Los expulsados

Eddie Ramirez

Todas las dictaduras han expulsado de la administración pública, de las empresas del Estado y de las filas castrenses a quienes no se han doblegado. Durante el período civil 1958- 1998 también se cometieron algunas injusticias, pero más para disponer de un “cargo de confianza” y favorecer a un compañerito de partido, que para sancionar al desplazado por tener otra filiación política.

Pérez Jiménez expulsó de las Fuerzas Armadas a numerosos oficiales que al caer la dictadura fueron reincorporados por Larrazabal y Edgar Sanabria. Los más jóvenes o quienes tenían el curso de Estado Mayor siguieron la carrera militar y algunos llegaron a ocupar altos cargos. Las Fuerzas Armadas aceptaron estas reincorporaciones, aunque no faltaron críticas a los “reencauchados”. Otro grupo fue reincorporado, ascendido al grado inmediato y pasado nuevamente a retiro previa compensaciones laborales. Ocurrieron casos similares de profesores expulsados y luego reincorporados con todos sus derechos. El punto a destacar es que el Estado venezolano reconoció y compensó los atropellos del dictador.

A Henrique Capriles le corresponderá decidir sobre los miles de ciudadanos que fueron expulsados de la administración pública por haber firmado la solicitud de referendo al mandato presidencial; también aquellos que por razones ideológicas fueron despedidos, así como los que se sumaron a huelgas y los militares que fueron pasados a retiro por haber desobedecido órdenes de atropellar a los ciudadanos o por no declararse “socialistas, revolucionarios y chavistas”. Esta es una deuda del Estado que el nuevo gobierno deberá honrar. Desde luego que es un tema que hay que abordar con prudencia y por etapas.

Los oficiales de alta graduación ya no regresarán a la Fuerza Armada, pero hay que reconocerles su jubilación, cuando se les haya negado, y otros derechos laborales. Los oficiales subalternos deberían tener la opción de regresar o de pasar a retiro con el grado superior. En cuanto a los trabajadores despedidos ilegalmente de las empresas y organismos del Estado, lo procedente es reengancharlos y reconocer los derechos laborales violados. Seguramente muchos ya cumplen con los requisitos de jubilación o están en otras actividades atractivas. En todo caso es imprescindible captar personal clave si queremos aumentar la producción de estas empresas. No es tarea fácil, pero hay un camino.

Como en botica: Felicitamos al Frente autónomo en defensa del empleo, el salario y el sindicato (Fadess), por la exitosa jornada Juicio Laboral al Gobierno, con denuncias concretas de atropellos a los trabajadores. Mientras el lenguatón dice que aumentará la producción petrolera, Rafael Ramírez predica reducción en el seno de la OPEP. Los asesinatos de ciudadanos comunes, de policías y de presos son responsabilidad directa de quien solo le preocupa su permanencia en el poder. ¡Bravo por Capriles, su mensaje e infatigable actividad !

¿COMANDANTE EN JEFE?

Alberto Quiros Corradi

El artículo 330 de la Constitución vigente no le permite al Presidente de la República, como militar activo, presentarse a la reelección. El lenguaje empleado es inequívoco y no se presta a una interpretación diferente: “Las o los integrantes de la Fuerza Armada nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular…”.


El propio presidente insistió en cambiar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada mediante decreto Nro. 8096 del 21 de marzo 2011 para incluir un artículo Nro. 6 modificado que ahora lee así: “El presidente o presidenta de la república tiene el grado militar de Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana… tiene bajo su mando y dirección la comandancia en jefe, integrada por un estado mayor y las autoridades que designe. Las insignias de grado y el estandarte de Comandante en Jefe serán establecidas en el reglamento respectivo” No hay, pues, duda alguna, el presidente Chávez es un militar activo. (El Art. 236 de la Constitución le otorga al Presidente la condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada pero no como un grado militar sino para establecer la subordinación del sector militar al poder civil)

Por otra parte, el Art. 230 de la Constitución se enmendó mediante el referendo celebrado el 15 de febrero de 2009 y en él se permite la reelección indefinida, es decir, cuantas veces el pueblo a través de elección popular así lo decida. Art. 230 “El periodo presidencial es de seis años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido”. Ahora bien, cuando Henrique Capriles gane las elecciones presidenciales el 07 de octubre, al asumir el cargo, en virtud del Art. 6 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, pasará a ser el Comandante en Jefe de esta con grado de militar activo. Seis años después, si aspirara a la reelección, tal como se lo permite la Constitución, no podría ser candidato porque se lo impediría el Art. 330, ya citado. Visto así, pareciera que hay un conflicto entre dos artículos de la Constitución, uno que le permite la reelección al incumbente de la presidencia y otro que le prohíbe ser candidato si es militar activo.

Veamos el problema desde otro ángulo. Si un militar activo no puede optar a un cargo de elección popular (la presidencia de la república) entonces por definición un militar activo no puede ejercer la presidencia (¿cómo puede ser presidente si no puede ser candidato?) Y el Presidente viola la Constitución cada vez que se pone el uniforme y actúa como militar activo obligando a los oficiales de la Fuerza Armada a que finjan ser sus subordinados dentro de un rango militar jerárquico.

En consecuencia, el Presidente no puede usurpar el grado de Comandante en Jefe definido como tal en el Art. 6 de la ley mencionada, porque se lo prohíbe el Art. 330 de la Constitución.

Aunque, como hemos dicho, parece haber un conflicto entre dos artículos de la Constitución: el 230 que le da derecho al Presidente a la reelección y el 330 que le prohíbe ser candidato a un militar activo, en realidad, fue Chávez quien creó la contradicción al aplicarle el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada a la presidencia de la República para satisfacer su ego militarista y es, ahora, obligación del Tribunal Supremo de Justicia declarar inconstitucional a ese artículo.

En resumen, Chávez podría ser candidato, si se anula el Art.6, lo que no puede ser es militar activo y Presidente.

Por un país de ciudadanos, libre para siempre de la bota militar

Gustavo Coronel

 

 

 

 

Mi país se encuentra asfixiado entre la desidia de las masas y la cobardía y traición de los parásitos de la fuerza armada. Mi deseo más ferviente es que, algún día, el sol de su mañana ilumine una nación de ciudadanos, donde el ejército haya desaparecido.

Las dos tragedias de Venezuela son, en el fondo, una sola: la escasez de ciudadanos y la existencia de una fuerza armada históricamente parasitaria y opresora.

. Millones de venezolanos configuran estadísticas de población pero no pueden llamarse ciudadanos. De algunos pasados gobiernos, democráticos pero demagogos, han aprendido que tienen derechos pero no deberes, que el estado velará por ellos. Del déspota actual han aprendido a odiar a sus compatriotas que poseen educación, vivienda y trabajo. Ese déspota les ha dicho que los “oligarcas” le han quitado lo que les pertenecía.

Mientras no se implante en el país una política de estado de educación ciudadana que le enseñe a los venezolanos, desde niños, a comportarse como ciudadanos en lugar de disfrazarlos de guerrilleros y malandros encapuchados, el país seguirá agobiado por esa inmensa carga de seres dependientes de las limosnas del estado, incapaces de labrarse su propio destino.

Por su parte la fuerza armada venezolana, desde Cipriano Castro, Gómez y Pérez Jiménez hasta Chávez, ha sido un instrumento de represión ciudadana, una aliada de los tiranos, un organismo parasitario e inútil que no le presta servicio efectivo alguno a la nación. Hemos podido ver este pasado 4 de febrero como un "general" de esa fuerza armada, que le cuesta miles de millones de dólares a Venezuela, se ha manifestado groseramente como brazo armado de un régimen despótico, con el silencio cómplice de la soldadesca. Esa soldadesca prefiere marchar pintorreatada como prostitutas de pueblo, portando medallería de hojalata, manejando defectuosamente costosos juguetes bélicos mal mantenidos y adquiridos bajo el manto de las comisiones, gritando consignas traidoras, arrodillados frente a un líder pseudo-nerónico. Todo antes de cumplir con su deber de velar por la constitución y las leyes y defender nuestra libertad.

Venezuela no podrá salir del pantano de la mediocridad mientras no logre transformar a sus masas en ciudadanos y mientras no elimine ese foco de corrupción y gastos inútiles que es la fuerza armada. Un país civilizado no debe permitir una fuerza armada al servicio de una dictadura, así como no puede tolerar un tribunal supremo de justicia cuyos magistrados, como coristas de burdel, cantan en público: “uh, ah, Chávez no se va”. La aceptación pasiva de estos desmanes nos hace cómplices y, francamentenos rebaja al nivel de los países más atrasados del planeta.

PLAN NACIONAL IX

Alberto Quiros Corradi

Hoy hablaremos sobre la Fuerza Armada (FAN). Empecemos por la historia. No ha habido ni hay en Venezuela una subordinación total del poder militar al poder civil. El siglo XIX fue rico en asonadas militares y en el siglo XX Castro triunfó por las armas y Juan Vicente Gómez lo sustituyó con el apoyo del ejército. Luego en 1945 se destituyó al General Medina Angarita por un golpe cívico militar y en 1948 las mismas armas defenestraron al experimento de Betancourt. La aparente subordinación del poder militar al poder civil se interrumpió por varios intentos de golpe durante el periodo de Betancourt (1959-1964) hasta que en 1992 la paz interna sufrió un shock con la asonada de Chávez.

Muchos atribuyen ese intento de golpe a una crisis económica-social. La verdad es que fue una crisis política-militar y lo trágico fue que demostró que en Venezuela algunas asonadas militares, aun fracasando, triunfan. Allí está Chávez 18 años después, con 12 años en el poder para demostrarlo. Hoy, la situación es mucho peor que la de los años de la democracia (1959-1990) Ahora no se trata de una falta de subordinación del poder militar al civil. No hay poder civil, el régimen es militar y los ciudadanos se preguntan ¿cómo se sale de un gobierno militar que aparentemente controla al poder castrense y las armas y que quiere perpetuarse en el poder? En el tránsito de un gobierno civil a uno militar este régimen ha cambiado el perfil de la FAN así: La subordinó a los intereses de un solo hombre. Promovió la corrupción moral y material de la oficialidad para asegurar lealtades.

Pretende cambiar la división política del territorio nacional para adecuarlo a los fines de la “revolución”, estableciendo autoridades militares sobre las civiles. La politizó y utilizó con fines proselitistas. Creó cuerpos de reserva y milicias como fuerzas paralelas a la institución y se adjudicó el rango militar de Comandante en Jefe dentro de la jerarquía castrense. Ante un cambio de gobierno sugiero: devolverle a la FAN las atribuciones y objetivos descritos en la Constitución vigente. Crear la figura del coordinador del Estado Mayor Conjunto como cabeza visible del sector militar en lo técnico. Restituir la división de la FAN entre sus componentes. Nombrar un civil como ministro de la Defensa con viceministros civiles para las diferentes fuerzas. Prohibir el ejercicio de cargos públicos civiles a militares en servicio activo. Salvo en casos de extrema gravedad no utilizar a la FAN para restituir el orden público interno. Rescatar su misión como defensores de la integridad física de la Nación. I

mponer un sistema de promociones meritocráticas. Por último, el problema de la no subordinación del poder militar al poder civil hay que resolverlo mediante dos enfoques simultáneos: 1. Educar desde la escuela a los niños y desde la Academia Militar a los cadetes sobre la autoridad del poder civil ante el poder castrense. Desmontar el mito de que toda nuestra gesta de independencia se debió a héroes militares y rescatar a los héroes civiles. Todos los golpes de estado que han sucedido deben ser condenados. Hecho lo anterior, tenemos que construir un país sin pobreza, sin exclusión, sin hambre, con seguridad social amplia y solidaria y pleno empleo. Por un lado la educación y por el otro la eliminación de la excusa para obligar a los militares a enterrar la noción de que pueden “arreglar esto”. Ni pueden ni han podido pero, “por si acaso”, no permitamos que racionalicen el uso de los cañones.

¡No más de lo mismo!