No mas presos políticos, ni exiliados.
La noticia comienza indicando al Fiscal David B. Fein de los EEUU para el Distrito de Connecticut explicando la declaración de Juan Carlos Guillen Zerpa aceptando su culpabilidad en el caso de la estafa hecha a la SEC y por ende al Fondo de Pensiones de Jubilados de PDVSA. Una estafa comenzando en 2006 en donde Illaramendi maneja fondos de cobertura, en donde pierde millones dólares, lo lleva a la búsqueda de mas fondos en donde los reales del Fondo de Pensiones son probablemente la mayor cantidad estafada. Dentro de lo que llaman los expertos el Fondo de Liquidez de Corto Plazo, una especie de cuenta a la vista es decir de fácil convertibilidad en efectivo, se falsea indicando que han hecho préstamos a empresas Venezolanas, estima la oficina del fiscal unos 275 millones de dólares. Entonces la acción de Guillen como auditor independiente también asociado con una firma internacional de auditoría, elabora una carta en Enero de 2011 haciendo ver que esos préstamos son verdaderos y se le suministra a la US Securities and Exchange Commission (SEC). Guillen lo hace a cambio de recibir 1 millón de dólares por su firma en la carta, de los cuales se conoce se transfirieron 250 mil a una tercera parte a beneficio de Guillen. El juez de la causa Underhill, tiene previsto para el mes de Julio dictar sentencia a Guillen que tiene una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 2.5 millones de dólares. En la espera Guillen se encuentra bajo arresto domiciliario, luego de garantizar 1.35 millones de dólares en una fianza.
Cuando uno enlaza la amistad de Illaramendi con personeros del gobierno de Chávez, su trabajo como asesor de PDVSA en los temas de financiamiento , colocación de bonos, y captación de recursos para su manejo, la entrada de la firma de auditores en donde Guillen es socio relacionado del fondo como parte del esquema de la estafa y la participación en la toma de decisiones del Director Ejecutivo de Finanzas, nombrado por Rafael Ramírez y la junta directiva de PDVSA, el rol permisivo del auditor general de PDVSA para el momento de esta situación Jesús Villanueva, y el de su reemplazo Silvestre Molero como auditor. Con silencio cómplice, es lógico pensar que esta componenda es ejecutada en complicidad de todos y poco importan los dineros públicos, lo importante es la chequera personal.
Los jubilados en asamblea y así se lo han hecho saber a la AJIP que los representa quieren se denuncie penalmente a Eudomario Carruyo y a Jesús Villanueva ante la Fiscalía General de la Republica por malversación de fondos del fondo de Pensiones, se investigue al complicidad e Illaramendi, Juan Montes y Sanso, designando un fiscal para el caso.
PDVSA obligada a reponer el monto estafado al fondo, solo dice espera un informe de auditoría, (que jamás llega) y el propio Ramírez anuncio el 27 de Abril un aumento en la tarjeta de alimentación a los jubilados que tampoco se ha hecho efectivo, como para calmar los ánimos
Todo lo anterior, significa tomando como ejemplo Ramírez y su combo como parte de la gerencia publica de los recursos de todos los venezolanos, la mediocre, corrupta y hasta escandalosa forma de manejarlos. Si así se hace con el dinero de los jubilados como se hará con los demás recursos. La pregunta es; ¿Le entregaría usted 60.000 millones de Bs.F equivalentes a 15.000 mil millones de dólares para la construcción de viviendas a Ramírez a dedo como lo hizo Chávez?, o será que ambos bailan al mismo son.
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miércoles, 11 de mayo de 2011
jueves, 28 de abril de 2011
COMUNICADO DE GDELP y UNAPETROL SOBRE MOVIMIENTO DE FONDOS DE FIDEICOMISOS
27 de abril de 2011
De manera inconsulta
PDVSA TRANSFIERE FONDOS DE FIDEICOMISO DE EXTRABAJADORES
La Asociación Civil Gente del Petróleo y UNAPETROL informan a sus miembros y a la opinión pública en general que una vez más PDVSA haciendo uso abusivo de su poder, transfirió de manera inconsulta, el pasado 15 de abril, los fideicomisos de los trabajadores ilegalmente despedidos en el 2002 y 2003, desde el Banco Mercantil hacia el Banco de Venezuela. Los fondos de fideicomiso se encontraban depositados en los bancos comerciales de mayor solvencia financiera en el país, elegidos por el trabajador.
Resulta curioso que PDVSA, aprovechando el asueto de Semana Santa, ordene al Banco Mercantil la transferencia de los fondos del fideicomiso de los trabajadores despedidos a raíz del Paro Cívico de finales del 2002, que tenían compromiso firmado con esa entidad financiera. Estas personas además de recibir un mensaje de texto a sus celulares donde se les informaba que por instrucciones de PDVSA sus fondos de fideicomiso fueron transferidos al Banco de Venezuela, se les notificó también que el préstamo contra su fideicomiso había sido procesado exitosamente, sin que ellos hubiesen solicitado préstamo alguno. Al requerirse información al respecto al Banco de Venezuela o al Mercantil, las cuentas reflejan un saldo en cero y las entidades financieras no suministran más datos de los movimientos, alegando que requieren una autorización de PDVSA.
Por lo anteriormente expresado Gente del Petróleo y Unapetrol, en representación de los afectados por esta medida, rechaza los movimientos no autorizados y notifica que no se ha hecho ninguna solicitud de préstamo y por tanto desconocemos cualquier transacción que se haga sobre nuestros fondos.
Consideramos que el banco FIDUCIARIO que administra el Fideicomiso de los trabajadores de PDVSA, es responsable de cumplir con el contrato y si hace un uso inadecuado o no autorizado de los fondos, estará obligado a resarcir los daños causados a los trabajadores.
El Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo establece en una de sus partes que “…La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un fondo de prestaciones de antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará interés según las opciones previstas en la Ley ”.
Al respecto recordamos que PDVSA no ha cancelado las prestaciones sociales, el fondo de ahorros y fondo de jubilaciones a los trabajadores que reclamaron su reenganche y no cedieron a las presiones mediante las cuales las nuevas autoridades pretendían la renuncia y admisión de hechos que justificaban el despido por parte de PDVSA.
Sorprende que una institución financiera de la tradición y prestigio del Banco Mercantil, haya realizado este procedimiento cuando la Ley del Trabajo establece claramente que el contrato del fideicomiso es exclusivamente entre el trabajador y el banco comercial.
En consecuencia nos reservamos nuestro derecho a ejecutar las acciones legales que consideremos pertinentes en contra PDVSA y las instituciones financieras que hayan violado nuestros derechos laborales una vez que nuestros abogados hayan analizado rigurosamente el caso.
Lamentamos profundamente que PDVSA una empresa que en el pasado se caracterizó por su apego a las leyes, ahora no solo se le identifica como una empresa operativamente mal manejada, sino que hace uso o permite el uso de los bienes de sus trabajadores con fines desconocidos, como es el caso reciente del desfalco realizado al Fondo de Jubilaciones bajo la mirada complaciente de su actual directiva, hecho al que ahora se suma el manejo poco transparente de las prestaciones sociales.
Ante la posibilidad que esta situación se extienda a otras entidades bancarias, alertamos a nuestros asociados a solicitar información sobre el estatus de sus fideicomisos, así como mantener al tanto a Gente del Petróleo y a Unapetrol de cualquier irregularidad que observen sobre el manejo de sus fondos.
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