Comunicado Coener a La Sociedad Venezolana (22-02-19)

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Suspension Proyecto HDH+ en Refineria pto. La Cruz.(Comunicado COENER 12-10-18)

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Comunicado COENER - Que Esta Pasando en Las Refinerias Venezolanas

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A 5 Años de La Tragedia de Amuay (Comunicado)

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GRZ. Comunicado Al Pueblo Venezolano (21-09-16)

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Gente del Petróleo sobre el aumento de la gasolina

El gobierno nacional acosado por la necesidad de obtener más ingresos  y por las grandes pérdidas que está teniendo por las importaciones de gasolina y de diesel, está planteando abrir un debate sobre el precio de la gasolina.  Nunca el Ejecutivo ha propiciado un debate con los venezolanos que no comulgan con su proyecto totalitario. Ahora, cuando tiene el agua al cuello, lanza la idea de este debate que en la realidad no se efectuará, ya que la decisión del aumento  está tomada.

Gente del Petróleo denuncia que no procede realizar un aumento de los combustibles mientras estemos regalando petróleo a Cuba y a otros países. En el último informe de Pdvsa, esta empresa refleja que había enviado 266.000 barriles por día (cada barril contiene unos 159 litros) a países que integran los convenios de Petrocaribe y del  Acuerdo Energético de Caracas. Las condiciones de estos despachos son lesivas a los intereses de Pdvsa y por lo tanto de Venezuela, ya que el 60% de la factura es financiado a 23 años, con dos años de gracia y al 1% de interés, lo cual calculado a valor presente significa gratis.  Nicaragua cancela parte de esa factura con  café, caraotas y carne e incluso ha llegado a pagar con pantalones. Guyana, país que usurpa parte de nuestro territorio y no reconoce nuestros derechos en la fachada Atlántica, cancela con arroz y Cuba con paramédicos y entrenadores. Además, varios países tienen cuantiosas deudas con Pdvsa y los precios de intercambio están por encima de los precios de mercado. Esta situación, los numerosos accidentes y la deficiente gestión gerencial explican el elevado endeudamiento de nuestra petrolera. 

Cabe mencionar que mientras la Pdvsa meritocrática exportaba cantidades importantes de gasolina y diesel, entre enero y setiembre de este ano Pdvsa importó de Estados Unidos 20.728.000 barriles de productos refinados, de los cuales 5.874.000 barriles correspondieron a gasolina terminada y 5.976.000 a diesel.

Desde luego que el precio actual de la gasolina es muy bajo y ocasiona que Pdvsa  deba subsidiar su consumo, pero no es posible abrir un debate sobre el tema mientras no se eliminen los regalos a otros países con el objeto de lograr  influencia política y deje de utilizarse los recursos del Estado para realizar campañas políticas. 

 

Caracas 13 de diciembre de 2013

Comunicado COENER (a 6 Meses Del Accidente de Amuay)

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Comunicado de Gente del Petróleo. A diez años del paro cívico

A diez años del paro cívico, quienes integramos la Asociación Civil Gente del Petróleo reiteramos nuestro compromiso de contribuir a construir un mejor país en el que prevalezcan los principios y valores de la democracia.

En el 2002 rechazamos las violaciones a los derechos humanos, la injerencia en la educación de nuestros hijos y el atropello a la meritocracia en Pdvsa. Hoy la situación es mucho más grave, como consecuencia de los avances del totalitarismo siglo XXI que desacata numerosos artículos de nuestra Constitución, como se evidencia por la presencia de presos políticos, exiliados, violaciones al debido proceso, sometimiento de todos los poderes públicos al Ejecutivo, confiscaciones de la propiedad privada, la dantesca situación en las cárceles y el intento de imponer un estado comunal.

Desde el Paro Cívico de diciembre del 2002 se ha incrementado la pobreza y la  inseguridad, el parque industrial ha sido diezmado, dependemos más de los ingresos petroleros  y el Estado adquirió una gran deuda interna y externa pese a los elevados precios del crudo. Las empresas del Estado están quebradas o en una situación económica muy precaria y, en el caso específico de Pdvsa,  es  evidente el grado de desmantelamiento y destrucción por haberla   convertido en brazo político y caja chica del régimen.
Esto es particularmente grave, ya que esta empresa genera el 94% de las divisas que requiere el país. Cabe mencionar que solo en setiembre de este año, Pdvsa importó de los Estados Unidos 5.882.000 barriles de productos refinados, de los cuales 2.050.000  fueron de gasolina terminada y los restantes de componentes de la misma, diesel y lubricantes.

En el 2011,  según el Informe de Pdvsa, la empresa tuvo que desembolsar 39.783 millones de dólares para comprar petróleo y productos refinados.  Ese mismo Informe señala que a diciembre de ese año,  Pdvsa contaba con 115.422 trabajadores, un 65 % más que antes del paro cívico, de los cuales 17.000  están en actividades no petroleras y  la gerencia de recursos humanos reconoce que no dispone de información del nivel de instrucción de 28.570 de sus trabajadores, es decir del 25% de su nómina. Las cuentas por cobrar estaban en 38.759 millones de dólares y actualmente la deuda financiera está sobre los 43.000 millones de dólares. A esto hay que añadir el elevado número de accidentes, con un saldo lamentable de 120 venezolanos   fallecidos desde el 2003 a la fecha, así como las cuantiosas pérdidas  materiales. Además, desde setiembre del 2009 a la fecha,  gandolas de Pdvsa han estado involucradas en numerosos accidentes con saldo de 117 ciudadanos fallecidos y cientos lesionados.

A lo anterior hay que sumar los numerosos casos de corrupción, entre ellos   Pdval, Fondo de Pensiones, maletín con dólares para la Argentina y sobreprecio de la plataforma Aban Pearl que se hundió. 
Para intentar ocultar esta situación, hoy Pdvsa está arremetiendo en contra de 180 ex trabajadores a los que pretende imponer multas y cobro por reparos derivados de las importaciones de gasolina que realizó la empresa durante el paro y el petróleo que dejó de exportar, así como por unos supuestos daños a instalaciones. Reiteramos que los únicos culpables de la crisis del 2002 fueron el teniente coronel Hugo Chávez y el entonces presidente de Pdvsa Alí Rodríguez. Las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado, lo cual permitió a la nueva directiva reactivar rápidamente las operaciones.

Todos los incidentes señalados como sabotaje ocurrieron cuando la nueva gerencia tenía el control y fueron consecuencia de falta de pericia. Rechazamos estas imputaciones y solicitamos a la Contraloría General de la República inicie una averiguación  al respecto, ya que el Auditor Fiscal que las lleva a cabo, señor Ramón Torres fue designado ilegalmente, y que el delegado que aplica las sanciones, señor Paúl Alvarado Rodríguez, tampoco está facultado y, además, no tiene la competencia requerida. Hacemos notar que entre los sancionados se encuentran médicos, abogados, periodistas, trabajadores que estaban de vacaciones, de reposo médico o de permiso por maternidad y algunos de ellos disfrutan actualmente de la jubilación otorgada por la empresa. Por otra parte, los ex trabajadores petroleros aún tenemos pendiente el reconocimiento de nuestros pasivos laborales.

Con respecto a las conversaciones sobre una amnistía, nuestra Asociación apoya las gestiones que se realizan  e insta al gobierno a poner en libertad a los presos políticos y a permitir el regreso de los exiliados.

La SVIP ante el Accidente de Amuay

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEO – SVIP

FUNDADA EL 1º. DE AGOSTO DE 1958

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LA SVIP ANTE EL SINIESTRO OCURRIDO EN LA REFINERÍA DE AMUAY EL PASADO 25 DE AGOSTO DE 2012

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), lamenta profundamente la tragedia ocurrida el 25-08-12 en la refinería de Amuay y envía a toda la comunidad de Paraguaná su sentimiento de solidaridad y de pesar por la pérdida irreparable de sus seres queridos y a la vez hace llegar nuestros mejores deseos por la pronta recuperación de las personas que resultaron lesionadas.

En varias oportunidades, la SVIP como organismo adscrito al CIV y por su identificación con la industria petrolera nacional, se ha dirigido al país para alertar sobre la necesidad de que se tomen medidas urgentes, con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras, dada la ocurrencia de eventos que han causado pérdidas de vidas de trabajadores propios de PDVSA y de empresas contratistas. El último de estos comunicados fue presentado conjuntamente con la Academia de la Ingeniería y el Hábitat en rueda de prensa en mayo del presente año. En ese documento expresamos textualmente: “El parque refinador del país presenta una situación muy crítica. Se impone una revisión profunda de los protocolos operacionales y de los procedimientos de mantenimiento y de seguridad, con el objeto de recuperar la eficiencia operativa y evitar que ocurra un evento de dimensiones catastróficas”. Lamentablemente este evento acaba de ocurrir arrojando como resultado 42 personas fallecidas y más de 100 lesionadas hasta el momento de elaborar esta nota.

Al revisar el Informe presentado en marzo pasado por la empresa RJG RISK ENGINEERING, evaluadores de riesgos de la empresa aseguradora de PDVSA, presentan una serie de observaciones y recomendaciones que debieron ser manejas en condiciones de EMERGENCIA. A continuación resumimos algunas de ellas:

·         Durante 2011 ocurrieron 222 incidentes en el Complejo Refinador de Paraguaná. Entre ellos 100 incendios. De estos incidentes 173 muestran que se han designado los comités de investigación pero no se indica ningún progreso en disminuir significativamente estas cifras.

·         La mayoría de los sistemas de alarmas están sobrecargados y han estado en esas condiciones desde 2008.

·         El patrón histórico de mantenimiento ha cambiado de 80% Preventivo y 20 % Correctivo a 70% Correctivo y 30% Preventivo.

·         Las válvulas dobles de los toma muestras de las esferas de LPG están separadas aproximadamente 1 pie (30,48 cm) una de otra cuando de acuerdo con la norma deben estar por lo menos a 1 metro de separación (Véase API Standard 2510).

·         Los programas de paradas programadas de plantas se retrasan por el largo tiempo de entrega de materiales y equipos.

·         Finalmente los evaluadores expresan: “En general, vemos cierto progreso pero continuamos calificando que este gran complejo refinador requiere mejoramiento. En nuestra opinión se necesita una actitud proactiva más fuerte “.

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, en cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley del Ejercicio de la Ingeniería recomienda:

Que este siniestro sea investigado exhaustiva, profesional y diligentemente con participación de expertos en refinación, seguridad industrial y evaluadores de siniestros, de calificadas organizaciones independientes.

Que los resultados que arrojen las investigaciones del siniestro de Amuay, incluyendo las responsabilidades del caso, se hagan del conocimiento de todos los venezolanos y que se tomen las acciones administrativas y legales a que haya lugar.

Esperamos que esta lamentable experiencia traiga como resultado la evaluación de otras instalaciones muy críticas en la industria petrolera nacional, tales como: El Dique de la Costa Oriental del Lago, la refinería de Puerto la Cruz, la refinería del Palito, el Complejo Jose, los Complejos Santa Bárbara y San Joaquín, la red de gasoductos y oleoductos, el complejo industrial de la Faja del Orinoco, las plantas petroquímicas etc., con el fin de evitar situaciones similares a la ocurrida en AMUAY.

Colegio de Ingenieros de Venezuela, el 6 de septiembre de 2012.

La Junta Directiva

La Gente del Petróleo ante la tragedia de Amuay.

La Asociación Civil Gente del Petróleo lamenta profundamente la tragedia ocurrida en la Refinería de Amuay, manifiesta su sentido pésame a los familiares de las víctimas y hace  votos por la recuperación de los ciudadanos heridos. Igualmente, expresamos nuestra solidaridad con quienes sufrieron daños en sus viviendas y comercios. La información preliminar que disponemos indica que inicialmente en horas de la madrugada hubo una fuga de propano en una de las esferas que contiene este gas que hizo ignición y causó la explosión, propagándose el incendio a tanques que contienen petróleo y nafta  Esta desgracia hubiese sido de mayor magnitud si hubiese ocurrido durante el día.  Responsablemente no podemos adelantar juicios al respecto, pero reiteradamente hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República y la opinión pública, de los numerosos accidentes en las instalaciones petroleras como consecuencia de falta de compromiso de la directiva de Pdvsa y de la alta gerencia con la seguridad en el trabajo, así como por la falta de mantenimiento de los equipos, incluyendo instrumentos de control. Cabe recordar que desde el 2003 a la fecha los medios de comunicación han informado, sin incluir el de esta madrugada,  de 79 accidentes graves en el Centro de Refinación de Paraguaná (Cardón y Amuay), con 19 trabajadores fallecidos y 67 lesionados.   Dada la magnitud de esta tragedia y la negligencia de PDVSA en aclarar otros accidentes, instamos al Gobierno Nacional a que designe una comisión investigadora que también incluya a profesionales de las universidades y del Colegio de Ingenieros para determinar las causas de esta lamentable tragedia.

Caracas, 25 de agosto de 2012

COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES (22-12-10)

DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.


En la presentación de sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre de este año, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases ins­titucionales de la democracia, propia del Estado de Derecho que para nuestro país postula la Constitución vigente, y sobre los efectos negativos de la infla­ción y del deterioro de la salud pública, sobre la pérdida de la enseñanza de la historia, así como sobre los límites de la investigación científica y la falta de planificación y ejecución de un desarrollo sostenible.

Hoy, ante la sanción de leyes que violan derechos constitucionales de natura­leza inalienable e irrenunciable, así como del principio de la separación de los poderes y de la institucionalidad democrática, los presidentes de las Aca­demias Nacionales y demás firmantes de este documento, responsablemente denuncian ante la opinión pública nacional y mundial el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la pretensión de imponer un sistema absolutista. Ello en razón del concepto totalitario que priva en la legislación recientemente aprobada, que no sólo confiere ilimitadas facultades al Presi­dente de la República, y altera la distribución del poder público de la organi­zación federal de la Nación, sino que también desconoce la voluntad electo­ral expresada el 26 de septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo mucho más plural y de mayor representatividad de los diversos sectores nacionales en la aprobación de las leyes.

Este sistema absolutista se manifiesta en la grave restricción de las libertades públicas de pensamiento, de expresión y de educación libre, en la imposición de controles y sanciones al derecho de información, y en la eliminación de los fundamentos de autonomía en el funcionamiento de las universidades, que forma parte de su esencia como instituciones de educación superior. El senti­miento absolutista también se exterioriza a través de la sanción de leyes que persiguen imponer un modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad popular que lo rechazó en el referéndum del año 2007, que atentan contra el principio de la soberanía popular como fuente originaria del poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se identifican con esa ideología, alterando los principios de igualdad y de no discriminación, propias de las democracias constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela fuera de los estándares democráticos de los tratados y conven­ciones suscritos por el Estado venezolano.

Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional al restringir sus competencias legislativas por un período de dieciocho (18) meses, cuando delega ampliamente en el Presi­dente de la Republica la mayor parte de su reserva legislativa, y sobre mate­rias totalmente ajenas a la emergencia climática que se argumentó como justi­ficación de tal delegación. Adicionalmente, la modificación del régimen interior de debates busca limitar la discusión y deliberación de los nuevos parlamentarios. Estas decisiones legislativas se toman con la clara intención de evitar que los miembros de la nueva Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente la representación de los votantes que los eligieron en las elec­ciones del 26 de septiembre de 2010.

Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su último período de sesiones, contrarían los valores de la sociedad democrática del pluralismo, del respeto de los derechos fundamentales, de la separación y del equilibrio entre los poderes, así como de la participación ciudadana, de la organización federal del Estado, del sistema económico democrático, de la seguridad jurídica y del respeto de las minorías. Leyes como la de teleco­municaciones y la de responsabilidad e inhabilitación política de los parla­mentarios, afectan la esencia misma de la dignidad de las personas, al impo­ner controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente.

A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que garantice la imparcialidad de los procesos judiciales, y que asegure que la actuación de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los límites del derecho, y en armonía con los valores constitucionales y las leyes que están destinadas a conservarlos. Por otro lado, la actuación sin el debido proceso, arbitraria y desproporcionada, para privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre desenvol­vimiento. Hoy día en Venezuela, por todo ese conjunto de leyes, y por la falta de protección judicial ante sus violaciones, es cada vez más riesgoso ejercer derechos intangibles como el de la libre expresión y de la libre manifestación política.

La utilización de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles y adminis­trativas, contradice sus fines institucionales y los tratados que respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohíben utilizar cuerpos pro­fesionales armados y armas de guerra en la realización de actuaciones guber­namentales. Por lo expuesto, estimamos que está en riesgo el sistema político democrático basado en el imperio de la Constitución y de la Ley.

Dentro de ese contexto, ratificamos que el carácter ilimitado de la delegación conferida al Presidente de la República mediante autorización de leyes habi­litantes atenta contra el principio de seguridad jurídica y el principio democrático, porque ello conduce a la eliminación de las competencias cons­titucionales de la Asamblea Nacional, y a la desnaturalización de la excepcio­nalidad de la delegación legislativa. Así mismo, rechazamos el uso de facul­tades extraordinarias para afectar derechos económicos y sociales fundamen­tales, como el de propiedad y el de libre iniciativa, sin atenerse a los princi­pios constitucionales que garantizan que tales derechos no se afecten arbitra­riamente, y que tales afectaciones no produzcan daños mayores, como el des­empleo, la escasez de productos esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la corrupción.

Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al derecho a la libre enseñanza que representa el proyecto de Ley de Educación Superior, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Este instrumento legal despoja a las universidades de su autonomía administrativa, de autogobierno, de dirección y normativa, al transferirse la mayor parte de sus competencias autónomas a entes dependientes del poder ejecutivo, y al someter las universi­dades a un régimen de sumisión en cuanto a sus facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el de la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal. Exigimos del poder legislativo que en la nueva legislación se garanticen a las Universidades los principios cons­titucionales de su autonomía, es decir: 1) La potestad para orientar sus pla­nes de estudio y de investigación de su sistema de educación. 2) La capaci­dad para darse libremente su propia organización académica y de concretar su libertad de enseñanza y económica. 3) La reserva legal, en el sentido que sólo por ley puede limitarse la libertad de las universidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y únicamente para permitir la supervisión de la calidad de la instrucción y la observancia de las grandes directrices de la política educativa. 4) La inviolabilidad del recinto universitario como medio de pro­tección de la autonomía universitaria. 5) El derecho de los profesores y estu­diantes, principalmente, como miembros de la comunidad universitaria, de participar en los órganos de gobierno de las universidades y en sus decisio­nes. Y, 6) La existencia de un sistema verdaderamente democrático y de respeto pleno a las libertades públicas y a los derechos humanos, que garantice efectivamente la autonomía universitaria.

Por todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad en Venezuela no están garantizados los principios fundamentales ni el cumpli­miento del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia de una socie­dad democrática y plural que postula la Constitución.

Caracas, diciembre de 2010