Es inconstitucional el registro militar

Comunicado de Control Ciudadano por la entrada en vigor de las sanciones en 15 días de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar

06/10/10

Caracas.

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional advierte al país y sus instituciones el carácter inconstitucional de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar publicada en Gaceta Oficial N° 5.933 Extraordinario del 21 de octubre de 2009, cuyos plazos de registro obligatorio entrarán en vigor en 15 días.

1.- La Ley de Conscripción y Alistamiento Militar aprobada hace 1 año por la Asamblea Nacional sin consulta y sin participación ciudadana, tal como entonces lo advertimos, establece el deber para todos los venezolanos y venezolanas entre los 18 y 60 años de edad de inscribirse y cumplir el servicio militar necesario para la defensa del país, violando con esta disposición el artículo 134 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece para los ciudadanos la posibilidad de elegir, entre prestar el servicio civil o el servicio militar a la Nación.

2.- La Ley de Conscripción y Alistamiento Militar al establecer el carácter obligatorio del registro militar y convertir automáticamente en “elegibles” y “aptos” para ser formados como combatientes individuales en la defensa integral de la Nación a todos los venezolanos entre los 18 y 60 años de edad, salvo que presenten puntuales impedimentos previstos en el artículo 64 de la ley, incurre en el desconocimiento del derecho que tenemos los venezolanos por objeción de conciencia a no ser considerados combatientes.

3.- Control Ciudadano se permite recordar que la única institución que tiene atribuida constitucionalmente la defensa militar de la Nación es la Fuerza Armada Nacional (Artículo 328); por tanto los venezolanos y venezolanas individualmente, no podemos ser obligados a la defensa militar de la Nación.

4.- Control reitera que los dos únicos registros autorizados por la Constitución en Venezuela a extenderse de manera generalizada a todos los ciudadanos del país, son: El registro civil y el registro electoral, con lo cual el registro militar obligatorio pasa a ser un mecanismo de carácter coercitivo y sancionatorio que para el caso de no realizarse por los ciudadanos, suspende el pleno goce de derechos humanos de manera arbitraria e inconstitucional, al establecer restricciones al trabajo, a la educación, a la circulación y tránsito y al desempeño de cargos públicos para los venezolanos.

5.- Finalmente, hacemos un llamado a las universidades, estudiantes, padres, madres, tutores, profesores, maestros, empresarios y trabajadores del país en general a sumarse al rechazo de esta ley que viola derechos constitucionales de los venezolanos; y exige un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre el particular dadas las competencias que materia de protección de Derechos Humanos tiene asignadas en la Constitución; de lo contrario será necesario adelantar los recursos de nulidad correspondientes e incluso de amparo constitucional.

Caracas, 06 de octubre de 2010.

Rocío San Miguel

Presidente

Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

LA GENTE DEL PETROLEO ANTE LAS VIOLACIONES A LA CONSTITUCION

Las reiteradas y evidentes violaciones a la Constitución por parte del gobierno nacional ameritan una respuesta pertinente por parte de la sociedad democrática venezolana. Necesariamente, esta respuesta debe ser elaborada conjuntamente por los sectores políticos, sociales y económicos que integran la vida nacional.

Hasta el presente ha sido evidente que algunos dirigentes políticos se han opuesto a integrar una plataforma común que elabore una oferta al país alternativa a ese adefesio denominado Socialismo Siglo XXI, que diseñe una estrategia que marque el camino a seguir para restablecer la Constitución y que planifique las acciones a emprender. Llegó el momento de colocar a un lado las excusas derivadas de planes personales o de grupos. El país democrático no perdonará que en momentos críticos como el que vivimos, la dirigencia no esté a la altura de las circunstancias y no logre concretar un acuerdo de unidad.

Gente del Petróleo se une a la demanda expresada por muchos de crear de una Plataforma Democrática, Frente Patriótico, Frente de Defensa de la Constitución o como quiera llamarse que enfrente los abusos del régimen. Al respecto hacemos la siguiente sugerencia:

1-Un FRENTE amplio integrado por todos los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y personalidades opuestos a las violaciones a la Constitución.

2- Una DIRECCIÓN POLÍTICA integrada por los partidos que cuentan con representantes en la Asamblea Nacional, en Gobernaciones o en Alcaldías (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, COPEI, Primero Justicia, PODEMOS y Proyecto Venezuela), por un representante de las ONG, un representante del Movimiento Estudiantil; por Antonio Ledezma, como enlace con los partidos no representados y por Pompeyo Márquez, quien es respetado por todos y ha sido un constante luchador por la unidad. Esta Dirección Política seleccionaría un Secretario Ejecutivo y vocero principal.

3- Un COMITÉ ASESOR integrado por personalidades políticas y por independientes que representen el sentir de los diferentes puntos de vista de los venezolanos. 4- COMISIONES DE TRABAJO tales como relaciones internacionales, economía, finanzas, planificación, medios de comunicación, etc.

En relación a los últimos acontecimientos, Gente del Petróleo rechaza la abominable sentencia política en contra de Simonovis, Vivas, Forero, Erasmo Bolívar, Luís Molina, Julio Rodríguez, Arube Salazar y Marcos Hurtado, quienes fueron condenados a penas máximas sin que hubiese ni una sola evidencia que los involucrara en la masacre del 11 de abril. Evidentemente, estas sentencias lo que pretenden es intentar cambiar la historia para exculpar al teniente coronel Hugo Chávez, autor intelectual de esos sucesos.

Rechazamos las violaciones a la Constitución con las acciones emprendidas para eliminar la descentralización y restarle competencias a gobernadores y alcaldes de la oposición. Estamos de acuerdo en que se investigue la gestión administrativa de los funcionarios públicos, pero rechazamos las violaciones del derecho a la debida defensa del alcalde Manuel Rosales y del general Baduel, así como las persecuciones y vejaciones de que han sido objeto. Solicitamos se investigue el cobarde atentado en contra del ex diputado Julio Montoya, quien ha hecho valientes denuncias de corrupción. Igualmente alertamos sobre las nuevas persecuciones en contra del Gobernador Capriles y los intentos de anular las elecciones en el Táchira. Por último, una vez más, denunciamos el grave deterioro de nuestra industria petrolera y la corrupción que impera en la misma.