Eddie Ramirez
El principal delito de este régimen es la protección de asesinos plenamente identificados. Esta complicidad ocurre tanto en asesinatos políticos, como comunes. Los primeros son conocidos con nombres y apellidos. Los segundos ocurren en los barrios y los asesinos son policías y malandros que generalmente permanecen en el anonimato. En ambos casos la responsabilidad de las autoridades, de jueces y fiscales es obvia. Este 1 de marzo se cumplen cinco años de un vil asesinato del que se conoce el nombre de la víctima, de los asesinos y de los cómplices y que sin embargo sigue impune.
El hecho ocurrió en la urbanización Los Castores de San Antonio de los Altos en presencia de la Guardia Nacional, la cual permitió que dos asesinos en moto pasaran al lado de ellos, dispararan contra un indefenso ciudadano y se retiraran tranquilamente. Lógicamente que el nombre del oficial al mando, un mayor de la Guardia, figura en los archivos. Por tener la víctima doble nacionalidad, venezolana y española, a petición de Gente del Petróleo, la Embajada de España realizó algunas averiguaciones. A continuación transcribimos lo que nos informó textualmente, en correo electrónico de fecha 28 de marzo del 2006, el señor José Antonio Rodríguez Chico, Agregado del Interior de esa Embajada: “Tal y como le indiqué en nuestra conversación telefónica, de la semana pasada, el lunes 27 me trasladé a la población de Los Teques en donde tuve entrevista con el Comisario Sr. Hernán, Jefe de la Subdelegación del CICPC de dicha localidad. En la entrevista pude comprobar que, tal y como el Comisario Hernán me había adelantado por teléfono, la investigación por la muerte del señor Vilas Liñeiro seguía abierta y avanzando. Pude tener acceso al expediente ( Exp. NG-671-457) y comprobar que la versión del CICPC coincide plenamente con la que ustedes nos facilitaron y que el objetivo de los investigadores fue desde el primer momento lograr la identificación de los autores de los disparos que causaron la muerte del señor Vilas. Después de muchas dificultades, el Comisario Agreda consiguió tomar declaración al responsable del dispositivo policial del día 1 de marzo de 2004 en San Antonio de Los Altos (un Mayor de la Guardia Nacional); esta declaración la tomó el 4 de febrero del 2006. El Comisario Hernán me dijo también que tenían identificado a uno de los motoristas, en concreto al compañero del que efectuó los disparos, y que lo habían citado para tomarle declaración sobre los hechos y para que facilitara el nombre de su compañero. También me comentaron que están en estrecho contacto con la Fiscal que entiende el caso y que es la Fiscal N2 Joselyna Fernández. Acordé con el Comisario Hernán seguir en contacto periódicamente, cualquier novedad que surja se la comunicaré de inmediato”. A pesar de esta información, los asesinos de este trabajador de Intevep, filial de PDVSA, ilegalmente despedido por Alí Rodríguez Araque, siguen protegidos.
No es el único caso, recordemos que el asesino de Evangelina Carrizo, un subteniente de la Guardia, está en libertad. Los asesinos de Maritza Ron fueron beneficiados por un juez complaciente y hoy están libres. Las muertes de Antonio López Castillo y de Juan Carlos Sánchez no están claras y los pistoleros de Puente Llaguno disfrutan del indulto presidencial.
Emplazamos al teniente coronel, al Ministro del Interior y Justicia y a la Fiscal General de la República a que ordenen el descongelamiento del expediente de José Manuel Vilas y el de Evangelina Carrizo. A que investiguen todos los asesinatos del 11 de abril y respeten los derechos al debido proceso de los Comisarios y policías metropolitanos y a que revisen las averiguaciones relacionadas con López y Sánchez, así como la orden de libertad de los asesinos de la Maritza Ron y desde luego a que no dejen impunes los miles de asesinatos que ocurren en nuestras ciudades.
¡Prohibido olvidar!
El principal delito de este régimen es la protección de asesinos plenamente identificados. Esta complicidad ocurre tanto en asesinatos políticos, como comunes. Los primeros son conocidos con nombres y apellidos. Los segundos ocurren en los barrios y los asesinos son policías y malandros que generalmente permanecen en el anonimato. En ambos casos la responsabilidad de las autoridades, de jueces y fiscales es obvia. Este 1 de marzo se cumplen cinco años de un vil asesinato del que se conoce el nombre de la víctima, de los asesinos y de los cómplices y que sin embargo sigue impune.
El hecho ocurrió en la urbanización Los Castores de San Antonio de los Altos en presencia de la Guardia Nacional, la cual permitió que dos asesinos en moto pasaran al lado de ellos, dispararan contra un indefenso ciudadano y se retiraran tranquilamente. Lógicamente que el nombre del oficial al mando, un mayor de la Guardia, figura en los archivos. Por tener la víctima doble nacionalidad, venezolana y española, a petición de Gente del Petróleo, la Embajada de España realizó algunas averiguaciones. A continuación transcribimos lo que nos informó textualmente, en correo electrónico de fecha 28 de marzo del 2006, el señor José Antonio Rodríguez Chico, Agregado del Interior de esa Embajada: “Tal y como le indiqué en nuestra conversación telefónica, de la semana pasada, el lunes 27 me trasladé a la población de Los Teques en donde tuve entrevista con el Comisario Sr. Hernán, Jefe de la Subdelegación del CICPC de dicha localidad. En la entrevista pude comprobar que, tal y como el Comisario Hernán me había adelantado por teléfono, la investigación por la muerte del señor Vilas Liñeiro seguía abierta y avanzando. Pude tener acceso al expediente ( Exp. NG-671-457) y comprobar que la versión del CICPC coincide plenamente con la que ustedes nos facilitaron y que el objetivo de los investigadores fue desde el primer momento lograr la identificación de los autores de los disparos que causaron la muerte del señor Vilas. Después de muchas dificultades, el Comisario Agreda consiguió tomar declaración al responsable del dispositivo policial del día 1 de marzo de 2004 en San Antonio de Los Altos (un Mayor de la Guardia Nacional); esta declaración la tomó el 4 de febrero del 2006. El Comisario Hernán me dijo también que tenían identificado a uno de los motoristas, en concreto al compañero del que efectuó los disparos, y que lo habían citado para tomarle declaración sobre los hechos y para que facilitara el nombre de su compañero. También me comentaron que están en estrecho contacto con la Fiscal que entiende el caso y que es la Fiscal N2 Joselyna Fernández. Acordé con el Comisario Hernán seguir en contacto periódicamente, cualquier novedad que surja se la comunicaré de inmediato”. A pesar de esta información, los asesinos de este trabajador de Intevep, filial de PDVSA, ilegalmente despedido por Alí Rodríguez Araque, siguen protegidos.
No es el único caso, recordemos que el asesino de Evangelina Carrizo, un subteniente de la Guardia, está en libertad. Los asesinos de Maritza Ron fueron beneficiados por un juez complaciente y hoy están libres. Las muertes de Antonio López Castillo y de Juan Carlos Sánchez no están claras y los pistoleros de Puente Llaguno disfrutan del indulto presidencial.
Emplazamos al teniente coronel, al Ministro del Interior y Justicia y a la Fiscal General de la República a que ordenen el descongelamiento del expediente de José Manuel Vilas y el de Evangelina Carrizo. A que investiguen todos los asesinatos del 11 de abril y respeten los derechos al debido proceso de los Comisarios y policías metropolitanos y a que revisen las averiguaciones relacionadas con López y Sánchez, así como la orden de libertad de los asesinos de la Maritza Ron y desde luego a que no dejen impunes los miles de asesinatos que ocurren en nuestras ciudades.
¡Prohibido olvidar!
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario