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lunes, 31 de diciembre de 2012

Venezuela desplazó a Argentina con 29 solicitudes de arbitraje internacional en su contra


Andres Rojas

Argentina figuró hasta el año 2011 como el país con la mayor cantidad de solicitudes de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Al cierre de 2012, el puesto lo ocupa Venezuela. 
Este año, justo cuando cesó la membresía ante el Ciadi, el número de reclamos que afronta Venezuela llegó a 29, mientras que Argentina suma 25. Adicionalmente, los datos del organismo del Banco Mundial colocan a Petróleos de Venezuela como la empresa a escala global con la cifra más alta de demandas por violar las cláusulas de contratos con firmas extranjeras. 
El equipo jurídico de Pdvsa está a cargo de nueve reclamos introducidos en el Ciadi entre 2007 y 2012, asociados principalmente a los procesos de estatización o expropiación en el sector petrolero, ordenados por el gobierno del presidente Hugo Chávez a través de la compañía.
Los casos más emblemáticos y sobre los cuales la petrolera pudiera afrontar los montos más importantes por concepto de indemnización en caso de que pierda, fueron emprendidos hace cinco años por las estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Phillips con base en la expropiación de sus inversiones en Venezuela, principalmente en las asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco.
Hay otros cinco casos vinculados a la decisión del Gobierno en 2009, cuando estatizó los servicios que prestaban contratistas de Pdvsa como los presentados por las compañías Tidewater, Universal Compression, Opic Karimun, Williams, y de manera individual el ejercido por Hortensia Margarit Shortt, que funge como accionista minoritaria de una compañía de servicios marítimos en el lago de Maracaibo. Y se añade el reclamo de los antiguos propietarios de Industrias Venoco por la expropiación de las empresas del grupo, y el de la cementera suiza Holcim, toda vez que el caso de las expropiaciones del sector fue asumido por la petrolera.
En las seis restantes también hay injerencia de Pdvsa porque incluyen demandas en el sector minero y la extracción de oro, actividades absorbidas por el Ministerio de Petróleo y Minería, al quitárselas al otrora despacho de Industrias Básicas.

La espera
En Pdvsa existe la expectativa de que en breve plazo el Ciadi emita un fallo por el reclamo de Exxon Mobil. Incluso, no se descarta que pueda producirse una decisión en lo que queda de 2012 o principios de 2013, como ocurrió a comienzos de este año, cuando se conoció la sentencia de la Cámara de Comercio Internacional.
En el último dictamen si bien resultó contrario a Pdvsa, el monto de indemnización nunca alcanzó las cantidades que la empresa norteamericana ha intentado congelar de cuentas bancarias de la petrolera en el exterior, que han estado alrededor de 12 millardos de dólares.
El equipo legal venezolano asume que posiblemente el Ciadi tome una decisión que la obligue a indemnizar a Exxon, pero con una cifra que por un lado reconozca las inversiones realizadas pero también las obligaciones por el dinero que la firma estadounidense habría dejado de pagar en Venezuela.

América Latina, la región de los incumplimientos

El hecho de que Venezuela y Argentina figuren como los países con más demandas ante el Ciadi coloca a América Latina como la región que más incumple los contratos con inversionistas extranjeros.
De un total de 168 demandas pendientes por sentencia, Latinoamérica suma 78, es decir, 46,4% de las que esperan un dictamen. Sin embargo, en la lista también figura Perú, con 9 solicitudes; Guatemala y Ecuador, con 3 en cada caso; Bolivia, El Salvador, México y Paraguay, 2 reclamos cada uno; y Costa Rica y Uruguay con uno.
Los países africanos tienen 24 demandas, de las cuales Egipto encabeza la lista con 8. Las naciones asiáticas se anotan 30, pero el liderazgo se lo lleva Turkmenistán, con 5. 
Los europeos tienen 27 demandas. Hungría y Rumania presentan la mayor cantidad, cada uno llega a 5 demandas. 

sábado, 3 de julio de 2010

Análisis Reuters: Pdvsa amenazada por multimillonarios fallos arbitrales


Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins, archivo

La petrolera venezolana PDVSA, que ya se encuentra en una débil situación financiera por su pesada deuda y las crecientes exigencias del Gobierno, podría sufrir aun más por multimillonarios arbitrajes internacionales en puertas y pagos pendientes por la estatización de empresas.
El presidente Hugo Chávez ha nacionalizado en los últimos años desde pequeños comercios hasta grandes proyectos petroleros, dejando una estela de juicios que no se detiene.
Actualmente hay 11 reclamos activos contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi), del Banco Mundial, que involucran más de 43.500 millones de dólares en pedidos de compensación.
Pdvsa hasta ahora no ha compensando a casi ninguna de las más de 220 empresas que ha expropiado.
De ese total, 40.000 millones corresponden a los casos Exxon Mobil y Conoco Phillips, que fueron presentados en el 2007.
Ambos reclamos han avanzado en el Ciadi. La de Exxon con una decisión parcial sobre la jurisdicción y la de Conoco con una extensa audiencia en La Haya, lo que acorta los tiempos hacia una resolución final en sendos casos.
Según Juan Carlos Vargas, profesor de derecho internacional de la Universidad Central de Venezuela, la experiencia indica que esos casos se extienden por unos dos o tres años, por lo que el fallo podría llegar pronto.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) sostiene ante sus socios en el exterior que tiene voluntad de pagar si así lo deciden los arbitrajes. Pero hasta ahora no ha compensando a casi ninguna de las más de 220 empresas que ha expropiado.
Ante el enorme peso de los reclamos, muchos se preguntan si Venezuela acataría los fallos.
“Venezuela tiene que cumplir el fallo arbitral (…) Si no lo hace estaría violando el derecho internacional, poniendo en riesgo sus activos externos y la inversión extranjera”, agregó Vargas.
Chávez ha amenazado varias veces con retirar al país del Ciadi, en medio de la resistencia de naciones vecinas como Bolivia y Ecuador a acatar ciertas decisiones de ese tribunal.
Vargas recordó que Venezuela ya ha desconocido algunas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PAGAR O NO PAGAR

Aunque el precio del petróleo venezolano se ha mantenido este año unos 13 dólares por encima del promedio del año pasado, PDVSA continúa incrementando sus pasivos.
En junio suscribió un crédito sindicado por 1.500 millones de dólares, pocos días después de que una de sus filiales, Citgo, captara deuda del mercado por 2.100 millones.
Analistas calculan que la deuda financiera de la estatal sería de unos 24.000 millones de dólares y que las cuentas por pagar a proveedores superarían los 5.000 millones de dólares.
El 16 de junio el Ciadi admitió un nuevo arbitraje contra Venezuela, introducido por OPIC, una de las filiales de la estatal taiwanesa CPC Corp.
“Una decisión en contra de PDVSA no es una buena noticia para el país, pero todo dependerá del nivel de compensación que las cortes decidan”, dijo Luisa Palacios, de Medley Global Advisors en Nueva York.
Por su parte, Vargas advirtió que “el tribunal puede concluir que no procede la indemnización si no hubo violación a los tratados de protección de inversiones”.
La mayoría de esos tratados no niega la posibilidad de una expropiación, pero estipula que debe ser justa y el pago debe hacerse en forma oportuna y adecuada, lo que pone en tela de juicio la metodología seguida por Venezuela.
Para cubrirse las espaldas en el futuro, PDVSA evita ahora incluir cláusulas arbitrales en los contratos.

Y SIGUEN LLEGANDO

El 16 de junio el Ciadi admitió un nuevo arbitraje contra Venezuela, introducido por OPIC, una de las filiales de la estatal taiwanesa CPC Corp.
El abogado George Kahale, socio de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle en Nueva York, que ha asesorado a Venezuela en algunas disputas relativas a nacionalizaciones, dijo a Reuters que también estará al frente del caso OPIC.
“Creemos que la posición legal de la República en todos estos casos está bien fundamentada tanto en los hechos como en la ley”, dijo.
El de OPIC es el tercer proceso arbitral que involucra al país sudamericano este año, tras los reclamos de las estadounidenses Tidewater y Exterran.
Pese al inquietante escenario, Venezuela sigue nacionalizando desde decenas de empresas de servicios hasta taladros y se muestra confiada frente a las onerosas demandas.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo el mes pasado que “los 30.000 millones de dólares son una fantasía de Conoco. Nuestros cálculos no tienen que ver con eso”.

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