Juan L.
Martínez
El subsidio a los combustibles, en
especial los de uso automotor, tiene un efecto pernicioso directo sobre quién lo
acarrea, en este caso, la estatal PDVSA, derivándose al Estado venezolano con
un costo de más de 16000 millones de dólares para 2012, cerca del 5% del
Producto Interno Bruto del país.
El efecto inmediato que esto viene
causando sobre PDVSA es la cada vez mayor precariedad en el mantenimiento de
sus sistemas de refinación, así como de su infraestructura de transporte,
distribución y comercialización de combustibles.
Es de conocimiento público que Venezuela
está importando gasolina desde 2011, y diesel desde 2012, especialmente después
del desastre de la Refinería de Amuay el 25 de agosto del año pasado. El costo
de estas importaciones podría estar en el orden de 2000 millones de dólares
durante 2012.
El sistema combinado de distribución
y transporte por poliductos más reciente, el SISCO (Sistema de Suministro Centro
Occidental), fue inaugurado por PDVSA en 1993, hace 20 años. La capacidad de
manejo de combustibles de estos sistemas es de 380 mil barriles diarios, muy
por debajo de la demanda actual del mercado interno venezolano. De ahí que la
estatal PDVSA haya tenido que invertir cuantiosas sumas en el engrosamiento de
la flota de camiones-remolque, a fin de compensar este déficit de capacidad.
Por otro lado se tiene, y se agrava cada
día mas, el problema del contrabando de extracción, el cual se estima roba al
país cerca de 50 mil barriles diarios de gasolina y diesel, para ser
comercializados a precios muy superiores en Colombia, Brasil, Centroamérica e
islas del Caribe.
Sin embargo, aun se escuchan
opiniones adversas ante la necesidad imperiosa de reformular estas políticas de
subsidios implícitos. Los argumentos que se siguen esgrimiendo se basan en el
derecho que tienen los venezolanos a disfrutar de combustible barato ya que
somos un país petrolero. Nada más equivocado. Un gobierno fundamentalista como
el de Irán tuvo que olvidarse de esto ante la ruina que representaba su mercado
interno de energía. A partir de 2011 empezó a ajustar los precios de la
gasolina, el diesel y la electricidad con el objeto de llevarlos, gradualmente,
a términos equivalentes a su costo de importación.
El modelo distributivo actual quedó al descubierto con el
estudio de Gustavo García y Silvia Salvato “EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN
VENEZUELA”, publicado en septiembre de 2005 por la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) (http://www.comunidadandina.org/public/libro_EquidadFiscal_venezuela.pdf).
A partir de estos datos, se puede
inferir que la distribución real del subsidio implícito a los combustibles para
uso automotor, incluyendo su porción de uso para transporte público, transporte
de carga y vehículos particulares, es absolutamente desigual. El 20% de las
familias de menores ingresos apenas se beneficia de un 7% de este subsidio
implícito, mientras que el 20% de las familias de mayores ingresos percibe el
39% de dicho subsidio.
Todo lo anterior bajo la tesis de que
el subsidio llegue de alguna manera a los consumidores, mas sin embargo, hay
serias evidencias de que una buena parte del mismo beneficia directamente a grupos
económicos asociados a la industria automotriz, transporte público y transporte
de carga. Combustible barato o regalado puede incrementar con mucha facilidad
la demanda de vehículos de toda gama, así como la rentabilidad de los servicios
de transporte.
¿Se refleja verdaderamente el
subsidio a los combustibles en las tarifas y la calidad del transporte público
y en el precio de los productos que consumimos en Venezuela? Pareciera que no
es así.
Hay soluciones para esto y su
implementación puede llevarse a cabo con éxito recuperando los costos de
producción y distribución, erradicando el contrabando, redistribuyendo la renta
de forma equitativa y logrando que la actividad pueda crecer y
generar empleos incentivando la participación del capital privado. Todo ello es absolutamente viable con la modificación de la estructura de precios y mediante la instrumentación de un mecanismo de compensación directa destinado a beneficiar a la mayor parte de las familias. Un cambio radical de políticas públicas que verdaderamente distribuya la renta de manera equilibrada.
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