie con el régimen. Si la “revolución” quiere controlar la producción o distribución de determinado rubro o identificar a un culpable, procederá a la confiscación, aunque las consecuencias a mediano plazo sean malas, como ha quedado demostrado. El objetivo es controlar y asustar.
Para muestra bastan pocos ejemplos. La Polar y Smurfit son dos empresas de prestigio que llevan a cabo programas de responsabilidad social, que tratan bien a sus trabajadores y que respetan al ambiente. La Fundación Polar desarrolla importantes proyectos en la agricultura, la cultura y la ciencia. La Fundación Smurfit financia actividades culturales y un centro de enseñanza forestal; sus plantaciones de eucaliptos y otras especies contribuyen al mejoramiento del ambiente. La acusación de que los eucaliptos consumen agua en exceso no es más que una afirmación de ignorantes que no conocen de plantaciones de esta especie en zonas áridas. Aunque es un caso diferente, cabe mencionar la orden de desalojo de un terreno que ocupa, desconozco si legal o ilegalmente, la Coca Cola. Quizá procede el desalojo, pero el primer magistrado no puede ser quien dé la orden en un programa de televisión. De nada le sirvió a Gustavo Cisneros agachar la cabeza y escudarse en una supuesta imparcialidad informativa, después de haber alentado acciones en contra del teniente coronel.
A estas alturas nadie puede albergar dudas de la dirección en que vamos. A los partidos políticos les corresponde tomar la batuta, pero tenemos que entender que si ayer algunos pensaron que “no nos correspondía”, hoy nadie debe dudar de que sí nos corresponde a todos. O reaccionamos o desaparecerá la propiedad privada y nos sumiremos en la pobreza.
Nos correspondía pararnos a todos cuando aparecieron los primeros síntomas de autoritarismo y de violación al estado de derecho en el 2002. Sin embargo, cuando los petroleros nos sumamos al paro cívico convocado por la CTV, Fedecámaras y por todos los partidos políticos, algunas voces no oficialistas exclamaron que “no nos correspondía y que quién nos había dado la autorización para paralizar a PDVSA”.
Craso error el de dejar pasar y esperar propósitos de enmienda imposibles en un régimen que desde un inicio fue autoritario. Cierto que las condiciones no eran las mismas de abril, ya que el gobierno se había preparado con tiempo, pero si todos los demócratas se hubiesen sumado al paro quizá se habría logrado el objetivo de adelantar las elecciones, constituir la Comisión de la Verdad para investigar la masacre y darle oxígeno a la Mesa de Negociación y Acuerdos. Es decir, probablemente el teniente coronel habría tenido que ceder. Sin embargo, los más prefirieron “pasar agachados” y unos pocos fueron los sacrificados al quebrar sus negocios o ser despedidos. Hoy vemos las consecuencias.
Sus ofertas electorales se quedaron en promesas y ahora a los trabajadores del Estado no les reconoce los contratos colectivos y les objeta que cobren las horas extra. El “imperio” está dejando de ser el responsable de nuestros males. Ahora la inflación y el desabastecimiento son culpa de trabajadores “voraces”, de industriales y de comerciantes especuladores. Él nunca asumirá la culpa, con el agravante de que sus mentiras, y a veces verdades a medias, son fáciles de comprar por el estrato menos productivo de la población.
No importa que las empresas tengan programas de responsabilidad social o que algún empresario se congracie con el régimen. Si la “revolución” quiere controlar la producción o distribución de determinado rubro o identificar a un culpable, procederá a la confiscación, aunque las consecuencias a mediano plazo sean malas, como ha quedado demostrado. El objetivo es controlar y asustar.
Para muestra bastan pocos ejemplos. La Polar y Smurfit son dos empresas de prestigio que llevan a cabo programas de responsabilidad social, que tratan bien a sus trabajadores y que respetan al ambiente. La Fundación Polar desarrolla importantes proyectos en la agricultura, la cultura y la ciencia. La Fundación Smurfit financia actividades culturales y un centro de enseñanza forestal; sus plantaciones de eucaliptos y otras especies contribuyen al mejoramiento del ambiente. La acusación de que los eucaliptos consumen agua en exceso no es más que una afirmación de ignorantes que no conocen de plantaciones de esta especie en zonas áridas. Aunque es un caso diferente, cabe mencionar la orden de desalojo de un terreno que ocupa, desconozco si legal o ilegalmente, la Coca Cola. Quizá procede el desalojo, pero el primer magistrado no puede ser quien dé la orden en un programa de televisión. De nada le sirvió a Gustavo Cisneros agachar la cabeza y escudarse en una supuesta imparcialidad informativa, después de haber alentado acciones en contra del teniente coronel.
A estas alturas nadie puede albergar dudas de la dirección en que vamos. A los partidos políticos les corresponde tomar la batuta, pero tenemos que entender que si ayer algunos pensaron que “no nos correspondía”, hoy nadie debe dudar de que sí nos corresponde a todos. O reaccionamos o desaparecerá la propiedad privada y nos sumiremos en la pobreza.
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