Cesar
Batiz (Últimas Noticias)
Para los expertos eléctricos que conforman el Grupo Ricardo Zuloaga la
emergencia eléctrica fue provocada para realizar negocios
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El 8 de febrero de 2010 el presidente Hugo Chávez declaró la
emergencia eléctrica. El Niño y sus consecuencias en la sequía del Guri, el
rezago en la construcción de plantas de generación, y un consumo de energía
casi al borde de la disponibilidad de megavatios, perfilaron las condiciones
de una crisis que desde el año 2001 anunciaba su advenimiento. Ese decreto de
emergencia del segundo mes de 2010 permitió la compra de equipos y
contratación de obras sin que mediaran todas las disposiciones de la Ley de
Licitaciones.
Para los expertos eléctricos que conforman el Grupo Ricardo Zuloaga (Miguel Lara, José Aguilar y Víctor Poleo, entre otros) la emergencia eléctrica fue provocada para realizar negocios. El alto ejecutivo de una empresa contratista del sector contó a ÚN en septiembre de 2011, que desde octubre de 2009 se conocía que venía el decreto de emergencia para acelerar las compras y contrataciones y tratar de evitar así un apagón nacional. Para ese octubre, una empresa sin ninguna experiencia en el sector eléctrico se acreditó el primero de tos 12 contratos que recibiria para construir plantas eléctricas. Derwick Associates obtuvo de la Electricidad de Caracas cinco proyectos más, mientras el presidente de la compañía estatal era Javier Alvarado, persona de confianza del presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Precisamente la petrolera y CVG firmaron con Derwick otros seis proyectos, como contó ÚN el 7 de agosto de 2011. El 20 febrero de 2010, Derwick, KCT Cumaná y Ovarb recibieron de Bariven órdenes de compra por parte de Bariven por $767 millones con un sobreprecio de $403 millones, tal como lo público ÚN el 18 de septiembre de 2011. Ambos reportajes generaron angustias a sus actores principales. Por un lado la joven empresa, que nunca quiso responder preguntas formales de parte de ÚN, trató de mitigar los daños al contratar a un asesor que les ayudara con la crisis. Notas de columnistas intentaron desmentir el trabajo del redactor. Después de la publicación del segundo reportaje, un supuesto empresario de las telecomunicaciones intentó sobornar con una oferta de trabajo y 600 mil bolívares. Tras ser conminado a revelar quién lo había mandado con la propuesta, dio el nombre de un empresario radicado en Miami. Los intentos de ir más allá han chocado con la estructura del Estado. En septiembre de 2011, el director de ÚN, Eleazar Díaz Rangel, solicitó a la Contraloría una investigación. A la fecha se desconoce si ha habido resultados de un proceso de por si lento. A la Fiscalía General de la República se le pidió información sobre si había abierto algún proceso en contra de Alvarado (hoy presidente de Bariven) y el directivo de Derwick, Leopoldo Alejandro Betancourt López. La respuesta nunca llegó. Por otra parte, la Sala Contencioso Administrativa del TSJ rechazó una solicitud para que obligara a Pdvsa a dar información sobre los contratos eléctricos. El caso ahora está en la Sala Constitucional. Mientras las autoridades guardan silencio, el equipo de Betancourt López ha intentado limpiar su prestigio en la web, al crear miles de páginas basura con el nombre del dueño de Derwick y un bufete de abogados de EEUU amenaza con demandar a todos los blogueros que tengan una nota sobre él y su primo Pedro Trebau. Incluso, en Florida accionaron contra el banquero Oscar García Mendoza, dueño del Banco Venezolano de Crédito, porque supuestamente se encuentra tras la autoría de la página wikianticorrupcion.org, acusación que el financiero niega rotundamente. El Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación (Colpin) otorgó una mención honorífica a los reportajes sobre estas trampas eléctricas montadas en medio de la emergencia, en tanto las autoridades venezolanas parecen no ver en las sombras del sin luz las irregularidades denunciadas. |
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