TRABAJO DIGNO

Alberto Quiros Corradi

En un anterior artículo sobre la Ley del Trabajo, publicado antes de conocer su nueva versión, dejé claro que esa Ley, hoy modificada, no se aplicaba sino a un sector muy pequeño de la fuerza laboral. En efecto, casi la mitad de los trabajadores está en lo economía informal y no están cubiertos. De la mitad de empleo formal más de un 30% son empleados públicos a quienes este gobierno le ha negado los derechos de la contratación colectiva y no le pagan ni sus prestaciones sociales, ni sus bonos y otros derechos. Para todo efecto práctico no están cubiertos. Del número restante un porcentaje de pequeñas empresas y emprendedores no pueden, por razones económicas, cumplir con todas las disposiciones de la Ley, además los dueños y los trabajadores establecen sus propias condiciones. Quedan, pues, las grandes y medianas empresas que a duras penas podrán cumplir con las nuevas condiciones impuestas, que se verán como “justas”, pero que en realidad obedecen a un capítulo más del gran objetivo de la revolución: acabar con el sector productivo privado del país.


Un régimen como el actual, que se jacta de su interés por los pobres y excluidos no debería promulgar otra ley del trabajo que sólo cubre a quienes requieren menos protección del Estado. Lo que Venezuela necesita es creación de empleo y aumento de la productividad del trabajador. En los últimos años la falta de inversión, las confiscaciones, la inseguridad jurídica y una política económica/social errática que pretende sustituir con subsidios la ausencia de oportunidades para que los ciudadanos generen ingresos por su trabajo, ha resultado en desempleo, subempleo, aumento de la informalidad y una drástica caída en la productividad per cápita del venezolano.

Capriles ha hecho mucho énfasis en dos aspectos: la creación de nuevos puestos de trabajo y la promulgación de una ley que reglamente a las Misiones.

En cuanto a la creación de empleo, el candidato debe entender que si el trabajo no es productivo no habrá masificación del empleo ni crecimiento económico, lo cual generará una nueva espiral de desempleo. Me temo que hay también un problema de actitud. Si observamos las numerosas entrevistas que se le han hecho a ciudadanos por televisión en las cuales se les pregunta qué considerarían un empleo digno, la respuesta siempre es más o menos la misma: que pague bien, seguridad social, buen ambiente de trabajo y oportunidades de progreso. Pero a nadie le he oído decir que le gustaría que su trabajo fuese productivo y que contribuyera al crecimiento y progreso de la empresa. El concepto de recibir sin dar está muy arraigado en el país. Lo cual me lleva a las Misiones. El ideal nacional debería ser que las Misiones fuesen innecesarias porque el país alcanzó el pleno empleo. Ofrecer una ley para legitimarlas tiene dos desventajas. Una, que pareciera que la oposición piensa que las Misiones han sido exitosas cuando las pocas que se han evaluado resultan ser costosas, ineficientes y excluyentes. La otra diera la impresión de que el objetivo fuese el de congelar en el tiempo lo que debe sustituirse cuanto antes por trabajo productivo. Entendemos que el candidato intente neutralizar la estrategia oficial de “asustar” a los ciudadanos convenciéndolos de que perderán “beneficios” que hoy reciben pero, parte de la campaña opositora, debe incluir también una dosis de pedagogía política. Sólo quiero alertar sobre la inconveniencia de hacer, por razones electorales, algunas ofertas que puedan poner en tela de juicio la sinceridad de todas las demás.

LA LEY DEL TRABAJO

Alberto Quiros Corradi

Distinguidos dirigentes sindicales han afirmado que, salvo la Constitución, la Ley del Trabajo, es el instrumento legal más importante de nuestra sociedad. Depende. No dudo que esta ley que tiene más de 600 artículos y que regula todo lo regulable en las relaciones obrero-patronales sería muy importante si, uno, regulara las actividades laborales de todos y dos, sus disposiciones se cumplieran en forma estricta tanto por trabajadores como por patronos. Me temo que ni lo uno ni lo otro. Veamos.

Según el censo reciente la población venezolana es de unos 28 millones. El 66,6% son personas entre 15 y 64 años (aptas para el trabajo), es decir, 18.5 millones. De estas alrededor de 13 millones constituyen la fuerza laboral. Casi la mitad está en el mercado informal y no se rigen por la Ley del Trabajo. En la otra mitad, están las grandes y medianas empresas y los trabajadores del sector público que, aunque cubiertos por sus disposiciones, tienen contratos colectivos que superan las obligaciones de la Ley. Los trabajadores de las pequeñas empresas y del campo, por lo general, aceptan condiciones inferiores a las establecidas en la ley.

¿Quiénes se benefician de la Ley del Trabajo? Muy pocos de verdad. Por otra parte, sus disposiciones más avanzadas por lo general no se cumplen y este régimen ha batido todos los records de violaciones a la Ley. No paga las prestaciones sociales completas y ya ha acumulado una deuda tal que ni el petróleo podrá pagarla. No cumple, por lo general, con disposiciones como cesta tickets y guarderías infantiles. No negocia los contratos colectivos y niega derechos sindicales y los fondos anunciados por el presidente para cancelar lo debido serán una nueva frustración y otra confiscación.

Tenemos la paradoja de una Ley del Trabajo que ofrece mucho y un salario mínimo que no alcanza ni para cubrir el costo de la cesta alimentaria. La Ley es como la Constitución, una lista de buenos deseos y de ofertas incumplibles. Ahora, el régimen amenaza con una nueva ley que aumentará las ofertas y empeorará el problema de una legislación que, como la actual, sólo beneficia a muy pocos trabajadores.

El capital nacional y extranjero, en un mundo globalizado, prefiere invertir en sociedades que administran las relaciones obrero-patronales en forma moderna y realista. Con frecuencia, en los países industrializados la Ley establece el piso mínimo que todo patrono debe y puede cumplir. De allí en adelante, la contratación colectiva y los acuerdos personales establecen las condiciones entre las partes. Como en Venezuela el trabajador es todavía la parte más débil el piso mínimo de la Ley debe incluir algunas condiciones que en sociedades más modernas serían innecesarias: fórmulas para un salario mínimo adecuado, vacaciones, permiso pre y postnatal, pago por sobre tiempo y días feriados, jornada de trabajo, contribución del patrón y de los trabajadores a la seguridad social, estabilidad en el trabajo, razones para el despido, prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral, no discriminación en el empleo.

Dicho lo anterior, en Venezuela lo que se requiere es la creación de nuevos puestos de trabajo. Inversión pública y privada. Un clima de confianza y un gobierno democrático que respete al capital y al sector privado.

Cuando todos tengamos empleo, quizás, necesitemos una nueva ley del trabajo. Aunque, pensándolo bien, si hay pleno empleo será porque el capital y el trabajo ya se habrán puesto de acuerdo.

Y “eso” es más importante que cualquier ley.

VACACIONES

Alberto Quiroz Corradi

Para Tiziana Polesel

La ley del Trabajo, la medicina moderna y el sentido común obligan a las personas a tomar vacaciones anuales de una sola vez o fraccionadas. Por eso es injusto que algunos critiquen que los políticos y líderes civiles se tomen una merecidas vacaciones con sus hijos durante el asueto escolar. Lo triste es que quienes vapulean a los “vacacionistas” lo hacen desde Miami o Macuto donde ellos se están divirtiendo. Son los mismos que durante el resto del año, mientras los criticados están haciendo su labor política, están instalados cómodamente mirando los toros desde la barrera. Muchas de las críticas a las vacaciones se generaron porque se creyó que el régimen durante estos meses aprovechó algunas ausencias del liderazgo político/civil para promulgar leyes como la de Educación. Igual lo hubieran hecho. Por cierto, que en lugar de perder tiempo en cuestionamientos improductivos todos deberíamos estar protestando con una sola voz y analizando, sin descartar a priori, acciones como la de intentar un Referendo Abrogatorio o una modificación de la Ley, que ambas opciones están abiertas. Si el CNE y el TSJ no las permiten los partidos políticos y las organizaciones civiles pudieran organizar una consulta nacional para demostrar el grado de rechazo popular que tiene esta Ley.

Sobre esto escribiré próximamente. Otra acción tomada por el gobierno durante las vacaciones fue la renovación del pleito con Colombia, ahora con amenazas de guerra. Esto es lo que los norteamericanos llaman “Kite/flying”. Volar un papagayo para que todos miremos hacia arriba mientras nos destrozan abajo. El caso Colombia no pasa de ser una maniobra distractiva. No hay guerra posible si la ciudadanía no está dispuesta a inmolarse y en nuestro caso estamos muy lejos de querer eso. La Ley de Educación y el caso Colombia no son sino variaciones de un mismo tema. Porque como lo he afirmado por varios años ni la educación ni la propiedad privada ni los derechos humanos pueden subsistir como los conocemos hoy dentro del régimen comunista que aspira imponer el presidente Chávez. Por eso, toda protesta sectorial tiene que insertarse dentro de un objetivo mayor: salir de este régimen. Ese objetivo no se logrará si los partidos políticos reunidos en la Mesa Democrática no abren el juego político para incluir en el esfuerzo unitario a todas las fuerzas opositoras: Universidades, sindicatos, empresarios, colegios profesionales, ONG, entre otros, reunidos en una gran Asamblea Democrática con un Directorio Ejecutivo (la Mesa actual ampliada) que tome las decisiones del día a día.

Tampoco hay que perder el tiempo en la inútil discusión sobre una tarjeta electoral única para las elecciones municipales y parlamentarias. Eso es antinatura y peor aún, innecesario. Si se logran candidaturas únicas (unitarias) no importa cuántas tarjetas las apoyen, la sumatoria de todas ellas le dará los mismos votos al candidato que la tarjeta única y los partidos y organizaciones electorales mantendrán su identidad y contarán sus votos. Uno de nuestros mayores defectos como sociedad es que no sabemos descartar a tiempo lo que no es viable. Lo criticable no es, pues, salir de vacaciones. Lo cuestionable es perder tiempo útil en discutir lo innecesario y mantener posiciones obsoletas. Para finalizar, le recomiendo al Presidente que se tome unas vacaciones para darles a los venezolanos un merecido descanso. Aunque hay quienes dicen que el problema es que vive permanentemente en vacaciones y que lo que se requiere es que gobierne. ¡Dios nos libre!