Contrabando de Gasolina (Reportaje)

Indepabis debe actuar ante ajuste inconsulto de la luz

Daniela García

Nelson Hernández, analista, asegura que el aumento de la electricidad es "ilegal", por no aparecer reflejado en Gaceta. Agrega que en Gaceta debería aparecer no solo un pliego que especifique los montos por el uso del servicio, sino la autorización expresa del Ministerio de Electricidad

Sin notificación alguna, desde el 1 de septiembre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aplicó un aumento de entre 45 y 60 por ciento en el precio del kilovatio/hora (kW/h) -según el consumo- y subió en 162 por ciento el Cargo por Ajuste de Combustibles y Energía (Cace) en la facturación de usuarios residenciales, lo que implicó un alza global de la tarifa de electricidad.

El incremento, que no se publicó en Gaceta Oficial, estaba anunciado para enero de 2014, según lo había adelantado Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica, pero los ajustes se llegaron antes y de sorpresa, de acuerdo con lo que se aprecia en los recibos emitidos por la empresa desde el mes pasado.

Para Nelson Hernández, analista en materia de energía, el alza es "ilegal", porque no fue notificada por la compañía a sus suscriptores ni se reflejó en ningún documento oficial. Agrega que en Gaceta debería aparecer no solo un pliego que especifique los montos por el uso del servicio, sino la autorización expresa del Ministerio de Electricidad.

"Indepabis -Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios- debería actuar ante el aumento inconsulto de las tarifas", considera el ingeniero.

Recuerda que recientemente el organismo en materia de protección a los consumidores se pronunció para impedir el incremento de los precios por parte de una empresa de telefonía móvil.

La Verdad intentó conocer la postura de Indepabis en Zulia, para corroborar que haya sido avisado sobre el alza del monto en la facturación de electricidad, pero la respuesta que se obtuvo es que solo la autoridad nacional, Eduardo Samán, está facultada para declarar.

Desde 2002

Miguel Lara, ingeniero electricista, resalta que el único pliego tarifario oficial que se conoce aparece publicado en la Gaceta Oficial 37.415, que tiene fecha del 3 de abril del año 2002.

Los precios que datan desde hace más de una década fueron autorizados por el entonces Ministerio de Energía y Minas para las diferentes empresas prestadoras del servicio que existían en el país, entre ellas las desaparecidas Enelvén y Enelco.

Lara sostiene que para aplicar un incremento, la cartera de Electricidad primero tenía que darle su aprobación a la ahora Corporación Eléctrica Nacional.

El analista manifiesta que en este momento para algunos usuarios es difícil conocer el detalle del alza, debido a que la empresa es inconsistente con el envío de la facturación.

"Corpoelec no puede subir las tarifas de manera inconsulta, tiene que tener una autorización del ministerio”

Suben la luz “a la calladita”

 Daniela García 

No hay multas, pero sí aumento de las tarifas del servicio de electricidad. Corpoelec aplicó el alza desde el 1 de septiembre sin notificarlo públicamente. La empresa estatal incrementó el precio base de los kilovatios/hora entre 45 y 60 % -dependiendo del consumo del cliente- y elevó en 162 % el Cargo por Ajuste de Combustible y Energía (CACE)

Desde el 1 de septiembre Corpoelec eliminó uno de los componentes y elevó los otros dos.

 

 

La felicidad duró poco. Usuarios dejaron de pagar multas por alto consumo eléctrico en agosto, pero a partir de septiembre enfrentan un encarecimiento del servicio. El alza del precio que se cobra por la energía no fue notificada por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la responsable del suministro. Pero los cambios no pasaron desapercibidos.

Desde 2002 las tarifas eléctricas en Venezuela estaban conformadas por tres elementos: El monto base por el uso del servicio, el Factor por Ajuste de Precio (FAP) -con base en la inflación- y el Cargo por Ajuste de Combustible y Energía (Cace) -que considera los costos de los carburantes que se usan para la generación y la energía que se compra a otros países-.

Desde el 1 de septiembre Corpoelec eliminó uno de los componentes y elevó los otros dos. La empresa desapareció el FAP, al tiempo que incrementó el precio base de los kilovatios/hora entre 45 y 60 por ciento -según el consumo del cliente- y elevó el Cace en 162 por ciento. El aumento de los dos factores hizo que creciera el monto de la facturación de los usuarios.

El encarecimiento del servicio fue reconocido por el propio Banco Central de Venezuela (BCV), que en su informe correspondiente al mes de septiembre indicó que la electricidad subió un promedio 19,3 por ciento en ese período, alza que incidió en el avance de la inflación -4,4 por ciento-.

El método
En el caso del encarecimiento del kilovatio/hora, el mecanismo utilizado por la compañía fue el siguiente: Para los primeros 100 kilovatios/hora de consumo quedó igual. Desde el requerimiento del kilovatio/hora 101 al 600, el aumento fue de 45 por ciento. Por los kilovatios/hora que se demanden desde el 600 en adelante -considerado como exceso- se tendrá que cancelar 60 por ciento más.

Para el cargo del ajuste por combustible y energía, el monto a pagar por usuario pasó de 0,0060 bolívares por cada kilovatio/hora consumido en agosto, a 0,0157 bolívares desde el 1 de septiembre, lo que se traduce en un incremento de 162 por ciento, según aparece en las facturas emitidas desde el mes pasado.

Ante el cambio de la estructura Corpoelec procedió a hacer un corte en el cobro a sus clientes, de manera que los recibos emitidos el mes pasado facturan hasta el 31 de agosto con base en las tarifas anteriores y desde el 1 de septiembre bajo el nuevo esquema, modificación que puede ser verificada por los suscriptores.

Con la forma de cobro implementada desde el mes pasado, Corpoelec modificó por completo la estructura tarifaria que está establecida en la Gaceta 37.415 con fecha del 3 de abril de 2002. Antes de ejecutar el cambio la corporación debía publicar la decisión en un documento oficial que sustituyera al anterior.

Sin diferencias
Tras los cambios implementados, todos los usuarios tendrán que pagar más por el servicio que evidencia deficiencias desde 2008, independientemente de la zona en la que vivan o sus condiciones, pues no se aplicaron diferencias de factores entre los suscriptores residenciales.

Entre los más afectados estarán los usuarios de Zulia, quienes en su mayoría requieren más de 600 kilovatios horas por mes, debido a las condiciones climáticas, por lo que tendrán que asumir el aumento de 60 por ciento. Ciudadanos de los Andes o Caracas demandan un promedio de 500 kilovatios hora por mes, por lo que sus incrementos estarán por el orden de 45 por ciento.

Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica, había prometido que el nuevo esquema tarifario sería modificado a partir de enero de 2014, pero la facturación indica que adelantaron algunos ajustes. Si el jefe de la cartera procede a aplicar recargas el año que viene, los usuarios tendrán que asumir la segunda alza en sus recibos en menos de seis meses.

Chacón argumenta que el servicio eléctrico venezolano es el más barato del mundo, debido a la congelación de tarifas durante más de una década, por lo que Corpoelec enfrenta un déficit de ingresos que no le permite cubrir sus costos operativos. Con los cambios en la forma de cobro la empresa busca percibir los recursos que dejó de obtener en agosto con la eliminación de las multas.

Resumen caso investigación Auditoría Fiscal de Pdvsa a Botados Ilegalmente

Eddie Ramirez

Resumen de antecedentes de la crisis en Pdvsa y de las sanciones  que está aplicando el Auditor Fiscal de Pdvsa a 185 trabajadores ilegalmente despedidos de la empresa

1-Para poder implantar su  llamada revolución Hugo Chávez requería apoderarse de Pdvsa para disponer sin control de los recursos financieros de la empresa y contar con su apoyo logístico. El primer intento lo hizo cuando designó como presidente a Ciavaldini, quien por incompetente y por el contrapeso de los Directores de la estatal y de los presidentes y directores de las filiales no pudo cumplir la tarea encomendada. Lo cambió por el general Guaicaipuro Lameda, quien no se prestó a la manipulación. Lo sustituyó por Gastón Parra y cinco directores sin méritos y de tendencia “revolucionaria”.  Ello motivó una protesta de los 34 más altos ejecutivos, quienes en febrero 2002 publicamos un manifiesto titulado “Salvaguardemos a Pdvsa”. Ante la destitución de dos de los firmantes se agudizó la crisis y el 4 de abril, iniciamos un paro y el 9 de abril  se sumaron al paro la CTV y Fedecámaras,  prolongándose el mismo hasta el día 11.   A su regreso al poder cambió la directiva cuestionada y designó a Alí Rodríguez como presidente. Gradualmente se fue creando un clima hostil contra quienes habían participado en el paro y se iniciaron actividades de tipo político dentro de la empresa. Esta situación y el llamado de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, de la CTV y de Fedecámaras a un paro cívico el 2 de diciembre del 2002 motivaron a muchos trabajadores de Pdvsa y filiales a sumarse motu propio al mismo. Recordemos que Chávez reconoció haber promovido la crisis y que también declaró que “ tenía que tomar esa colina que es Pdvsa porque no podía nombrar ni remover gerentes”.

2-Algunos trabajadores se sumaron a la huelga, catalogada como tal por la OIT, en uso de un derecho constitucional, pero otros estaban de reposo médico, permiso por maternidad, de vacaciones o aplicando el Plan de Contingencia. Inicialmente el paro fue administrativo, pero se generalizó cuando Alí Rodríguez militarizó las instalaciones, llamó a los círculos violentos, removió a gerentes de primera línea y a quienes estaban aplicando el Plan de Contingencia e impidió el ingreso de muchos para poner a Pdvsa a las órdenes del régimen .Por otra parte, las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado, algunas con actas formales,  y a los pocos días se reactivaron gradualmente las actividades. Por ello, las tradicionales acusaciones de sabotaje no son sustentables, ya que los incidentes sucedieron cuando Alí Rodríguez y sus gerentes rojos tenían  control de las instalaciones ( 19 de diciembre,  7 de enero 2003, 14 de enero, 27 de enero,  25 de febrero, 11 de marzo y 23 de marzo) . Fueron despedidos ilegalmente por anuncios de prensa 18.792 trabajadores ( 726 de la nómina ejecutiva, 12.371 de la mayor, 3.705 operadores y artesanos, 1954 operadores y mantenedores). A esta cifra hay que sumar unos 2.500 de la empresa mixta Intesa y varios centenares que nunca fueron notificados pero a los que no se permitió ingresar a la empresa.   

3-En el 2006, el Auditor Fiscal de Pdvsa, designado a dedo y no por concurso como establece la ley,  inició una averiguación a 185 trabajadores por supuestos daños ocasionados a la empresa durante el paro cívico. Cada uno de los investigados dimos respuestas a las acusaciones y pensamos que hasta allí llegaría el caso. En noviembre del 2011 iniciaron nuevas citaciones, algunas de ellas a través del diario VEA,  para los mismos 185, ratificando la oficina de Auditoría las acusaciones y haciendo caso omiso a nuestros alegatos.

4-El monto que reclama Pdvsa es de Bs. F 19.463.959.000,00 bolívares fuertes  (diecinueve milcuatrocientos sesenta y tres millones novecientos cincuenta y nueve mil bolívares fuertes). Ese monto incluye importaciones de gasolina, petróleo que dejó de exportar la empresa y supuestos daños a instalaciones.  Desde el 18 de octubre a la fecha ( 28 de octubre 2012)  se han realizado tres actos en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en Catia, en los cuales se sancionaron a  44 trabajadores. Los montos por multa han fluctuado entre 550 y 990 unidades tributarias y los reparos están entre 90 y 119 millones de bolívares fuertes, por persona.   Hasta ahora solo absolvieron a dos trabajadores que no se sumaron al paro y que por razones no conocidas los habían incluido en la lista de los investigados. Entre los sancionados figuran periodistas, abogados, médicos y administradores quienes no tenían responsabilidad operativa; además varios de ellos tampoco se había sumado al paro e incluso algunos habían sido jubilados por la Pdvsa roja. Los criterios aplicados son difíciles de entender. Todavía no tenemos el escrito en el que el Auditor razona las sanciones. Hugo Chávez y Alí Rodríguez deberían ser los sancionados. El primero por promover la crisis y el segundo por desencadenarla.