El actual sistema eléctrico nacional: contaminante, corrompido y colapsado

Por: Henry Jimenez Guanipa 

En el contexto global, de acuerdo a los datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA), en 2015 la capacidad de generación de fuentes renovables se incrementó en 152.000 MW (152 GW), lo que significa un 8.3%, siendo la tasa de crecimiento anual más alta que se ha experimentado en este sector. Esto significa más de cuatro veces la capacidad instalada de generación que tiene Venezuela actualmente.

Este extraordinario desarrollo viene impulsado por una inversión sin precedentes de 286 mil millones de dólares, a un valor por MW cercano a los 1.9 millones de dólares, con lo cual se ha creado un mercado potente para el flujo de capitales, la generación de empleos y el cuidado del medio ambiente. De hecho IRENA reporta que más de 8 millones de personas se encuentran empleadas en la industria de las energías renovables en todo el mundo.

Desglosando, la energía eólica subió 63 GW (17%) impulsado por la disminución de los precios de las turbinas de hasta un 45% desde 2010. La generación solar se incrementó en 47 GW (26%), en gran medida por la caída de los precios de los módulos solares fotovoltaicos de hasta el 80%. Así mismo, la capacidad hidroeléctrica se elevó en 35 GW (3%), mientras que la bioenergía y la energía geotérmica se incrementaron en un 5% cada una, es decir, 5 GW y 1 GW respectivamente.

Estos datos dejan claro que la gran apuesta mundial es por las fuentes eólica y solar para la generación de electricidad.

Desde el punto de vista geográfico, el mayor crecimiento se ha producido en los países en desarrollo, destacándose: América Central y el Caribe a una tasa del 14,5% y Asia, donde el incremento representó el 58% de la nueva capacidad mundial de generación de energía renovable, con un crecimiento del 12,4%. En Europa y América del Norte fue de 24 GW (5,2%) y 20 GW (6,3%) respectivamente.

Al cierre de 2015, la generación hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 1.209 GW, se mantiene como la principal generadora renovable, frente a una capacidad instalada de 432 GW y 227 GW de la eólica y solar respectivamente. Otras renovables como la bioenergía y la geotérmica ostentan ya 104 GW y 13 GW y la marina cerca de 500 MW.

Estas cifras demuestran que las energías renovables han ganado mucho terreno y son cada vez más económicas y viables.

En nuestro país, el proceso ha ido a la inversa. Entre 2006 y 2013 se duplicó la capacidad de generación termoeléctrica, que requiere para su funcionamiento la utilización de combustibles fósiles, pasando de 7.619 MW a 14.806 MW. Véase la gráfica siguiente elaborada por técnicos del Grupo Ricardo Zuloaga (GRZ).

Para tener una idea de lo que significa esta ampliación en términos de inversión vs instalación de capacidad de generación medidos en MW, un estudio realizado por el GRZ identifica dos momentos históricos en el proceso de construcción del sistema eléctrico nacional:

1.El primero abarca 48 años, desde 1950 a 1998. En este período la inversión total pública y privada acumulada fue de 48.254 millones de dólares, para instalar 19.696 MW, con lo cual el monto estimado por MW fue cercano a los 2,45 millones de dólares.

2.El segundo se extiende 14 años, en tiempos de la “revolución bolivariana”, desde 1999 hasta 2014. Durante estos años, se destinaron al sector eléctrico un océano de dólares que superan los 94.000 millones para instalar 13.335 MW, con lo cual el costo promedio por MW es ligeramente superior a los 7,0 millones de dólares, triplicando el precio del MW de referencia para el primer período.
Si comparamos estas cantidades con lo invertido en energías renovables, de acuerdo al reporte de IRENA, en Venezuela se hubieran podido instalar más de 50.000 MW.

En la gráfica siguiente, el GRZ nos muestra el precio referencial internacional para proyectos de generación termoeléctrica e hidroeléctrica, frente a los costos en el país.

El caso venezolano es sin duda único y obviamente el diferencial de precios no está, ni en el valor de los materiales, ni de los equipos, ni de la tecnología, ni de las cantidades destinadas a mejorar el medio ambiente, ni al pago a los trabajadores. Todos sabemos que esos miles de millones de dólares fueron sustraídos fruto de la corrupción, mediante sobornos, sobreprecios etc, y se encuentran depositados en paraísos fiscales o invertidos en bienes muebles e inmuebles para burlar su rastreo.

La tragedia no puede ser peor. Conocidos dirigentes de la mal llamada “revolución bolivariana”, asociados a empresarios sin moral, ni escrúpulos y muy probablemente a sectores de la banca nacional e internacional, no solo se apropiaron del dinero del pueblo venezolano, sino que además destruyeron el SEN, con lo cual han condenado a la casi totalidad del pueblo venezolano a vivir en penumbras y a padecer de la privación de un derecho humano fundamental que afecta de manera directa la realización de otros, pero en particular el derecho a una vida digna.

Cada día que transcurre, muy a pesar de la poca información que existe sobre las gigantescas cantidades de dinero invertidas en el sector eléctrico, nos acercamos a la verdad de lo que allí ha acontecido. Cuando sea posible investigar, analizar, cuantificar y auditar esa caja negra, el país quedará estupefacto y sin aliento frente a lo que tendrá que considerarse como una de las mayores estafas jamás conocidas.

Por ello hacemos votos en favor de quienes desde la Asamblea Nacional y fuera de ella, promueven un instrumento legal que abra el camino a la recuperación del dinero robado a los venezolanos y llevar a la justicia a los responsables.

Nuestra propuesta se centra en la necesidad de establecer un Alto Tribunal o instancia Anticorrupción con amplias competencias y recursos humanos y tecnológicos para sanear el futuro de Venezuela. Les propongo una campaña para este fin.

La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. (Horacio)

Nota final. Venezuela no es miembro de IRENA. En Latinoamérica y el Caribe solo son miembros: Antigua y Barbuda, Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Grenada, Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, y Uruguay. En proceso de incorporación se encuentran: Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay.