Por: Nelson Hernández
El
Ejecutivo Nacional, presento el 22-01-26 ante la Asamblea Nacional, un proyecto
de reforma a la ley actual.
Los ajustes
propuestos a dicha reforma transformar una apertura parcial y discrecional en
un marco jurídico competitivo, transparente y financieramente viable para
atraer capital internacional sin comprometer la propiedad estatal del recurso. El diagnóstico inicial señala que la propuesta del
Ejecutivo mantiene una alta discrecionalidad política, carece de un regulador
independiente y presenta vacíos significativos en gobernanza, fiscalidad y
seguridad jurídica.
A continuación, los
ajuste que se proponen:
Fortalecimiento
de la Institucionalidad y Seguridad Jurídica
Para resolver el
conflicto de intereses donde el Ministerio actúa como "juez y parte",
se propone la creación de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos (AVH). Este ente autónomo se encargaría de la supervisión
técnica, la aprobación de planes de desarrollo y la fiscalización de volúmenes
y costos.
En cuanto a la
confianza del inversionista, los ajustes introducen mecanismos de arbitraje
internacional (CCI/CNUDMI) y establecen causales objetivas para la
revocación de derechos, eliminando la arbitrariedad. Un punto crítico es la
inclusión de una cláusula de equilibrio económico-financiero y el
reconocimiento de las sanciones internacionales como eventos de fuerza mayor o
reequilibrio, lo que protege los proyectos frente a cambios regulatorios
imprevistos.
Reglas
de Mercado y Régimen Fiscal
La propuesta busca
profesionalizar la participación privada mediante:
·
Licitaciones públicas: Establecidas
como el mecanismo estándar para adjudicar contratos.
·
Recuperación de costos (Cost
Recovery): Implementación de este régimen bajo estándares
internacionales y auditorías.
·
Fiscalidad técnica:
Se sustituyen las reducciones discrecionales de impuestos por bandas
fiscales predefinidas basadas en criterios técnicos como precios y tasa
interna de retorno (TIR).
Estas medidas,
junto con la publicación obligatoria de decisiones fiscales, pretenden reducir
el riesgo país y facilitar el financiamiento internacional.
Transparencia
y Sostenibilidad
En materia de
gobernanza, se exige la publicación de los términos esenciales de los
contratos y auditorías externas obligatorias para operadoras y empresas
mixtas. Asimismo, se incorporan normas de integridad para
prevenir la corrupción y proteger los derechos de los socios minoritarios.
Finalmente, el
ajuste alinea la industria con las tendencias globales mediante obligaciones
modernas de transición energética. Esto incluye planes de
abandono con provisiones financieras aseguradas, reportes bajo estándares ESG
(ambientales, sociales y de gobernanza) e incentivos para tecnologías limpias
que reduzcan las emisiones.
En conclusión, estos ajustes pretenden elevar la reforma
a una política petrolera moderna y sostenible, capaz de reactivar la producción
nacional cumpliendo con los estándares globales de la industria.
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